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Michoacán ¿borrón y cuenta nueva?
Imaginemos que un campesino michoacano, al que llamaré hipotéticamente Víctor, formaba parte de las autodefensas y portaba armas de uso exclusivo del ejército y está de acuerdo con enlistarse en “Cuerpos de Defensa Rurales”. ¿Qué pasa? ¿Borrón y cuenta nueva? ¿Nunca lo van a meter al bote por haber portado esas armas? ¿Cómo se lo garantizan?
Por Dejemos de Hacernos Pendejos
31 de enero, 2014
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Por: Paola Zavala Saeb (@PAOLASAEB)

La frase de Groucho Marx “Estos son mis principios, si no te gustan tengo otros”, es la máxima que ha aplicado el Gobierno Federal en su forma de intervenir en el conflicto en Michoacán. Primero vimos al Secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong, ser muy institucional y decir que el Estado Mexicano no justificaba “de ninguna manera” a las autodefensas  y que harían cumplir la ley “sin distingos”. Probablemente, el secretario de Gobernación pensó:  igual y es “chicle y pega” y las autodefensas entregan sus armas, se regresan a sus comunidades y ¡solucionado el conflicto!

No lo hicieron y “hacer cumplir la ley sin distingos” hubiera implicado meter al bote a todos aquellos que portaran armas de uso exclusivo del ejército, y eso evidentemente no lo iban a poder hacer, el costo político y social hubiera sido altísimo. Pero entonces,  ¿cómo justifica el Estado que se esté cometiendo un delito (portación de armas de uso exclusivo del ejército, por decir el más evidente) y no aplicar “todo el peso de la ley”?

La manera que encontraron  de hacerlo fue  justamente institucionalizar a las autodefensas.  Les vieron talentos militares y los acomodaron en la figura de “Cuerpos de Defensa Rurales”, y sin prejuzgar sobre el éxito que pueda tener esta  estrategia del Gobierno Federal para restablecer la paz en Michoacán, sí hay algo que salta a primera vista: el primer punto del  “Acuerdo de para integrar a las autodefensas a la vida institucional” dice que “los líderes de las autodefensas presentarán una lista con todos los nombres de sus integrantes, los cuales serán validados con la formación del expediente respectivo, controlado por la Secretaría de la Defensa Nacional”. ¿Qué certeza jurídica tienen los integrantes de las autodefensas de que una vez entregados sus nombres en las listas no serán encarcelados? El papelito no habla de eso y ante los constantes cambios de opinión que tiene el Gobierno respecto a las autodefensas, es una duda razonable.

Imaginemos que  un campesino michoacano, al que llamaré hipotéticamente Víctor, formaba parte de las autodefensas y portaba armas de uso exclusivo del ejército y está de acuerdo con enlistarse en “Cuerpos de Defensa Rurales”. ¿Qué pasa?   ¿Borrón y cuenta nueva? ¿Nunca lo van a meter al bote por haber portado esas armas? ¿Cómo se lo garantizan?

Y si  Víctor sigue desconfiando de la estrategia estatal, teme por su seguridad y no quiere entregar las armas ¿lo van a meter al bote? O si por el contrario, Víctor ya está tranquilo porque ¡al fin! el Estado está interviniendo en Michoacán y decide que prefiere ser limonero y no enlistarse en los “Cuerpos de Defensa Rurales” ¿qué garantías tiene de no ir a la cárcel por haber portado un arma cuando pertenecía a las autodefensas?

¿O si Víctor  lesionó/mató a alguien  durante la recuperación de los territorios michoacanos que realizaron las autodefensas ¿tampoco lo van a meter al bote?

Ya se les hizo bolas el engrudo. En toda su estrategia de institucionalización no hay claridad sobre cómo van a actuar jurídicamente con los integrantes de las autodefensas. Al gobierno federal le falta asumir su responsabilidad y reconocer abiertamente que las autodefensas actuaron en legítima defensa ante la total ausencia del Estado para garantizarles su vida, su integridad, sus pertenencias y su seguridad.

 

* Paola Zavala Saeb es integrante de *DHP,  abogada, especialista en derechos humanos. Ha publicado anteriormente artículos de opinión para El Universal y Nexos en línea. Ha realizado trabajos de consultoría e investigación para ONU- DH, GDF, CIDE, SCJN, TEPJF y el INMUJERES.

 

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