La ineficacia de la Ley de Amnistía a 2 años de su promulgación
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El derecho olvidado
Por Asistencia Legal por los Derechos Humanos ASILEGAL
La defensa de derechos humanos no es selectiva ni negociable y, normalmente, encuentra su necesid... La defensa de derechos humanos no es selectiva ni negociable y, normalmente, encuentra su necesidad en los sectores más estigmatizados y olvidados de la sociedad, como lo son las personas en conflicto con la ley penal. Luchamos por darle voz a las mujeres olvidadas, las personas indígenas sin intérprete, las víctimas LGBTTTI de abusos y discriminación del Estado. Luchamos por el derecho de las y los olvidados. (Leer más)
De promesas a ilusiones: la ineficacia de la Ley de Amnistía a 2 años de su promulgación
Aunque el texto normativo está bien estructurado y promete liberar a las personas criminalizadas por los contextos de desigualdad, a dos años de su promulgación, la eficiencia de este no se ha materializado en la realidad.
Por Cristopher Alexis Sánchez Islas
21 de abril, 2022
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Desde la discusión de la estrategia para emprender la construcción de la paz dentro del Plan Nacional de Desarrollo de 2019-2024, la amnistía se planteó como una figura para revelar y reconocer la criminalización que se ha fomentado en contra de personas pertenecientes a grupos en situación de vulnerabilidad. Por esta razón, la iniciativa presidencial que más tarde se convertiría en la Ley de Amnistía fue concebida para reconocer los contextos de vulnerabilidad a los que se sometió históricamente a las mujeres, las personas en condición de precariedad económica, las personas pertenecientes a pueblos indígenas, y las personas drogodependientes que habían sido víctimas de un sistema de impartición de justicia carente de enfoques de derechos humanos, interculturalidad y de género.

No obstante, a pesar de que esta iniciativa presidencial se envió a la Cámara de Diputados el 13 de septiembre de 2019, es hasta el 20 de abril de 2020 que esta fue aprobada por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, bajo un discurso erróneo que prometió despresurizar el sistema penitenciario por motivos de la emergencia sanitaria de la SARS-CoV2, dejando atrás el reconocimiento de la violencia institucional del sistema de justicia ejercida contra los sectores de las poblaciones históricamente marginadas. Después de este proceso complejo de discusiones la Ley de Amnistía fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de abril de 2020.

En su cuerpo normativo, además de reconocer como beneficiarios a los grupos en situación de vulnerabilidad arriba mencionados, la Ley de Amnistía plantea una diversidad de disposiciones sobre sus efectos, limitaciones, procedimientos, autoridades involucradas en el otorgamiento de las amnistías, los plazos de respuesta de las solicitudes y las acciones a realizar por la Secretaría de Gobernación para impulsar la promulgación de leyes de amnistía en cada entidad federativa.

Con respecto a los efectos de esta ley, la concesión de la amnistía extingue la acción penal y las sanciones impuestas a las poblaciones beneficiadas, sin embargo, por cuanto hace a la reparación del daño esta sigue subsistiendo. Por lo que cabe a los procedimientos que deben seguirse y las autoridades a cargo de conducirlos, la Comisión de Amnistía adscrita a la Secretaría de Gobernación, previa recepción de la solicitud debidamente requisitada, deberá emitir el dictamen de procedencia dentro de los 4 meses posteriores a la recepción de las mismas para que este sea calificado por los Jueces especializados en la materia. Con respecto a las acciones para homologar las leyes de amnistía locales con la nacional, esta ley exhorta a la Secretaría de Gobernación a que incite a las entidades federativas a trabajar sobre sus leyes estatales.

Por todas sus disposiciones normativas, se tuvieron altas expectativas sobre la Ley de Amnistía. De un análisis propio de ASILEGAL sobre las posibles personas beneficiadas con este instrumento normativo, se previó que más de 8,886 personas privadas de la libertad del fuero federal y 20,502 de los fueros locales podrían ver extinguida la acción penal ejercitada contra ellas.

 

 

Desafortunadamente no todo es miel sobre hojuelas. Aunque el texto normativo está bien estructurado y promete liberar a las personas criminalizadas por los contextos de desigualdad, a dos años de su promulgación, la eficiencia de este no se ha materializado en la realidad. La implementación de dicha ley ha tenido más atropellos de los esperados por tres causas generales: i) problemáticas normativas y exceso en los requisitos, ii) falta de recursos económicos, e iii) ineficiencia de las estructuras que sostienen a las autoridades involucradas en el procedimiento de amnistía.

Problemáticas normativas y exceso en los requisitos para las solicitudes de amnistía

La implementación y consolidación del sistema planteado por esta ley se ha visto entorpecida por diversos obstáculos normativos e incremento de requisitos en las solicitudes de amnistía. Sobre esto existen varios ejemplos. Una de estas problemáticas fue la decisión arbitraria de la Comisión de Amnistía de comenzar a contar el plazo de cuatro meses para resolver la procedencia de las solicitudes desde la publicación de los Lineamientos para el procedimiento de atención de las solicitudes de amnistía, y no a partir de la entrada en vigor de la ley en la materia, 1 lo cual violentó la certeza jurídica y el acceso a la justicia de las personas privadas de la libertad que ingresaron sus solicitudes desde abril de 2020.

Además, en ninguno de sus instrumentos normativos ni en sus reformas se ha establecido un periodo razonable para celebrar las sesiones en donde se califiquen las decisiones de procedencia de las solicitudes de amnistía de las personas privadas de la libertad.

Por si fuera poco, por medio del acuerdo de esta Comisión por el que se modifican disposiciones de los Lineamientos para el procedimiento de atención de las solicitudes de amnistía, publicado el 10 de marzo de 2022, se añadieron tres requisitos más a los establecidos por el artículo 3 de los Lineamientos, complicando aún más las cargas que las personas privadas de la libertad deben cumplir para ser beneficiadas.

Falta de presupuestos para el trámite de las amnistías federales

Por su parte, la falta de recursos económicos resulta un obstáculo para que esta disposición normativa pueda alcanzar la descriminalización de los grupos beneficiarios. Si bien, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2022 la Secretaría de Gobernación recibió un total de $6,218,678,962.00 de pesos, que en contraste con el ejercicio fiscal anterior percibió un incremento del 6.24%, hasta la fecha se ha omitido establecer una partida presupuestal específica para la implementación del sistema y el otorgamiento de las amnistías.

Aunado a esto, en el Anexo 26 de este presupuesto de egresos el Ejecutivo Federal sigue sin contemplar a los procedimientos de otorgamiento de amnistías como un programa principal y prioritario a atender con el presupuesto otorgado a la Secretaría de Gobernación. Así pues, presupuestariamente, la implementación de esta norma y la redignificación de las personas criminalizadas no son una prioridad para el Ejecutivo Federal.

Falta de especialización de las autoridades involucradas en los procesos de amnistía

Sobre la ineficiencia de las autoridades relevantes en los procedimientos de amnistía, basta con mencionar que las personas funcionarias que integran la Comisión y su Secretaría Técnica no dedican exclusivamente su labor a atender las solicitudes ni dar seguimiento a los procedimientos de amnistía, sino que forman parte de otras dependencias del Ejecutivo como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de Bienestar (BIENESTAR), el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), así como la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia de la Secretaría de Gobernación (UASJ-SEGOB), lo que dificulta que la Comisión esté profundamente especializada para atender todas las solicitudes puestas a su disposición con pleno respeto de los derechos fundamentales de las peticionarias.

Considerando lo anterior, no sorprende que las solicitudes declaradas procedentes por la Comisión sean desestimadas por los juzgados federales competentes al no cumplir cabalmente con los requisitos ordenados por la Ley de Amnistía. 2 Aunado a esto, que, de manera intermitente y sin plazos fijos, esta Comisión haya sesionado sólo 6 veces desde abril de 2020 muestra una falta de seriedad en el estudio de las peticiones, y que las víctimas de las políticas punitivas del Estado aún son castigadas por su situación de vulnerabilidad.

Resultados de la Ley de Amnistía a dos años de su publicación

Por todas estas y muchas otras razones que abordaremos más adelante, no nos sorprende que a dos años de la promulgación de la Ley de Amnistía las personas liberadas en el fuero federal hasta la fecha sean apenas 77, 3 y más de 1,406 4 continúen en la incertidumbre jurídica e injustamente privadas de la libertad.

Tampoco nos sorprende que, hasta la fecha, de las 32 entidades federativas, en sólo 7 5 se haya publicado una ley de amnistía local homologada a la nacional. A todas luces, dicha ley no ha cumplido con su promesa de reivindicar a las personas criminalizadas por el sistema de justicia penal. Lamentablemente, estas problemáticas generales sólo son la punta del iceberg.

Desde ASILEGAL levantamos la voz por las personas privadas de la libertad que, por la ineficacia de la Ley de Amnistía, aún no han podido ser liberadas del sistema de justicia punitivista y criminalizador mexicano. Las autoridades involucradas dentro de los procesos de amnistía deben realizar una introspección estructural que les permita identificar y corregir las falencias institucionales, culturales y normativas en estos los procedimientos, para garantizar todos los derechos de las personas peticionarias.

Hasta que el Estado comprenda que la amnistía es fundamental para erradicar la misoginia, el clasismo y el racismo judiciales, las prisiones seguirán albergando personas cuyo único delito fue ser parte de un grupo históricamente discriminado.

* Cristopher Alexis Sánchez Islas es coordinador del área jurídica de @Asilegalmx.

 

 

 

1 Equis Justicia para las Mujeres, Amnistía, ¿YA?, 2021. Disponible aquí.

2 Noroeste, “La Comisión de Amnistía se reúne después de seis meses y ya tiene más de mil solicitudes pendientes”, 2020. Disponible aquí.

3 Cantidad reportada por la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Gobernación en la respuesta a la solicitud de acceso a la información S.I. 330026222000330 del 09 de marzo de 2022.

4 Cantidad recuperada de los datos aportados por Unidad de Transparencia de la Secretaría de Gobernación en la respuesta a la solicitud de acceso a la información S.I. 330026222000486 del 29 de marzo de 2022.

5 Durango, Hidalgo, Estado de México, Nayarit, Quintana Roo, Sinaloa y Tlaxcala.

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