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Ley de Movilidad: crónica de una inconstitucionalidad anunciada
Hasta el momento, el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social ha ganado nueve juicios de amparo en contra de la Ley de Movilidad del Distrito Federal, luego que los respectivos jueces resolvieran a favor de la libertad de expresión y el derecho a la protesta, de cara a las medidas restrictivas contenidas en dicha ley.
Por Dejemos de Hacernos Pendejos
31 de marzo, 2015
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Por: Erik E. Gutiérrez Muñoz (@MausterChief)

El pasado 23 de marzo, el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa emitió sentencia favorable a uno más de los juicios de amparo promovidos y gestionados por el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social en contra de los artículos 212, 213 y 214 de la Ley de Movilidad del Distrito Federal, en la cual se determinó una vez más la inconstitucionalidad de dichos artículos.

Hasta el momento, se trata del noveno juicio de amparo en el que el Frente obtiene una resolución a favor de la libertad de expresión y el derecho a la protesta, de cara a las medidas restrictivas contenidas en la Ley de Movilidad. Cabe destacar también que los jueces que se han pronunciado al respecto, lo han hecho con criterios sumamente vanguardistas y que incorporan altos estándares internacionales de derechos humanos en su razonamiento jurídico. Un sustancioso análisis de dichos posicionamientos puede consultarse aquí.

Como da cuenta el comunicado del Frente, la resolución del Juez Fernando Silva García no se queda atrás. En particular, se debe subrayar que no solo declaró inconstitucionales los artículos en pugna, sino que también otorgó el amparo para que “las fuerzas de seguridad no detengan arbitrariamente a los quejosos sin mandamiento judicial y sin cargos oficiales”. Éste punto es de vital relevancia, pues trae inmediatamente a la memoria los hechos del 20 de noviembre de 2014 en el Zócalo de la Ciudad de México, cuando 11 jóvenes fueron detenidos arbitrariamente y remitidos directamente la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, donde fueron acusados primero de terrorismo, después de crimen organizado y, sin habérseles permitido acceder a un abogado de su elección, esa misma noche fueron consignados a penales de máxima seguridad. La evidencia de la PGR para sustentar el caso fue una joya del derecho moderno: los detenidos pertenecían a una banda, “se decían compas”.

Las reacciones gubernamentales ante esta nueva sentencia no se dejaron esperar. Por un lado, José Ramón Amieva, Consejero Jurídico del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, anunció públicamente que el GDF impugnaría (de nuevo) la resolución. Amieva señaló también que sabía la existencia de “otros 5 amparos” que van en el mismo sentido. Aclaramos: no son 5, el Frente por la Libertad de Expresión interpuso 20 juicios de amparo que congregan a más de 14 mil quejosos.

Por su parte, Miguel Ángel Mancera declaró que los artículos que han sido señalados como inconstitucionales serán “reorientados y revisados por la Consejería Jurídica de la Ciudad”. Añadió también que previamente habían vislumbrado la posibilidad de “tener diferencias jurídicas” con respecto a los artículos 212 a 214 de la Ley de Movilidad. Cabe destacar que, como consta en la sentencia, tanto el Jefe de Gobierno como el Ministerio Público Federal interpusieron alegatos de improcedencia del amparo, los cuales fueron considerados como infundados por el Juez.

Pareciera que el GDF apunta a la estrategia recomendada ayer a la Asamblea Legislativa por parte de la Comisión de Derechos Humanos del DF: modificar el texto de la Ley de Movilidad, a fin de que las acciones de inconstitucionalidad —que también están pendientes en la Suprema Corte— queden sin materia. Por ende, lo mismo ocurriría con los amparos en trámite en juzgados federales. Actuar de ese modo impediría que la Corte se pronunciara y sentara precedentes sobre el tema de las denominadas “leyes anti-protesta” que se han presentado a lo largo del país desde el año 2013.

La posibilidad está dada y como tal, las previsiones de ese escenario están tomadas. No ha existido un mejor momento para librar la batalla por la defensa de la libertad de expresión, ni ha existido instante en la historia reciente del país, en el que emprenderla sea más necesario.

 

* Erik E. Gutiérrez Muñoz es integrante del Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social.

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