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El derecho olvidado
Por Asistencia Legal por los Derechos Humanos ASILEGAL
La defensa de derechos humanos no es selectiva ni negociable y, normalmente, encuentra su necesid... La defensa de derechos humanos no es selectiva ni negociable y, normalmente, encuentra su necesidad en los sectores más estigmatizados y olvidados de la sociedad, como lo son las personas en conflicto con la ley penal. Luchamos por darle voz a las mujeres olvidadas, las personas indígenas sin intérprete, las víctimas LGBTTTI de abusos y discriminación del Estado. Luchamos por el derecho de las y los olvidados. (Leer más)
El Sistema Penitenciario, bomba de tiempo que lleva una década explotando
Entre la indiferencia, la ignorancia y la simple apatía, estamos frente a un problema que no debe sorprender cada vez que hay un motín y las voces de opinión se indignan ante el estado del sistema penitenciario.
Por Sergio Pérez Gavilán
16 de marzo, 2020
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Nos siguen cayendo los escombros de una institución que nunca se terminó de levantar.

 

El cambio de paradigma de la readaptación a la reinserción social, en conjunto con la transformación al sistema penal acusatorio y adversarial, han sido algunos de los cambios más importantes en la historia del sistema de justicia mexicano. No hay duda de que, en aras de conseguir mejores y más humanos resultados en temas de justicia penal, se intentó llevar a cabo una reforma que atendiera la evidente dificultad por regenerar proyectos de vida complicados por el conflicto con la ley penal. Sin embargo, aún con legislación medianamente modernizada y adaptada a la coyuntura contemporánea, los problemas del sistema penitenciario, abundan y no se solucionan. Las estadísticas de reincidencia delictiva, la encarcelación en masa, las riñas y motines y la ausencia de programas sólidos de reinserción social, entre otros, siguen dolosamente causando terribles consecuencias en el tejido social del país, como un proyectil que periódicamente se lanza y explota en nuestra propia casa.

Naturalmente, el fortalecimiento con los años de las organizaciones de narcotráfico, más la estrategia militar adoptada desde 2006, ha tenido un papel fundamental en esto. No es necesario obviar que la crisis de seguridad pública es el problema más importante que enfrenta actualmente el país. La respuesta a la planeación de un frente contra el narcotráfico, integralmente, debió haber previsto la necesidad de un aparato penitenciario con fines, capacidades y metas despejadas. Claramente, no fue así, y las organizaciones delictivas tomaron como rehén un sistema penitenciario que nunca tuvo, realmente, la oportunidad de vivir a las expectativas teóricas que se planteó el modelo de reinserción social iniciado en 2011.

Como hemos podido constatar durante la creación y subsecuente publicación del Violentómetro Penitenciario, un mapa interactivo del 2013 al 2019 que registra todos los incidentes de violencia dentro de los centros del país, el trato digno de las personas privadas de libertad es un sueño lejano. Y el problema tiene culpables por todos los ángulos que han logrado la fatídica realidad del sistema de justicia mexicano: corrupción, impunidad, tortura, faltas al debido proceso, falta de mecanismos de reporte de abuso de autoridades, etc. Cada vez que surge un nuevo motín, una nueva riña, un nuevo atentado a la dignidad de las personas privadas de libertad, se habla de la falla del sistema, de las autoridades o, incluso, de la peligrosidad de las personas internadas, pero no es necesario esperar al siguiente motín para darse cuenta de la situación.

Según la información que pudimos recopilar, de 2013 a 2019 se ha promediado anualmente 2,386 incidentes registrados a nivel nacional en los centros penitenciarios del país, incluyendo a 5,234 personas involucradas anualmente en estos conflictos. Pero, tal y como sucede con la cifra negra de impunidad en el país, el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciara (DNSP 2019) notó, al igual que en años pasados, cómo en el 44% de los centros estatales del país hay insuficiencia de vías de remisión de quejas para violaciones de derechos humanos, y en el 42.62% de los centros no cuentan o tienen insuficiencia en programas de atención y prevención de incidentes violentos. Se habla de presencia de cobros en el 39.89% de los centros y autogobierno en el 33.33%, pero ¿cómo se puede tener certeza si no hay vías de remisión de quejas suficientes para toda la población? La realidad se diluye frente a las cifras y la bomba sigue explotando.

La información disponible discrepa cabalmente con la realidad o, al menos, los atisbos a los que se tienen acceso a través de herramientas como los informes del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT), DNSP o el Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional y los medios de comunicación. A través del Violentómetro fue posible dar cuenta que no hay una correspondencia entre lo registrado en el Cuaderno Mensual y los medios, a su vez que, seguido, no hay un reflejo de los reportes de violencia publicados en medios en contraste con las cifras oficiales.

Y aún con la amenaza omnipresente de la desinformación, se debe de hablar de soluciones. Atendamos con urgencia la penosa distribución de cargas de trabajo de los funcionarios del sistema de justicia; pongamos atención específica en los mecanismos de corresponsabilidad; redoblemos en todos los estados la necesidad de una implementación íntegra de la Ley Nacional de Ejecución Penal; exijamos que las instituciones se hagan cargo de las capacitaciones en materia de ejecución penal, tortura y derechos humanos que tanta falta le hacen a las juezas y jueces, defensoras o fiscales que, de primera línea, son aquellos que lamentan las limitaciones que el Estado se ha encargado de olvidar.

Entre la indiferencia, la ignorancia y la simple apatía, estamos frente a un problema que no debe sorprender cada vez que hay un motín y las voces de opinión se indignan ante el estado del sistema penitenciario. Este no es un problema que de pronto sucede en Centros de Reinserción Social de Cieneguillas, Zacatecas, Texcoco, Estado de México, Villahermosa, Tabasco, o Xochitepec, Morelos, tan solo por nombrar cuatro recientes motines o riñas en el país, es un problema patente de todo el sistema penitenciario. No es una cuestión de posibilidad, sino certeza: ¿cuánto tiempo falta para el siguiente motín, escape o riña? Y la respuesta, también, es clara: poco, muy poco tiempo.

No hay necesidad de esperar porque las cosas ya están sucediendo, todos los días, dentro de la gran mayoría de los centros del país. La indignación, la opinión y la vocalización de los problemas no puede limitarse únicamente al conteo de muertos dentro de un espacio del cual no pueden salir. ¿Qué se puede hacer, desde la desesperación, para que no solo las personas involucradas presten atención? ¿cómo les decimos con más fuerza a los legisladores que ampliar las penas o el catálogo de crímenes con prisión preventiva oficiosa no es la solución? Que nunca la ha sido. Que la sangre corre a punta del autogobierno, la corrupción, el hacinamiento y la incapacidad por dar cuenta a la disyuntiva de una bomba que cada día explota con más fuerza, pero en la mañana se reaparece con dos kilos nuevos de dinamita a su lado.

* Sergio Pérez Gavilán es periodista de investigación de ASILEGAL.

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