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El derecho olvidado
Por Asistencia Legal por los Derechos Humanos ASILEGAL
La defensa de derechos humanos no es selectiva ni negociable y, normalmente, encuentra su necesid... La defensa de derechos humanos no es selectiva ni negociable y, normalmente, encuentra su necesidad en los sectores más estigmatizados y olvidados de la sociedad, como lo son las personas en conflicto con la ley penal. Luchamos por darle voz a las mujeres olvidadas, las personas indígenas sin intérprete, las víctimas LGBTTTI de abusos y discriminación del Estado. Luchamos por el derecho de las y los olvidados. (Leer más)
Amnistía y decreto: cómo simular la justicia social
Lo que representaban pasos hacia la justicia social, se convierten hoy en mecanismos limitados por el uso y abuso de la prisión preventiva, la práctica generalizada de la tortura como método de investigación criminal, y la lenta y burocrática implementación de estas políticas públicas.
Por Viviana Aja Sixto
8 de septiembre, 2021
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El pasado 25 de agosto se publicó el Decreto del ejecutivo por el que se instruye a realizar acciones para gestionar las solicitudes de preliberación de personas sentenciadas, así como para identificar casos tanto de personas en prisión preventiva, como de aquellas que hayan sido víctimas de tortura.

Esta iniciativa se une a la Ley de Amnistía del año anterior como mecanismos que no solo buscan despresurizar el sistema penitenciario en México, sino que parten de reconocer y visibilizar que en las cárceles del país hay un número alarmante de personas injustamente privadas de su libertad: de personas sobre las que recae la desproporción de las penas al castigar la pobreza y la desigualdad; de mujeres criminalizadas por interrumpir su embarazo; personas indígenas y afromexicanas que no contaron con un intérprete o defensor durante su proceso; de víctimas de tortura; de personas que han pasado años en la prisión sin una resolución.

Sin embargo, lo que representaban pasos hacia la justicia social, se convierten hoy en mecanismos limitados por problemas y contrariedades a nivel estructural, que se pueden enmarcar en estos rubros: el uso y abuso de la prisión preventiva, la práctica generalizada de la tortura como método de investigación criminal, y la lenta y burocrática implementación de estas políticas públicas.

Uso y abuso de la prisión preventiva

De acuerdo con el último Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional, correspondiente a junio de este año,1 hay 12,397 mujeres privadas de libertad, de las cuales el 51.78 % (6,420) se encuentran en prisión preventiva (81.7 % en el fuero común y 18.2 % en el fuero federal); mientras que, de 207,996 hombres privados de libertad, el 41.89 % (87,739) se encuentra en esta situación jurídica (87 % en el fuero común y 12.9 % en el fuero federal). Es decir, aproximadamente la mitad de la población penitenciaria, 94,159 personas se encuentran en prisión esperando una sentencia.

En México el abuso de la prisión preventiva se observa no solo cuando se aplica de manera indiscriminada y sin justificar su procedencia, sino también cuando en un número significativo de casos el término constitucional de dos años no se respeta, sobre todo, en los delitos del fuero federal. Muestra de ello son loa datos de la Encuesta Nacional de Población Privada de su Libertad (ENPOL) de 2016 que revela que, en ese año el 43.4% de la población penitenciaria que se encontraba en proceso de ser sentenciada, había permanecido recluida durante más de dos años.2

El uso excesivo de esta medida de encarcelamiento es un castigo que precisamente supone para las personas además de la estigmatización, una exposición constante a contextos torturantes e inhumanos dentro de las cárceles. Para las mujeres el impacto diferenciado de esta medida sobre todo en los delitos del fuero federal,3 está estrechamente relacionado con la permanente guerra contra las drogas y para ellas el encarcelamiento conlleva un castigo doble: jurídico y social.

La investigación de la tortura

Desde la visita al país en 2014 del exRelator Especial de la ONU sobre la Tortura, Juan Méndez, se comprobó que la práctica de la tortura como método de investigación criminal es generalizada. De acuerdo con la ENPOL 2016, el 75.6 % de las personas sufrió violencia psicológica y el 63.8 % violencia física en el arresto, y al estar ante el Ministerio Público el 49.4 % fue incomunicada, el 39.4 % recibió patadas o puñetazos y más del 23 % recibió golpes con algún objeto y lesiones por aplastamiento, entre otros muchos reportes de violencia.

El conocido Protocolo de Estambul representa una herramienta importante para la documentación efectiva de la tortura pues crea directrices internacionales para investigarla desde una perspectiva multidisciplinaria: derecho, medicina y psicología.

Sin embargo, tanto organismos internacionales como las organizaciones de la sociedad civil han cuestionado fuertemente las fallas estructurales en la implementación del Protocolo de Estambul en México, así como la urgencia por remediar dicha situación. Entre las fallas identificadas están: la falta de acceso efectivo a un examen, falta de investigaciones prontas y exhaustivas, y la falta de eficacia y autonomía de los y las peritos que emiten certificados de integridad física y dictámenes “médicos-psicológicos especializados”, que son considerados como la única o la más importante prueba de tortura cuando, excep­cionalmente, se cuenta con resultados “positivos”. 4

Hay una gran preocupación porque el decreto acentúe que la tortura debe acreditarse solo con los dictámenes correspondientes al Protocolo de Estambul, pues como se ha señalado, además de tener serios problemas estructurales en su aplicación, es necesario que las autoridades comprendan que no es la única prueba con la que se pueden demostrar la tortura cometida y por ello permitir todos medios legítimos para probarla.

Burocracia, incomprensión y simulación

El decreto instruye a la SEGOB a crear un comité que realizará las acciones para gestionar las solicitudes de preliberación e identificar los casos de personas en prisión preventiva y víctimas de tortura, pero al igual que con la implementación de la Ley de Amnistía y su comité, los obstáculos a vencer son la burocracia, la falta de conocimiento técnico y la ineficiencia.

A más de un año de la entrada en vigor de la Ley de Amnistía, las acciones para su ejecución se han enfrentado a los retrasos, a las esporádicas reuniones del Comité de Amnistía, así como la falta de transparencia y discrecionalidad sobre el análisis de las solicitudes, pues al día de hoy, de más de 1500 casos solo se han declarado procedentes 47. 5 El nuevo decreto pinta hacia el mismo proceso interminable de la burocracia, tanto así que el plazo mencionado para la creación e instalación del comité ya venció, por lo que cumplir con las liberaciones al 15 de septiembre como lo anunciaba el presidente será muy complejo.

La amnistía y el nuevo decreto presidencial representaban una oportunidad de resarcir la deuda con las personas que histórica y estructuralmente han sido discriminadas, oprimidas y olvidadas. Sin embargo, la esperanza de libertad y justicia para ellas y sus familias se vuelve cada día más difusa y lejana. Los obstáculos de su implementación se ven agravadas por las medidas que por fuera se llevan a cabo, como el aumento de los delitos que contemplan la prisión preventiva oficiosa, contrariando los estándares internacionales; 6 el populismo punitivo y fetichismo carcelario que poco o nada ayudan a la seguridad, y la práctica generalizada de la tortura en la procuración de justicia.

Frente a esta angustiosa realidad es necesario y de una vez por todas reconocer que el Estado ha sido profundamente injusto en condenarlas. Que no bastan los discursos para repararlas, sino que es preciso una adecuada y eficaz implementación, que involucre a todos los actores en la materia en un proceso transparente, abierto al monitoreo, y la necesaria legislación en materia de amnistía en los congresos locales.

La justicia social, la reinserción y la dignidad que se les debe a las personas a las que el sistema les ha arrebatado injustamente la libertad y su proyecto de vida, no deben ser postergadas ni un minuto más.

@AsilegalMx

 

 

 

1 Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional. Disponible aquí.

2 ENPOL 2016. Disponible aquí.

3 Ver: Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federal 2020, Resultados generales pág. 27; Asilegal (2020), Informe Las Mujeres olvidadas de la guerra contra el narco.

4 Informe sombra al Comité contra la Tortura, 2019. Disponible aquí.

5 Informe anual sobre las solicitudes de amnistía. Disponible aquí.

6 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Comunicado No. 003/19, disponible aquí.

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