“Autonomía y libre autodeterminación”, los estragos del colonialismo
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El derecho olvidado
Por Asistencia Legal por los Derechos Humanos ASILEGAL
La defensa de derechos humanos no es selectiva ni negociable y, normalmente, encuentra su necesid... La defensa de derechos humanos no es selectiva ni negociable y, normalmente, encuentra su necesidad en los sectores más estigmatizados y olvidados de la sociedad, como lo son las personas en conflicto con la ley penal. Luchamos por darle voz a las mujeres olvidadas, las personas indígenas sin intérprete, las víctimas LGBTTTI de abusos y discriminación del Estado. Luchamos por el derecho de las y los olvidados. (Leer más)
“Autonomía y libre autodeterminación”, los estragos del colonialismo en la actual jurisdicción indígena
Hoy en día se ha vuelto completamente necesario la existencia de tribunales especializados en materia de jurisdicción indígena, encargados de velar por el respeto de los derechos de comunidades originarias y sus miembros como en el caso de las autoridades comunales indígenas del municipio de Suchixtlahuaca, Oaxaca.
Por Alfredo Utrera
5 de mayo, 2022
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La expresión popular mexicana “es de chocolate”, la cual hemos utilizado día a día para hacer referencia a una situación en la cual descalificamos la validez de algo, se ha convertido en parte del vocabulario cotidiano de nuestras autoridades, quienes con frases como “aquí no aplica” han pretendido, incluso, ignorar los mandatos constitucionales a los cuales se encuentran estrictamente subordinados.

Y esto no es la excepción a la situación que viven las personas y comunidades indígenas cuando nuestras autoridades violan el derecho a su libre autodeterminación mediante el desconocimiento de la validez de sus normas e instituciones ancestrales, pretendiendo con ello asimilar sus problemas dentro del marco de una jurisdicción ordinaria y colonialista que materialmente jamás se ha preocupado por sus tierras, familia y mucho menos sus intereses.

Registro de lo anterior ha sido la historia de vida plasmada en la sentencia emitida por la Sala de Justicia Indígena del Estado de Oaxaca, bajo el número de expediente JDI/01/2016, en la cual autoridades comunales indígenas del municipio de Suchixtlahuaca hicieron frente a un sistema que prepotentemente desconociera su capacidad de resolver sus propios conflictos internos, los cuales se encontraban regidos bajo un sistema válido de usos y costumbres.

El inicio de la contienda tuvo sus orígenes en el año 2015, cuando personas pertenecientes a una comunidad indígena del pueblo de Chochotelco de Oaxaca tuvieron diferencias cuando el ganado caprino de aproximadamente 50 chivos –de uno de sus integrantes y su familia— de manera reiterada se encontraban causando destrozos a una zona de reserva vedada y reforestada de la comunidad, provocando así que las autoridades comunales retuvieran y resguardaran dicho ganado como medida preventiva ante la inminente destrucción de la vegetación.

Mientras este proceso ocurría y se determinaban los gastos por concepto de reparación del daño causado y por el cuidado de los animales, los propietarios del ganado decidieron acudir con autoridades ordinarias (fiscalía general del Estado), denunciando así a las autoridades comunales por los delitos de abuso de autoridad y el robo de su ganado (abigeato), dando inicio a un proceso penal en su contra.

Ya bajo investigación, las autoridades comunales en su defensa alegaron ante el fiscal su derecho a la aplicación de sus propias normas internas de convivencia, lo que les permitía la capacidad de solucionar sus conflictos tal y como lo permite nuestra Constitución (art. 2 inciso A fr. II), sin embargo, la respuesta obtenida por éste de manera prepotente y grosera fue que para ellos sus normas no tenían validez alguna.

Por suerte, la intervención de autoridades judiciales especializadas y sensibles con aspectos interculturales como lo es la Sala indígena en Oaxaca, secundada por la Primera Sala de nuestra Corte Suprema en el amparo 6/2018, al fin y después de 3 años de iniciado el conflicto se logró validar la competencia de las autoridades comunales para la aplicación de sus normas basadas en usos y costumbres, obligando al fiscal a dar cierre con dicho asunto y exhortándolo para que en futuras ocasiones respetara y verificara la existencia de la jurisdicción indígena.

Esta historia, más que el desconocimiento de una norma perfectamente clara por parte de la autoridad, es también un reflejo de nuestra falta de capacidad para entender, aceptar y asimilar todo aquello que se aleja de nuestros márgenes de normalidad, siendo un recordatorio de la discriminación a la que se encuentran sometidos todos aquellos grupos sociales que contravienen los roles asignados por un modelo colonialista y predominantemente heteropatriarcal.

De lo anteriormente expuesto, cuestionémonos lo siguiente: ¿acaso este derecho a la autonomía y el poder de autogobernarse no tiene límite, o por qué las autoridades han insistido constantemente en hacer como si este derecho no existiera?

En la actualidad, las leyes de los Estados han tratado de extralimitar el rango de acción y competencia de las autoridades comunitarias para resolver los problemas que pudieran surgir dentro su comunidad, a través de sus usos y costumbres. Sin embargo, constitucionalmente los únicos límites a este derecho son: que se respete la unidad nacional, la dignidad e integridad de las mujeres, los principios generales de derecho, las garantías individuales y los derechos humanos reconocidos en la constitución y en los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano.

Ejemplo de lo anterior puede observarse en el contenido del artículo 38 de la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Oaxaca, la cual establece que:

“Las autoridades comunitarias de los pueblos y comunidades indígenas procurarán y administrarán justicia aplicando sus sistemas normativos internos, en los casos siguientes.

b) Que la controversia verse sobre: delitos que estén sancionados (…) con pena económica o corporal que no exceda de dos años de prisión; tenencia individual de la tierra en la comunidad de referencia, faltas administrativas y de policía; atentados contra de las formas de organización, cultura, servicios comunitarios, trabajos y obras públicas; cuestiones del trato civil y familiar”.

Aunque sería apresurado sacar conclusiones, la simple existencia de estos límites previstos en las leyes secundarias, como la previamente mencionada, nos permitiría llegar a presumir que nos encontramos ante la presencia de una ley que debe ser considerada como inconstitucional.

Por lo anterior y mucho más, hoy en día se ha vuelto completamente necesario la existencia de tribunales especializados en materia de jurisdicción indígena encargados de velar por el respeto de los derechos de comunidades originarias y sus miembros, pues mientras existan autoridades poco capacitadas para conocer de los casos en los que se ventilen sus intereses y mientras continuemos minimizando la capacidad de estos pueblos para poder resolver sus conflictos internos, siempre será necesario la existencia de autoridades especializadas que minimicen los impactos negativos ocasionados por la discriminación y la violación a los derechos de este sector de la población, que históricamente ha sido considerado como un sector vulnerable.

* Alfredo Utrera es excoordinador del área Jurídica de ASILEGAL (@AsilegalMx).

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