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Del dicho al hecho…
La manera más eficaz de evitar que personas que violentan mujeres accedan a cargos públicos es mediante la creación de mayores contextos de exigencia para los partidos políticos. Es responsabilidad de éstos, como entidades de interés público, conducirse conforme a principios democráticos y en rechazo a cualquier tipo de violencia, tanto en sus prácticas internas como en aquellas relativas a la competencia por el acceso al poder público.
Por Georgina de la Fuente
28 de mayo, 2021
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El pasado 26 de mayo, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) resolvió, de manera inédita, cancelar las candidaturas a diputaciones federales de tres personas, tras un complejo procedimiento de verificación sobre la veracidad de sus manifestaciones en el formato “3 de 3 contra la violencia”. Por primera vez, en el actual proceso electoral, se solicitó a las más de 6 mil candidaturas, además de la acreditación de los requisitos legales habituales, entregar una carta firmada de buena fe y bajo protesta de decir verdad de no haber sido condenadas o sancionadas por violencia política contra las mujeres en razón de género (VPG) para acceder a su registro ante la autoridad electoral y aparecer en las boletas el próximo 6 de junio. Adicionalmente, debieron entregar su “3 de 3 contra la violencia”, en el que manifestaron no haber sido condenadas o sancionadas mediante resolución firme por violencia familiar y/o doméstica, por delitos sexuales o como deudor alimentario moroso.

Si bien la medida promueve que quienes aspiren a un cargo público no incurran en estas conductas violentas que afectan desproporcionadamente a las mujeres, la autoridad electoral determinó que ésta resultaba insuficiente para tener mayores elementos de convicción sobre el cumplimiento de uno de los requisitos de elegibilidad para todas las candidaturas, que consiste en tener un modo honesto de vida. Por ello, decidió implementar un procedimiento mediante el cual verificó la veracidad de estas manifestaciones en dos vías.

Por un lado, se requirió información a 160 autoridades federales y locales penitenciarias, judiciales y/o de procuración de justicia, sobre una muestra representativa aleatoria de 1,177 candidaturas (822 hombres y 355 mujeres). Si bien 102 de éstas señalaron la inexistencia de hallazgos, 28 de ellas reportaron coincidencias de nombre entre registros en sus bases de datos y alguna de las candidaturas de esta muestra. En algunos casos, las propias respuestas confirmaron la inexistencia de una sentencia o resolución firme. En otros casos fue posible corroborar homonimias y nombres distintos. Pero en muchos otros, derivado a la falta de estandarización en los archivos de las autoridades consultadas e incluso la inexistencia de expedientes digitales, les fue imposible confirmar si sus registros correspondían a las candidaturas registradas; si se contaba con una sentencia o resolución firme, o siquiera el delito o tipo de procedimiento al que correspondía el registro. Las coincidencias de nombre fueron descartadas en el ejercicio de la garantía de audiencia de cada una de las candidaturas cuyo nombre coincidía con registros de las autoridades, y respecto de las que no se recibió suficiente información, resultando, así, en la inexistencia de hallazgos concluyentes respecto a las candidaturas que conformaron la muestra representativa aleatoria.

Por otro lado, se dio a conocer a la ciudadanía la realización de este procedimiento mediante desplegados en 38 medios impresos nacionales y locales. Asimismo, se publicó el listado completo de candidaturas en los estrados de las 332 oficinas del INE en todo el país, con la posibilidad de que cualquier persona que tuviera información contraria a lo manifestado por alguna de éstas, lo pudiera informar a la autoridad electoral para la realización de la investigación correspondiente. Así, el INE recibió escritos que aludieron a ocho candidaturas, respecto de las cuales se realizaron las diligencias que permitieron arribar a la conclusión de que tres candidaturas habían incurrido en falsedad de declaraciones, al tener sentencias firmes por VPG. Ello resultaría en el incumplimiento de dos requisitos de elegibilidad para ser diputado o diputada federal, que consisten en tener un modo honesto de vida y no haber sido condenado/a por este ilícito, ameritando, así, la cancelación de las tres candidaturas. Otros dos candidatos aludidos en escritos recibidos por el INE fueron sustituidos mientras el procedimiento de revisión se encontraba en implementación, los cuales se unieron a cuatro candidaturas más que formaron parte de la muestra representativa aleatoria y que fueron sustituidas tras darles a conocer los hallazgos presentados por las autoridades a los partidos políticos correspondientes, para que pudieran ejercer su garantía de audiencia. De esta manera, un total de seis candidaturas fueron sustituidas mientras el procedimiento se encontraba en curso, lo que pareciera indicar que éste pudo haber constituido un incentivo para que los partidos políticos procedieran a la sustitución de las candidaturas cuya probidad pudiera verse cuestionada.

Con la implementación de la medida “3 de 3 contra la violencia” y de este procedimiento de verificación, se puede concluir que éstas cumplieron con el objetivo establecido de elevar los estándares de la ética y la responsabilidad pública, al haber resultado en tres cancelaciones de candidaturas y con una posible incidencia para cambios en seis más. Sin embargo, sería pertinente realizar ajustes de cara a futuros procesos electorales. En primer lugar, se debe establecer el procedimiento de verificación y los tiempos para su implementación desde la aprobación de las reglas para el registro de candidaturas, que tradicionalmente se realiza en el mes de noviembre previo a la elección, de manera que los propios partidos políticos puedan implementar un mecanismo similar en sus procesos internos de selección de candidaturas. Asimismo, en virtud de la heterogeneidad de la información compartida por las autoridades locales, se deberá ponderar la pertinencia de implementar otras acciones que permitan a la autoridad electoral allegarse de la información necesaria y tener mayor certeza respecto a los hallazgos reportados. Por otro lado, el formato “3 de 3 contra la violencia” supuso la condición necesaria de contar con una sentencia firme que demuestre plenamente la responsabilidad de una persona en la comisión de un delito. Sin embargo, la realidad indica que este tipo de violencias tienen un alto nivel de impunidad. Animal Político reportó en febrero de este año, por ejemplo, que entre 2014 y 2018 se presentaron casi 145 mil denuncias formales en el país por violaciones y abusos sexuales en todas sus modalidades ante una agencia del Ministerio Público, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Sin embargo, apenas cinco de cada 100 de esos casos llegaron a una sentencia. Tampoco se debe soslayar que los casos denunciados son apenas una fracción de la realidad, ya que diversas encuestas de victimización señalan que más del 94% de las agresiones ni siquiera son denunciadas.1 En ese sentido y, considerando la experiencia de este proceso electoral en torno a una candidatura a la gubernatura de Guerrero, se requiere la implementación de mecanismos a nivel local y federal con perspectiva de género que contemplen esta realidad.

De cualquier manera, no se debe dejar de insistir en que la manera más eficaz de evitar que personas que violentan mujeres accedan a cargos públicos es mediante la creación de mayores contextos de exigencia para los partidos políticos. Es responsabilidad de éstos, como entidades de interés público, conducirse conforme a principios democráticos y en rechazo a cualquier tipo de violencia, tanto en sus prácticas internas como en aquellas relativas a la competencia por el acceso al poder público. La fuente de mayor exigencia hacia los partidos políticos, sin duda, es aquella que se refrenda en las urnas cada tres años. Ultimadamente, es la ciudadanía la que cuenta con mayor poder para, mediante su voto, premiar o castigar a partidos políticos dispuestos a colocar en posiciones de poder a personas que, con su conducta, vulneran el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

 

 

 

1 Ángel, A. (4 de febrero de 2021). En cinco años, sólo 5 de cada 100 denuncias por abuso sexual y violación terminaron en sentencia. Animal Político. Recuperado de aquí.

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