Problemas estructurales del Sistema Penitenciario
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El derecho olvidado
Por Asistencia Legal por los Derechos Humanos ASILEGAL
La defensa de derechos humanos no es selectiva ni negociable y, normalmente, encuentra su necesid... La defensa de derechos humanos no es selectiva ni negociable y, normalmente, encuentra su necesidad en los sectores más estigmatizados y olvidados de la sociedad, como lo son las personas en conflicto con la ley penal. Luchamos por darle voz a las mujeres olvidadas, las personas indígenas sin intérprete, las víctimas LGBTTTI de abusos y discriminación del Estado. Luchamos por el derecho de las y los olvidados. (Leer más)
Autogobierno y cogobierno: problemas estructurales del Sistema Penitenciario
Al menos 15 centros penitenciarios de 11 estados cuentan con prácticas de autogobierno y cogobierno, de los cuales el 80 % presenta algún tipo de sobrepoblación, hacinamiento o deficiencia de recursos que garanticen la integridad o seguridad de las personas privadas de la libertad.
Por Ana Yulisa Díaz De Jesús
21 de febrero, 2022
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Las prácticas de autogobierno y cogobierno, en algunos de los centros penitenciarios, son producto de una serie de preocupantes deficiencias que van desde la falta de personal de custodia, hasta la ausencia de autoridades corresponsables con la reinserción social y que afectan el funcionamiento de los sistemas penitenciarios del país. Estas prácticas se caracterizan por delegar a las personas privadas de libertad responsabilidades que son correspondientes única y exclusivamente de autoridades penitenciarias y corresponsables con la reinserción social, ya sea de manera parcial o total, y que repercuten directamente sobre la población penitenciaria.

Según la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2021, el 36.7 % de la población privada de la libertad ha observado a sus compañeros realizar actividades asociadas con el autogobierno y cogobierno; encabezan esta problemática el Estado de México, la Ciudad de México, Querétaro, Sonora y Puebla.

Por ello, es importante preguntarnos: ¿cuáles son las condiciones que promueven las prácticas de autogobierno/cogobierno?, ¿cómo repercute en el derecho a la reinserción social en el resto de las personas privadas de la libertad que habitan los centros penitenciarios con estas prácticas?

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en su Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2020, identificó al menos 15 centros penitenciarios con prácticas de autogobierno y cogobierno localizados en 11 estados de la república, de los cuales el 80 % presenta algún tipo de sobrepoblación, hacinamiento o deficiencia de recursos que garanticen la integridad o seguridad de las personas privadas de la libertad. El Estado de México es la entidad con mayor presencia de estas prácticas, además de que es el estado con la mayor cantidad de centros penitenciarios y por ende de personas privadas de la libertad. A pesar de esto, los reportes de los centros penitenciarios de esta entidad documentan prácticas de autogobierno y cogobierno solo en el Centro Preventivo y de Readaptación Social “Dr. Sergio García Ramírez”, localizado en Ecatepec de Morelos.

Es importante destacar que en 2017 la propia CNDH emitió la recomendación 30/2017, en la cual se resaltaba las principales condiciones que fomentan las prácticas del autogobierno y cogobierno, los cuales incluyen sobrepoblación, hacinamiento, inadecuada clasificación penitenciaria de las personas privadas de la libertad, infraestructura inadecuada, corrupción e impunidad. En dicha recomendación la CNDH identificó que en 45 centros se presentaron condiciones de autogobierno y cogobierno en los 5 años visitados.

Esta situación provoca que las personas privadas de la libertad puedan ejercer control total sobre la población y crear privilegios que los ponen en ventaja frente a otras personas privadas de libertad, quienes deben de acatar las prácticas que ciertos grupos perpetran dentro de los sistemas penitenciarios y que van desde la asignación de celdas, hasta la denegación de derechos accesorios como al trabajo o a la salud al interior de los centros.

Al permitir a las personas privadas de libertad tomar el control de este tipo de actividades, se impide la eficiente protección y garantía de los derechos humanos dentro de los Centros, dejando en manos de un grupo selecto el control de las personas privadas de libertad, circunstancia que a su vez debilita el objetivo del sistema penitenciarios que es la reinserción social.

Si bien como describe la EMPOL (2021) algunas prácticas de cogobierno (de acuerdo a la CNDH las actividades de cogobierno pueden ser: manejo de llaves, coordinación de áreas y servicios y organización de actividades de vigilancia) fueron aprobadas varios años atrás, estas tenían como objetivo dar un sentido de responsabilidad, así como mejorar la convivencia entre las personas privadas de libertad. Sin embargo, está claro que esta iniciativa aplicada en un entorno de corrupción y de violencia desmedida no crea más que un aumento de violencia y de poder entre los grupos formados al interior de los centros penitenciarios, que al final resulta contraproducente para el control de las autoridades y, además, en perjuicio para las personas que no forman parte de estos grupos.

De esta forma, este tipo de abusos, sumado a la deficiencia de condiciones y de personal, generan un contexto sumamente precario para muchos de los centros con este tipo de prácticas, lo que consecuentemente lleva al aumento de incidentes como riñas, motines, agresiones u homicidio, así como a facilitar actos, por ejemplo, el llevado a cabo en el Penal de San Miguel en Puebla, que además de involucrar a una serie de personas privadas de libertad, son también algunos funcionarios responsables de facilitar este tipo de delitos.

De esta forma, este tipo de prácticas pueden comenzar al interior de los centros penitenciarios en complicidad con grupos delictivos externos, que dan un mayor poder de control sobre los centros y sobre las personas al interior, a tal grado en el que la influencia de ellos lleve a la expansión de integrantes de estos grupos y al control fuera de las manos de las autoridades.

Como parte del sistema y deber del Estado, se ha llevado a cabo el proceso de criminalización y penalización de los actos violentos cometidos por personas no autorizadas, por lo cual estas personas se encuentren recluidas. Sin embargo, el alcance de este tipo de procesos se ve de alguna forma frenado al llegar los centros penitenciarios.

La reestructuración de los centros penitenciarios a nivel federal ha sido considerado parte de los objetivos a desarrollar durante la actual administración, con la cual, consiente de la gran cantidad de abusos que se comenten dentro de ellos, se busca mejorar el control, para de esta forma garantizar los derechos de todas las personas. Sin embargo, con ello se ha llevado a cabo la desincorporación de una serie de centros, de lo cual aún queda por verse la eficiencia de esta medida implementada.

* Ana Yulisa Díaz De Jesús, Área de investigación.

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