Por: Paola Zavala Saeb

El “Peñagate” puede generar primeras planas, mucha indignación social, movilizaciones en las calles, cajas y cajas que llegan al Tribunal Electoral con demandas;  puede juntar en una misma rueda de prensa a líderes de izquierda y derecha, generará probablemente multas millonarias al PRI (que pagaremos con nuestros impuestos), si nos ponemos muy optimistas tal vez alguien vaya a dar a la cárcel (desde luego no será Peña Nieto) y, ya puestos a soñar, podría generar la cancelación del registro del PRI, pero lo que no generará será la nulidad de la elección.

Para ganar un pleito jurídico hay que atender a tres razones: tener el derecho, saberlo pedir y que te lo quieran dar. En ningún artículo del Código Federal de Instituciones y Procedimiento Electorales (COFIPE) dice que rebasar los topes de campaña pueda originar  la anulación de la elección. Y eso no es responsabilidad del Tribunal Electoral, sino de los legisladores de todos los partidos, incluidos los que ahora piden que se aplique una sanción que no está contemplada en la ley. La inviabilidad de la anulación de la elección es algo así como una cucharada de su propio chocolate.

Somos muchos los ciudadanos que pensamos que el cochinero visto en esta elección debería de tener como consecuencia legal su anulación, pero pedir que el Tribunal Electoral aplique una sanción que no existe en la ley es peligrosísimo e incongruente. Va contra los principios de igualdad y seguridad jurídica que garantizan el ejercicio de derechos y la convivencia pacífica. Los políticos de todas las corrientes conocen las reglas porque ellos las hicieron. Convocar a la movilización social con consignas que saben que son inviables es jugar con los sentimientos de la nación.

Los partidos de izquierda y derecha deben de hacerse cargo y modificar el COFIPE. Juntos tendrán amplia mayoría en el Congreso para hacer las reformas sin la ayuda del PRI. Pero hasta hoy, la mala noticia para  todos los que somos proanulistas es que no tenemos el derecho a que se anule la elección. No tenemos ese derecho, pero sí tenemos otro y hay que saberlo pedir. El COFIPE establece que rebasar los topes de campaña puede, en casos graves, originar la cancelación del registro como partido político. ¿Por qué no es ésta la consigna?

Esto es lo que deben  pedir  los abogados de los partidos que están impugnando la elección. Que los tribunales les quieran dar la razón es otro tema, porque la condición es que sean “casos graves” y ahí es donde establecerán el criterio de lo que entenderán por “grave”. Hasta ahora, ni el “Pemexgate” ni “Los amigos de Fox” han merecido este calificativo para el Tribunal Electoral.

Si se tiene el derecho, se sabe pedir (con pruebas) y los magistrados no lo dan, el panorama será distinto. La izquierda y la derecha tendrán la oportunidad de reformar el COFIPE, no sólo para establecer la nulidad de la elección presidencial cuando se demuestre que se rebasaron los topes de campaña, sino para establecer lo que se entenderá por “casos graves” para eliminar el registro de los partidos. Eso sería asumir un compromiso serio con la  democracia en la ley  y no sólo en el discurso.