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El derecho olvidado
Por Asistencia Legal por los Derechos Humanos ASILEGAL
La defensa de derechos humanos no es selectiva ni negociable y, normalmente, encuentra su necesid... La defensa de derechos humanos no es selectiva ni negociable y, normalmente, encuentra su necesidad en los sectores más estigmatizados y olvidados de la sociedad, como lo son las personas en conflicto con la ley penal. Luchamos por darle voz a las mujeres olvidadas, las personas indígenas sin intérprete, las víctimas LGBTTTI de abusos y discriminación del Estado. Luchamos por el derecho de las y los olvidados. (Leer más)
El homicidio en razón de parentesco: una deuda para la amnistía en entidades federativas
Con la promulgación de la Ley de Amnistía a nivel federal, es fundamental revisar los casos de mujeres procesadas y sentenciadas bajo homicidio en razón de parentesco. Hacer justicia social recaerá en las legisladoras de los estados.
Por José Luis Gutiérrez
12 de mayo, 2020
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La Ley de Amnistía, promulgada el pasado 21 de abril, representó un reconocimiento de la criminalización a la que son sujetas las mujeres en relación con sus derechos sexuales y reproductivos, a través de la incorporación de dos delitos: el aborto y el homicidio en razón de parentesco. En procesos penales carentes de perspectiva de género, bajo argumentos sexistas, misóginos y plagados de estereotipos, se acusa y sentencia a las mujeres sin criterios de contexto ni apropiado acceso a la justicia.

La incorporación del tipo penal de homicidio en razón de parentesco a la Ley de Amnistía nos recordó que, en México, la justicia es ciega ante los diversos contextos de violencia de género. Y, en consecuencia, se criminaliza a las mujeres por haber sido víctimas de emergencias obstétricas. Es así cómo las mujeres pueden tener penas de 2 a 6 años de prisión por aborto1 o de 8 a 20 años por infanticidio2 o, en el peor de los caso, ser condenadas hasta 60 años cuando se les imputa el delito de homicidio. Además de las penalidades de privación de libertad, se prevén penas accesorias como el pago de multas que pueden ir desde las 20 ($1,737.60) a 300 ($26,064.00) Unidades de Medida y Actualización (UMA)3 y reparaciones del daño que en algunos casos exceden de los 500 mil pesos. Estas penas, además fijadas siempre en favor del progenitor del producto de la concepción. Tal es el caso de una mujer que ASILEGAL acompaña legalmente, quien desconociendo su estado de embarazo, tuvo una emergencia obstétrica derivada de la expulsión repentina y posterior muerte del producto de la concepción; por ese hecho fue condenada a 18 años de prisión y el pago de más de 700 mil pesos por concepto de la reparación del daño en favor de su expareja.

La prevalencia de prácticas que promueven la desigualdad y violencia contra las mujeres se debe a diversos factores: desde la existencia de prejuicios y estereotipos respecto de cómo deberían ser y comportarse, lo cual restringe la toma de decisiones libres e informadas, hasta la criminalización y represión de aquellas que no cumplen con los roles que se espera socialmente de ellas. Este contexto de violencia contra las mujeres se reproduce dentro del sistema jurídico mexicano, donde, a través del uso perverso del derecho, se justifica y perpetúa el estigma en contra de la interrupción del embarazo. Esta situación genera un contexto hostil para aquellas mujeres que viven partos fortuitos o abortos espontáneos y terminan por sufrir de la misma forma el efecto punitivo estatal que solo ve a las mujeres como madres.

Mientras prevalezca la criminalización del derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo y, peor aún, que se respalde a través de tipos penales como el aborto, infanticidio y homicidio en razón de parentesco, lamentablemente —y cada vez con más frecuencia—, tendremos en las prisiones a personas que están allí por el simple hecho de ser mujeres.

Esta situación representa para las mujeres graves lesiones a su proyecto de vida e implica, en términos de criminalización, la aplicación de prisión preventiva, la imposibilidad de emplear medidas alternas y la imposición de penas de prisión no solo altísimas, sino completamente desproporcionadas. Además, las mujeres que son procesadas por homicidio son catalogadas como “criminales de alta peligrosidad”.

En el mismo orden de ideas, la judicialización de los casos tanto de aborto, ya sean inducidos o espontáneos, como homicidios calificados, develan una espantosa realidad del sistema de justicia en México: pone en evidencia que lejos de tener la intención de imponer sanciones coherentes que respondan al objetivo del derecho penal y al respeto máximo a los derechos humanos, la motivación de las actuaciones de agentes ministeriales y judiciales, es el castigo de las mujeres que rompen con su rol impuesto de ser madres.

Todo este aparato punitivo opresor en contra de las mujeres genera, entre otras cosas, la proliferación de violencia simbólica que infunde un fuerte temor en las mujeres que necesitan acercarse a instituciones de salud a pedir auxilio o atención médica por complicaciones dentro de su embarazo. Independientemente que sea por partos fortuitos o abortos espontáneos, así como a solicitar una interrupción legal del embarazo en los casos permitidos por las legislaciones.

Desde ASILEGAL hemos acompañado una serie de casos en los que hemos identificado la existencia de patrones generalizadas en el contexto de vida de las mujeres que son criminalizadas a través de estos tipos penales. Contextos de violencia familiar, pobreza y abandono, exclusión y marginación social, así como acceso casi nulo o deficiente a los derechos económicos, sociales y culturales como la educación, el trabajo, vivienda digna y salud, ocasionan efectos desproporcionados en sus vidas y las pone, además, en una situación de desventaja y especial vulnerabilidad al momento de enfrentar un proceso penal en su contra.

Es fundamental destacar que las mujeres que están siendo criminalizadas y sentenciadas por delitos que penalizan la muerte del producto del embarazo, pasan por los mismos procesos tortuosos en los hospitales o centros de salud, donde son tratadas como criminales; se enfrentan a la persecución y acoso de agentes policiales y ministeriales que las acusan e interrogan mientras ellas se encuentran aún hospitalizadas. En muchas ocasiones son víctimas de violencia obstétrica y son llevadas a los Centros de Reinserción Social cuando están en plena recuperación, donde generalmente, sufren de tratos crueles, inhumanos y degradantes por parte de las autoridades y la misma población penitenciaria por ser “asesinas” y “malas madres”.

Lo anterior nos lleva a hacer una llamado a los congresos estatales que hoy tiene en sus manos la posibilidad de seguir la línea de la Ley de Amnistía Federal de incorporar a los delitos de aborto y homicidio en razón de parentesco. Especialmente debido a que la mayoría de estos casos pertenecen al fuero local, es importante resaltar en los últimos 10 años ASILEGAL ha identificados casos en entidades como Querétaro, Puebla, Baja California, Hidalgo, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, por lo que es indispensable que en todas las entidades de la República se considere imprescindible la incorporación de estos tipos penales en sus entidades.

* José Luis Gutiérrez es director de @AsilegalMx.

 

1 Artículo 266 del Código Penal para el Estado de Sonora, vigente desde el 1º de mayo de 1994.

2 Artículos 256 y 258 tercer párrafo del Código Penal para el Estado de Sonora, vigente desde el 1º de mayo de 1994.

3 Instituto Nacional de Estadística y Geografía; Unidad de Medida y Actualización (en línea). Disponible aquí (consultado el 7 de mayo de 2020).

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