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El chanfle de las candidaturas independientes
¿Quiénes tienen, de botepronto, la capacidad de cumplir fácilmente con los requisitos para registrarse como candidatos indpendientes? Se me ocurren dos tipos de personas: gente con influencia en estructuras corporativas que puedan ejercer mecanismos clientelares, o gente cercana a los partidos políticos que decidan ser muy buenos ciudadanos y lanzarse por la libre. Los de siempre están jugando a que permiten que otros jueguen.
Por Dejemos de Hacernos Pendejos
22 de octubre, 2014
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Por: Mercurio Cadena

 

Partido político es la locura de muchos en beneficio de unos pocos”.

Alexander Pope.

 

Las candidaturas independientes fueron vendidas por nuestros legisladores como la clara muestra de disposición política a la apertura del régimen; más y mejor representatividad, generada por y para todos. La idea de ciudadanos que lleguen a sus puestos mediante mecanismos ajenos a las dinámicas cupulares a las que nos tienen tan acostumbrados los partidos políticos, es por demás seductora. Nada mal para una estrategia de mercadeo. El asunto clave es cómo traducir esas buenas intenciones en herramientas electorales.

Para que estas figuras cumplan con las aspiraciones de representatividad que enarbolan, requieren de un cuidadoso diseño institucional que evite que se vuelvan nuevas y amañadas herramientas para los políticos de siempre, o peor: mecanismos de fácil acceso al despilfarro de recursos públicos; práctica harto practicada por varios jaques holgazanes que suelen deambular por nuestra política nacional.

Sin embargo, bien dicen en Güemes, Tamaulipas, que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, o mejor: es muy fácil usar el argumento de la operatividad para esconder un nuevo arranque de simulación política. El miedo no anda en burro, y por eso los representantes en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal crearon candidaturas independientes con requisitos dignos de las más profundas y copiosas estructuras partidistas.

De todos los requisitos exigidos, el más pesado es el de apoyo popular, cuyo medio de acreditación es un conjunto de firmas que equivalga al dos por ciento de la lista nominal del distrito en el que se competirá, distribuido en por lo menos el treinta y cinco por ciento de las delegaciones o distritos electorales, para la elección de Jefe de Gobierno, o de las secciones electorales de la demarcación o distrito correspondiente, en las elecciones de Jefe Delegacional o diputado a la Asamblea Legislativa.

Tomemos, a modo de ejemplo, la elección uninominal de un representante a la Asamblea Legislativa. El distrito XVI, ubicado en Benito Juárez, tenía en 2012 un total de 168,406 ciudadanos, cuyo dos por ciento asciende a 3369 personas, aproximadamente. Esta es la cantidad de firmas que hubiera sido necesaria en 2012 para que un aspirante a candidato independiente, con las reglas jurídicas actuales, adquiriera su registro y compitiera en la campaña.

Hasta aquí, la carga parece ser bastante razonable. Sin embargo, el apartado A del artículo 244 Ter del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal, al definir las bases generales para la recabación de las firmas, establece entre otros elementos que el periodo para el procedimiento de obtención del apoyo popular mediante firmas será el mismo que aquél en el que se lleven a cabo las precampañas o procesos de selección interna de los candidatos de los partidos políticos. Es decir: el periodo de recabación de firmas de aspirantes a candidaturas independientes será el mismo que el periodo de precampañas de partidos políticos.

Esta equiparación es la fórmula mágica para una conveniente incertidumbre jurídica en contra de los candidatos independientes, pues no existe un periodo definido de precampañas. De hecho, los partidos políticos son los que definen las reglas de sus procedimientos internos, con sólo tres limitantes en ley: 1) Entregar la convocatoria a la autoridad electoral para los procesos internos de selección de candidatos a más tardar el 19 de diciembre del año anterior a la elección; 2) que los procesos duren como máximo 40 días en el caso de precampañas para candidatos a Jefe de Gobierno y 30 días para diputados y Jefes Delegacionales, y 3) que las precampañas no se extiendan más allá del 18 de febrero del año de la elección.

Así, los aspirantes a candidatos independientes y a diputaciones locales sólo saben que el periodo en el que podrán recabar firmas deberá ser entre el 19 de diciembre del año anterior a la elección y el 18 de febrero del año de elección; y que podrá durar, cuando mucho y dependiendo de la santa voluntad de los partidos políticos y de la autoridad electoral, 30 días.

Hay que agregar, por pura sutileza, que a las firmas, que tendrán determinado formato obligatorio, se les deberá anexar copia de la credencial de elector del ciudadano que decida aportar su apoyo.

Tenemos, pues, un requisito que exige que en quién sabe cuantos días (máximo 30, para diputados locales), un ciudadano y su equipo, sin las prebendas financieras de los partidos, recabe 3,369 firmas en un formato predeterminado y con copia de la credencial de elector de cada una de las personas que se aviente a brindar apoyos populares. Una tarea digna de las más eficientes estructuras partidistas; solo que sin la estructura.

La incertidumbre jurídica se extiende, pues la regulación del uso de recursos públicos y privados, así como de los medios de comunicación en el periodo de recabación de firmas, se deja para convocatorias posteriores a emitir por la autoridad electoral.

El dinero público debe cuidarse y gastarse de manera responsable. Esto puede lograrse, por ejemplo, con mecanismos de rendición de cuentas y transparencia eficientes, y con una delimitación adecuada de los requisitos para acceder a estas prebendas. Sin embargo, cerrar demasiado el acceso a estas figuras a través de requisitos con tendencia corporativista es, en el fondo, abrir una arena electoral tendenciosa, que tiene por un lado a los políticos tradicionales peleando con guantes cargados, y por el otro a los ciudadanos no partidistas con meras vendas en los puños.

¿Quiénes tienen, de botepronto, la capacidad de cumplir fácilmente con este requisito? Se me ocurren dos tipos de personas: gente con influencia en estructuras corporativas que puedan ejercer mecanismos clientelares; o gente cercana a los partidos políticos que decidan ser muy buenos ciudadanos y lanzarse por la libre. Los de siempre están jugando a que permiten que otros jueguen. No dudo que habrá muchos esfuerzos auténticos de ciudadanos preocupados por desplazar de la toma de decisiones públicas a los filibusteros que tanto daño le han hecho a nuestra ciudad y a nuestro país. A estas personas les tocará ir cuesta arriba en la carrera, y a los electores nos tocará saberlos distinguir de los políticos de siempre, sean de partidos o “independientes”, que no harán más que dar atole con el dedo electoral.

Lo anterior aborda únicamente los problemas generales para la obtención del registro como candidato independiente. En artículos posteriores hablaré sobre los problemas que existen durante la campaña, la jornada electoral y en el periodo posterior al día de la elección, sobre todo en cuanto a recursos financieros y medios de comunicación.

 

 

Lo anterior conforme al artículo 244 Ter del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal.

Artículos 224, 225 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal.

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