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Delitos aspiracionales
Datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) sugieren que las personas en situación de pobreza no son necesariamente quienes delinquen. Lo hacen quienes tienen aspiraciones para alcanzar las metas de consumo establecidas por la sociedad, pero que tienen desventajas comparativas para materializarlas.
Por Dejemos de Hacernos Pendejos
19 de noviembre, 2013
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Por: Paola Zavala Saeb (@PAOLASAEB)

La inclusión social depende mucho de qué tienes, de qué marca es tu ropa, de qué año es tu coche y demás interesantísimas cosas. La capacidad de consumir es un factor clave en la percepción de la condición social: si no tienes es porque no puedes y si no puedes pues no encajas, así que a buscar ofertas y a pagar a  meses. En una sociedad “wanna be” como la nuestra,  las expectativas de consumo evidencian las profundas inequidades sociales y  aumentan la violencia.

Según datos de la OCDE los mexicanos trabajamos más horas al año y el salario mínimo no supera los $2,000 al mes. Los empleos mal pagados perpetúan las condiciones de desigualdad, no satisfacen las aspiraciones de consumo  y el delito se ofrece como una opción para alcanzarlas.

En la relación empleo–delito, el Informe Regional de Desarrollo para América Latina 2013–2014 del  Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)  reporta un dato revelador por si pensábamos que los delincuentes no trabajan: el 85.9% de los internos en  las cárceles de México trabajaban al mismo tiempo que delinquían y de ellos el 48.3% comenzaron a trabajar antes de los 15 años pero sus trabajos eran inestables y ganaban poco.

Para el PNUD, el “delito aspiracional” tiene una explicación multidimensional en la que inciden la precariedad del empleo, la inequidad persistente y la insuficiente movilidad social que limitan las posibilidades legítimas de ascenso social. Los datos del informe sugieren que las personas en situación de pobreza no son necesariamente quienes delinquen, sino que lo hacen quienes tienen aspiraciones para alcanzar las metas de consumo establecidas por la sociedad, pero que tienen desventajas comparativas para materializarlas.

El  informe estima que en el último año el 15% de la población en México fue víctima de robo y sólo el 30% de los robos fueron cometidos sin violencia. El dato se agrava si tomamos en cuenta que la gran mayoría de los delitos no se denuncian.

En un país tan desigual como México, frenar este tipo de delitos va mucho más allá de la tarea de policías y ministerios públicos. Nos corresponde a todos en cierta medida y  tiene que ver el bajarle a nuestro elitismo y modificar los valores que tenemos como sociedad; también tiene que ver con las condiciones de trabajo y los salarios que deciden pagar los patrones. Desde luego, las decisiones políticas que se tomen para disminuir la inequidad son también fundamentales para disminuir los delitos aspiracionales y en este sentido vamos como los cangrejos.

Apenas el sábado, en el  foro internacional “Políticas Públicas de Empleo y Protección Social”, Enrique Peña Nieto declaraba que este año hubo un incremento de 475 mil 750 trabajadores en el sector formal, respecto al mismo mes en 2012, y  que “la causa no fue una mejora en la economía (evidentemente), sino un resultado de la reforma laboral”. Lo que el señor Presidente no dijo es que  con la reforma laboral “el sector formal” incluye las contrataciones por hora y el outsourcing así que anuncia como avance un retroceso: más empleos mal pagados e inestables.

 

*Paola Zavala Saeb es integrante de *DHP,  abogada, especialista en derechos humanos. Ha publicado anteriormente artículos de opinión para El Universal y Nexos en línea. Ha realizado trabajos de consultoría e investigación para ONU- DH, GDF, CIDE, SCJN, TEPJF y el INMUJERES

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