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El futuro (in)cierto de la Suprema Corte de Justicia
Los criterios establecidos en la Constitución no aseguran por sí mismos la idoneidad del perfil para integrar la SCJN. En una democracia constitucional la división de poderes funciona no sólo como contrapeso, sino como un mecanismo de autorregulación de los propios poderes públicos. Sin embargo, las designaciones se han convertido en botín de negociación entre las fuerzas políticas.
Por Dejemos de Hacernos Pendejos
10 de marzo, 2015
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Por: Simón Hernández León (@simonhdezleon)

 

“El poder público es el que debe ser controlado por la opinión de los ciudadanos, y no al contrario”.

Juez Robert Jackson

 

En 2015 tres personas renovarán la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). La semana pasada iniciaron las comparecencias ante la Cámara de Senadores. El relevo definirá las siguientes décadas de la justicia constitucional en el país. El momento político de la designación pasa por mal momento: el estado de derecho se ha visto erosionado y el orden institucional atraviesa una crisis de legitimidad.

Según el mecanismo previsto en la Constitución las ternas son propuestas por el titular del Poder Ejecutivo y aprobadas por el Senado. Si después de dos ternas la Cámara no ha definido a un Ministro o Ministra, el Presidente nombra directamente a la persona que se integrará por quince años a la Corte. Este año Enrique Peña Nieto propondrá hasta nueve distintas personas con el propósito de ocupar tres lugares en la SCJN.

La Constitución establece que el nombramiento debe recaer “preferentemente” en “personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia o que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica”. La redacción permite un margen de discrecionalidad amplio al Presidente y al Senado. La Constitución sólo es orientadora, la “preferencia” no es obligación y la postulación y nombramiento pueden recaer en una persona que no cumpla con este perfil, como es el caso de Eduardo Medina Mora.

El sistema político ha operado por décadas como un régimen corporativo y vertical sobre la base de una estructura monolítica con alta concentración de poder en la Presidencia, que ha operado como facultades amplias, “metaconstitucionales”, en la fórmula del jurista Jorge Carpizo: desde designación del candidato presidencial o remoción de gobernadores en el pasado, hasta una importante injerencia en los organismos constitucionales autónomos en el presente. Por ello, este factor de realismo político permite ver la complejidad de la designación.

Los criterios establecidos en la Constitución no aseguran por sí mismos la idoneidad del perfil para integrar la SCJN. En una democracia constitucional la división de poderes funciona no sólo como contrapeso, sino como un mecanismo de autorregulación de los propios poderes públicos. Sin embargo, las designaciones se han convertido en botín de negociación entre las fuerzas políticas. La permanencia de esta gobernabilidad se ha dado en detrimento de los intereses sociales: organismos como el INE, el IFAI o la SCJN terminan siendo rehenes de los márgenes de negociación y de las cuotas de partidos sobre la base de los intereses de grupo y no los de la ciudadanía.

El caso de la SCJN es paradójico en la relación democracia y poder político. Podría pensarse que al no integrarse “democráticamente” por la vía del sufragio electoral no es un poder democrático; sin embargo, la Corte está diseñada no sólo para asegurar la supremacía de la Constitución y la distribución de las competencias, sino de manera fundamental, para evitar el ejercicio arbitrario del poder político y garantizar el sistema democrático. El Poder Judicial es un importante contrapeso sólo si opera de forma activa frente al Legislativo y Ejecutivo y emplea su poder constitucional como factor de equilibrio frente a las actividades del Estado, de ahí su función de control político.

Una cuarta parte de la SCJN será renovada en el sexenio de Peña Nieto, este momento debe generar reflexiones y cambios en la forma en que uno de los poderes del Estado es integrado y asegurar que las personas que conformen la Corte asuman un compromiso no con el poder político que los designa, sino con la sociedad y la vigencia del sistema democrático para quienes deberán trabajar.

* Simón Hernández León es defensor de derechos humanos.

 

@DHPMexico

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