Por: Paola Zavala Saeb (@PAOLASAEB)

Es de carácter confidencial la información sobre la producción, beneficio y destino de los minerales, geología de los yacimientos y reservas del mineral, así como los estados económicos y contables de empresas mineras y metalúrgicas. No es broma, es ley, artículo 7, fracción IX, de la Ley Minera vigente. Legalizada la corrupción, luz verde para que los funcionarios públicos y  las empresas internacionales que tienen concesiones sobre las minas en México partan y no repartan.

Con todo y su confidencialidad, a ojo de buen cubero y con que uno sepa sumar, es evidente que las cuentas no cuadran. En Oaxaca, por ejemplo: las minas de  plata, cobre, hierro, carbón están en los municipios más pobres del país, que coincidentemente tienen alta población indígena; lo mismo pasa en las minas de Chiapas y Chihuahua.

El Informe sobre Desarrollo Humano de los Pueblos Indígenas en México, que publicó el Programa de las Naciones Unidas para el  Desarrollo en 2010, arroja un dato contundente: los municipios cuyo porcentaje de población indígena es bajo tienden a alcanzar mayores niveles de desarrollo humano, mientras que conforme aumenta la proporción de población indígena, dicho indicador disminuye. Más aún, el  informe muestra que la asignación del gasto público federal se ha focalizado hacia los municipios de población indígena con menor desarrollo humano. Sin embargo, no existe evidencia contundente de que estos recursos estén beneficiando a los indígenas.

No hay garantías de honestidad en México que nos permitan creer que si la reforma energética avanza, se traducirá en beneficios para alguien que no sea empresario o político. La mención que se hace en el pacto por México respecto a la nueva Ley Minera  propone que los recursos emanados de la producción minera se destinen en beneficio prioritariamente en los municipios donde se establezcan las explotaciones. Nada dice sobre consultar y obtener el consentimiento de los pueblos y comunidades indígenas, con libertad e información, antes de aprobar concesiones que afecten sus tierras, territorios y otros patrimonios naturales. Siguen pensando en políticas asistencialistas, enfocadas a reducir la pobreza, pero no  la desigualdad.

Tampoco se mencionan en el pacto por México intenciones de eliminar el carácter confidencial de la producción minera, entonces pues ¡ya estamos! Se repartirá        prioritariamente (lo que sea que esto signifique) el recurso de la producción minera (que ni si quiera sabemos de cuánto es) a los municipios (que no significa beneficiar a la población indígena).

En México hay 15 millones de indígenas que poseen alrededor de la quinta parte del territorio nacional, sin embargo la iniciativa sobre la ley de consulta previa lleva en la congeladora tres años, no es prioridad. Pareciera que el Presidente y los legisladores olvidan que una nueva Ley Minera que no contemple el derecho a la consulta, sería inconstitucional. A partir de 2011 los tratados internacionales en materia de derechos humanos tienen rango constitucional y el deber de informar y  consultar a los pueblos sobre proyectos que afecten sus tierras; es una obligación que México ha adquirido en diversos tratados internacionales.

Y para que el derecho a la consulta se pueda materializar hay dos condiciones fundamentales: 1) Expedir La ley General de Consulta que se apegue a los estándares internacionales de derechos humanos y cuente con la validación de los  pueblos y comunidades indígenas; y 2) Garantizar el derecho a la información cierta y oportuna, que en el caso de explotaciones mineras necesariamente implica transparencia en las cifras sobre la producción minera y los impactos ambientales.

La implementación eficaz del derecho a la información y a la consulta  cambia las reglas del juego, obliga al gobierno y a los empresarios a pasar del discurso filantrópico y asistencialista a la generación de oportunidades que permitan reducir la desigualdad, negociar en vez de imponer, a partir y repartir.

* Paola Zavala Saeb es integrante de *DHP,  abogada, especialista en derechos humanos. Ha publicado anteriormente artículos de opinión para El Universal y Nexos en línea. Ha realizado trabajos de consultoría e investigación para ONU- DH, GDF, CIDE, SCJN, TEPJF y el INMUJERES.