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El derecho olvidado
Por Asistencia Legal por los Derechos Humanos ASILEGAL
La defensa de derechos humanos no es selectiva ni negociable y, normalmente, encuentra su necesid... La defensa de derechos humanos no es selectiva ni negociable y, normalmente, encuentra su necesidad en los sectores más estigmatizados y olvidados de la sociedad, como lo son las personas en conflicto con la ley penal. Luchamos por darle voz a las mujeres olvidadas, las personas indígenas sin intérprete, las víctimas LGBTTTI de abusos y discriminación del Estado. Luchamos por el derecho de las y los olvidados. (Leer más)
¿Dónde están los jueces de ejecución?
¿Por qué los jueces temen aplicar preliberaciones? ¿Por qué no se hace uso útil de la Ley Nacional de Ejecución Penal? ¿Por qué ante la existencia de tantos potenciales beneficiarios a estas medidas no existen acciones concretas que faciliten el acceso a este sector vulnerable?
Por Asistencia Legal por los Derechos Humanos ASILEGAL
29 de octubre, 2021
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El 07 de octubre de 2021, en Baja California, más de 40 personas encarceladas por delitos no graves fueron liberadas inmediatamente del cumplimiento de su pena. Sin embargo, lo que aparenta ser un acto de voluntad política o una genuina preocupación por la despresurización del sistema penitenciario, representa también un grave impacto en la situación de la ejecución de las penas en la región, pues el trabajo de los jueces como encargados de la modificación de las sanciones penales vuelve a verse sustituido por el monopolio que ostenta el poder ejecutivo para decidir, cuándo y en que modalidades una persona puede y será sujeta a una medida no privativa de libertad.

En 2008, una reforma constitucional le arrebató al Poder Ejecutivo la posibilidad de decidir, por su propia cuenta, en qué momento una persona podía ver modificada o extinta su pena, lo anterior, como consecuencia de la existencia de los altos niveles de corrupción y arbitrariedad de dicha autoridad. Sin embargo, acertadamente esta reforma al artículo 21 constitucional estableció que debiera ser exclusivamente el poder judicial en quien recayera dicha responsabilidad, creando normas y jueces especializados en materia de ejecución; debiendo ser estos los únicos facultados para modificar o extinguir las penas de las personas sentenciadas.

Sin embargo, el desconocimiento de la ley y la nula actividad de los jueces en materia de otorgamiento de medidas no privativas de libertad1 ha visibilizado no solo que estos aún no consideran como una arista importante de su trabajo garantizar el respeto de los derechos humanos de las personas privadas de libertad; sino que esta inactividad ha dado origen a medidas desesperadas creadas por el ejecutivo para tratar nuevamente de monopolizar dicho sector, haciendo efecto útil de leyes vigentes en desuso e impulsando la creación de leyes de amnistía y decretos presidenciales de preliberación e indultos, los cuales continúan demostrando el control que estos tienen en materia de modificación o extinción de las penas. Lo que debiera ser una facultad exclusiva de la autoridad judicial, solo ha servido de parapeto y arbitro cuya función únicamente se ha reducido solo a otorgar el visto bueno de una decisión que ya ha sido previamente tomada.

Los esfuerzos de “contribuir a la pacificación y reconciliación” de Baja California son dignos de reconocimiento; no obstante, la aplicación de estas medidas no privativas de libertad representa una exigencia de carácter internacional, y no podemos perder la oportunidad de preguntarnos: ¿dónde están los jueces de ejecución? ¿Por qué ante la existencia de tantos potenciales beneficiarios a estas medidas no existen acciones concretas que faciliten el acceso a este sector vulnerable? ¿Por qué los jueces temen aplicar preliberaciones? ¿Por qué no se hace uso útil de la Ley Nacional de Ejecución Penal?

A diez años de esta reforma constitucional y a cinco años de la entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal, han sido contados los casos de éxito de los jueces en Baja California, los cuales, en ocasiones mas que contribuir a facilitar el acceso a la reintegración de las personas a la sociedad, representan un obstáculo caprichoso de criterios anacrónicos y carentes de un enfoque de derechos humanos.

De no existir un cambio en la forma de aplicación de la norma por parte de la autoridad judicial, la cual tiene como tarea fundamental el garantizar a las personas privadas de la libertad, en el ejercicio de sus atribuciones, el goce de los derechos y garantías fundamentales que le reconoce la Constitución, los Tratados Internacionales2, continuaremos incentivando la generación de espacios de corrupción, arbitrariedad y discrecionalidad, haciendo letra muerta del avance progresivo del reconocimiento a la dignidad humana de las personas que se encuentran en el cumplimiento de una pena.

@Asilegalmx

 

 

1 Ver el informe “A cuatro años del cambio, retos perspectivas y logros de la ejecución penal en el Estado de Baja California”.

2 Ley Nacional de ejecución penal, articulo 24 fracción I.

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