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De Las Patronas a los padres de los 43: las restricciones a la sociedad civil organizada
Es tiempo de revisar conceptos que resultan insuficientes para el desarrollo de la sociedad civil organizada y poner límites a aquellas organizaciones que sirven intereses político-partidistas o gubernamentales.
Por Dejemos de Hacernos Pendejos
25 de febrero, 2016
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Por: Miguel de la Vega (@mig_delavega)

La Ley de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), promulgada en febrero 2004, buscó definir qué tipo de organizaciones serían sujetas de apoyos y estímulos públicos, así como sujetas de derechos de importancia estratégica para el desarrollo y alcance de las mismas. Si bien con limitaciones, la ley fue un avance sumamente relevante para dotar al sector social de un marco normativo. No obstante, poco más de una década después, en mi opinión resulta un marco anacrónico que merece ser reformado. Me refiero en este texto a uno de los puntos que es punto de partida para la inclusión en el goce de derechos: El concepto de OSC.

Una organización es un acuerdo entre personas para perseguir un objetivo común de interés público. Legalmente existen tres criterios: ser instituciones no lucrativas, no realizar proselitismo religioso ni perseguir objetivos político-partidistas.

¿Ser no lucrativa implica carecer de ingresos? Las empresas lucrativas tienen como su principal objetivo la generación de una utilidad, misma que reparten entre sus socios o invierten en la propia empresa para incrementar su patrimonio. La única limitante que tienen las OSC es la prohibición expresa de, en caso de existir un remanente (que es como se le conoce a los recursos excedentes) este tendrá que ser invertido en la organización y no podra ser distribuido entre sus asociados. En ningún momento la ley limita a las organizaciones no lucrativas a percibir ingresos, ya sea en forma de donativos, subsidios públicos o inclusive ingresos autogenerados. De hecho la generación de un remanente debería considearse como parte de su responsabilidad ya que de esta depende la sustentabilidad de los programas y servicios de las organizaciones y su permanencia en el largo plazo.

Para el caso de actividades de proselitismo religioso o político partidista. La primera limitante es bastante clara, basta añadir que no implica que la organización pueda tener una inspiración espiritual. Las actividades propiamente religiosas tienen su propio marco normativo.

La parte política se refiere expresamente a las actividades de proselitismo electoral. Las mismas no deberían ser confundidas con actividades políticas, en el sentido de participación en el diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas o bien, como lo marca la Ley, el derecho a integrarse en los órganos de participación y consulta o de contraloría ciudadana.

Si bien estos criterios definen un amplio marco general de organizaciones desafortunadamente aún no excluye a aquellas que debería excluir ni incluye a las que deberían estar incluidas.

La autonomía es un principio que define a las OSC de acuerdo a estándares internacionales. La independencia de las organizaciones de cualquier otra y en particular de las instituciones de la administración pública. Por lo tanto, no pueden ser consideradas como organizaciones civiles aquellas instituciones que, a pesar de gozar de la figura de Asociación Civil, pertenecen a la estructura gubernamental o están conformadas por funcionarios públicos. La propia naturaleza de las OSC es privada-pública. Organizaciones privadas con fines públicos. Por lo tanto no es aceptable que existan organizaciones que carecen de dicha autonomía, con los mismos derechos que las organizaciones ciudadanas. No lo es porque abre la puerta a la discrecionalidad en la distribución de recursos públicos.

Por otro lado, en la actualidad de acuerdo a la Ley de Fomento, las grandes excluidas son las organizaciones que no cuentan con existencia legal. El artículo 9° constitucional garantiza la libertad de asociación, para lo cual solo requiere que las actividades sean lícitas. El ejercicio de este derecho humano no está condicionado a la conformación de una figura legal específica. Esta disposición restringe los derechos contenidos en la Ley de Fomento para aquellas personas que gozan de libertad de asociación pero pueden tener obstáculos para hacerlo por carecer de ciudadanía (como es el caso de los migrantes extranjeros), no cuentan con recursos para cubrir costos notariales o simplemente no desean constituir legamente su organización.

Son muchos los grupos no constituidos en México que tienen una participación en la atención de problemas sociales diversos y la defensa de derechos, no solo por condiciones socioeconómicas. Resulta inadmisible privar de derechos a organizaciones como Las Patronas, mujeres voluntarias asociadas en torno a la solidaridad con migrantes centroamericanos; lo mismo aplica para movimientos sociales como el encabezado por los padres de los 43 estudiantes asesinados de Ayotzinapa y su lucha contra la impunidad o el movimiento encabezado por Javier Sicilia que culiminó con la promulgación de la Ley de Víctimas.

En 2016 se cumplen 12 años de la Ley de Fomento. Es tiempo de revisar conceptos que resultan insuficientes para el desarrollo de la sociedad civil organizada y poner límites a aquellas organizaciones que sirven intereses político-partidistas o gubernamentales, pero también, es necesario eliminar las restricciones para aquellas personas que, con o sin figura legal de por medio, deciden participar en la construcción del bien común, inclusive, como es el caso de activistas en la defensa de derechos, a costa del riesgo de su propia vida. La libertad de asociación es un derecho humano que requiere de otros derechos para garantizar su efectivo ejercicio. Con este objetivo es que deberíamos construir la nueva visión del nuevo marco normativo para la sociedad civil organizada.

 

@DHPMexico

 

La única restricción, para las donatarias autorizadas, es a los ingresos percibidos por actividades no relacionadas con su objeto social por los cuales deberían pagar impuestos si representan más del 10% a partir de 2018.

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