Por: Paola Zavala Saeb (@PAOLASAEB)

Hoy el  IFE amanece sin cinco de sus nueve consejeros porque los legisladores no hacen su chamba. La responsabilidad de elegir a los consejeros que han de sustituir a los salientes se diluye entre 500 diputados y diputadas que sólo saben decir: “es que no hay acuerdo”, “está atorado en Comisiones”.   ¡Es  el PAN! ¡Es el PRI! ¡Es el PRD! Y así, como en Fuente Ovejuna, los legisladores violan la ley y no hay sanciones ni responsables.

No es la primera vez. Entre 2010 y 2011, el IFE funcionó sin tres de sus consejeros por más de un año porque en la Cámara no se podían poner de acuerdo. Al final, después de 14 meses empantanados en su negligencia, los diputados nombraron de manera ilegal a los tres consejeros saltándose el  proceso establecido en la Constitución.

Y a nadie le cuadra. Los legisladores hacen leyes para que nosotros las cumplamos, mientras ellos violan a cada rato la Constitución y no pasa ¡nada! Incluso  el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación requirió desde mayo a la Cámara de Diputados para que designara de “manera inmediata”  al consejero que habría de sustituir a Sergio García Ramírez. Sobra decir que los legisladores ignoraron olímpicamente al Tribunal sin ninguna consecuencia. El poder no limita efectivamente al poder.

Para ello,  se tendría que modificar la Constitución, eliminar el fuero y  establecer  sanciones para los legisladores. El problema es que una reforma así necesita pasar, desde luego, por la aprobación de estos mismos diputados, que difícilmente aceptarán ponerse la soga al cuello y  disponerse a  trabajar y a cumplir sin distinciones con la ley.

El  proceso de elección de los Consejeros del IFE es la más reciente demostración de que los legisladores y sus partidos están más concentrados en nombrar personas que los mantengan en el poder que en garantizar elecciones libres y auténticas.

La legitimidad de las elecciones depende de la certeza que tengamos los ciudadanos sobre la imparcialidad de quienes vigilan a los partidos en el proceso electoral  y esta certeza definitivamente no puede obtenerse mediante los actuales métodos que utilizan los diputados para nombrar a los consejeros.

La  autonomía  del Instituto depende de que el  acceso a estos cargos no esté condicionado al visto bueno de los legisladores y sus partidos sino que sea resultado de un proceso verdaderamente abierto y transparente de participación ciudadana. Pero para ello, también necesitamos que los legisladores se pongan la soga al cuello y se decidan a ser honestos.

*Paola Zavala Saeb es integrante de *DHP,  abogada, especialista en derechos humanos. Ha publicado anteriormente artículos de opinión para El Universal y Nexos en línea. Ha realizado trabajos de consultoría e investigación para ONU- DH, GDF, CIDE, SCJN, TEPJF y el INMUJERES.