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La sutileza de obstaculizar la libertad de asociación
La capacidad ciudadana de asociarse es vista por algunos gobiernos como un riesgo por los principios mismos que se derivan de ella. Los gobiernos autoritarios no conviven bien con sociedades democráticas puesto que ciudadanos que se asocian son ciudadanos que se organizan, que defienden derechos.
Por Dejemos de Hacernos Pendejos
29 de septiembre, 2015
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Por: Miguel de la Vega (@mig_delavega)

El que un ciudadano pueda asociarse con otro para realizar cualquier fin lícito es un derecho humano, reconocido así internacionalmente y, en el caso de México, como derecho constitucional en el artículo 9°. Se reconoce así la posibilidad de que los ciudadanos actúen de manera conjunta para fines más allá que las actividades lucrativas o de gobierno. Para hacerlo, no se requiere de una figura legal. Establecer una asociación civil por ejemplo, es una alternativa mas no la única vía para ejercer este derecho humano. Basta con acordar con otros y ejecutar actividades para la realización de un objeto lícito de bien público.

Este derecho se considera un insumo importante para el desarrollo democrático de las sociedades, tal es así que la Organización de las Naciones Unidas estableció la oficina del Relator Especial para la Libertad de Asociación en 2011, bajo la Dirección de Maina Kai, quien definió siete principios para su promoción y protección. Para efectos de este artículo hemos dividido en tres ejes principales los principios los cuales a su vez se sustentan en otros que los traducen para la realización de sus fines.

Elaboración propia a partir de Interpretaciones Clave del Relator EspecialFecha de consulta 3 de agosto de 2015.

La capacidad ciudadana de asociarse es vista por algunos gobiernos como un riesgo por los principios mismos que se derivan de ella. Los gobiernos autoritarios no conviven bien con sociedades democráticas puesto que ciudadanos que se asocian son ciudadanos que se organizan, que defienden derechos y los ejercen en muchas ocasiones con el objetivo de limitar el abuso de las autoridades o de poderes fácticos por la protección del bien común.

Los autoritarios antidemocráticos tienen dos caminos para obstaculizar la libertad de asociación: el burdo y el sutil. Ambos representan un riesgo para los ciudadanos y una llamada de atención para la defensa de los intereses sociales.

El camino burdo lo conocemos bien y contamos con lamentables ejemplos a nivel federal y estatal. Se expresa a través de limitar la libertad de expresión con ataques o desacreditamientos. No existe la protección gubernamental a activistas en riego, por el contrario los gobiernos se convierten en una de las principales amenazas y en algunos casos ejecutores de crímenes entre los que se encuentran, robos, extorsiones, ataques y asesinatos. Esta vía resulta muy obvia y tarde o temprano en numerosos casos puede tornarse en contra de los perpetradores. Quizá no en todos con el imperativo de justicia que debería prevalecer en un país que se asume bajo el estado de derecho. Cuando no es así es la condena pública y la memoria histórica que bajo el “no se olvida” condena e inclusive a veces logra acabar con imágenes falsas y carreras políticas dañinas.

Las acciones sutiles son más difíciles de observar y han logrado convertirse en una cerca invisible que pretende reducir el margen de acción de la sociedad civil organizada. Estas acciones pueden constatarse en marcos legales restrictivos o trámites burocráticos que afectan directamente a las organizaciones. Imposibilidad de obtener financiamiento público, marcos fiscales que representan una carga financiera y administrativa. Espacios de participación en políticas públicas que sirven más como espacios de cooptación o validación que como genuinos ámbitos de participación. Desinformación o falta de transparencia en cuanto a acciones, recursos o resultados de programas gubernamentales.

La respuesta ante estas acciones contrarias al derecho a asociarse está justamente en el ejercicio de ese derecho para poder realizar acciones en un rango que va desde el diálogo y la propuesta hasta la presión y la demanda ciudadana.

Ante los graves hechos de represión al activismo suscitados en México en el último año, la obstrucción a otras libertades parecieran detalles menores ya que lo efectos a corto plazo son menos perceptibles. Sin embargo, dichos obstáculos pueden convertirse en uno de los principales riesgos para la sociedad civil puesto que al acotar su margen de acción reducen la posibilidad de su propia existencia, al grado que las regulaciones y políticas públicas sean el principal represor a la libertad de asociación.

La respuesta está en ejercer el derecho de asociación de manera más extendida, aprovechando la pluralidad como una de sus foralezas naturales para desarrollar y a la vez generar capacidades para contrarrestar regulaciones y políticas que pretendan limitar las libertades. Expertos legales, en comunicación, en políticas públicas y desarrollo de la sociedad civil son parte de los profesionales que el sector requiere con urgencia, por su importancia estratégica para asegurar un espacio seguro de participación permanente para la acción ciudadana que a su vez permita resguardar la frágil democracia. Esta es una de las causas más urgentes de la sociedad civil que nos ocupará a algunos, pero con espacio para todos, en los años por venir.

 

* Miguel de la Vega es Consultor OSC/ONG en Sustenta Ciudadanía Fortalece, Investiga, Incide.

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