El sufragio penitenciario y la amnistía que nunca llegó
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El derecho olvidado
Por Asistencia Legal por los Derechos Humanos ASILEGAL
La defensa de derechos humanos no es selectiva ni negociable y, normalmente, encuentra su necesid... La defensa de derechos humanos no es selectiva ni negociable y, normalmente, encuentra su necesidad en los sectores más estigmatizados y olvidados de la sociedad, como lo son las personas en conflicto con la ley penal. Luchamos por darle voz a las mujeres olvidadas, las personas indígenas sin intérprete, las víctimas LGBTTTI de abusos y discriminación del Estado. Luchamos por el derecho de las y los olvidados. (Leer más)
El sufragio penitenciario y la amnistía que nunca llegó
A la fecha, cuando la pandemia podía tener un mecanismo idóneo para evitar contagios, la expedición de la ley quedó en letra muerta.
Por Sergio Pérez Gavilán
22 de abril, 2021
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El voto de las personas privadas de libertad se efectuará por primera vez en la historia del país en las próximas elecciones del 6 de junio 2021. Las personas que actualmente se encuentren bajo proceso o un régimen de prisión preventiva en los CEFERESOS 11 Sonora, 12 Guanajuato, 15 Chiapas, 16 Morelos y 17 Michoacán. Según el Instituto Nacional Electoral, en total, 2 mil 185 personas —mil 680 hombres y 505 mujeres(1)—, llevarán a cabo un sufragio que le dará voz a las preocupaciones y necesidades de todo un sector poblacional, que comprende a 217 mil personas(2), independientemente de su fuero, condición procesal o género e identidad, que adolecen en carne propia el olvido que caracteriza el sistema penitenciario mexicano.

2 mil personas que cargan en sus hombros a 217 mil, por el simple hecho de poder elegir a las autoridades que decidirán el rumbo que debe de tomar la agenda pública sobre los temas de impunidad, justicia penal y reinserción social. Durante demasiado tiempo se ha permitido que la supresión de derechos civiles y políticos sean uno de los rasgos esenciales de la privación de libertad, y con este primer paso se reforma de manera tajante la comprensión futura que se tendrá sobre la relación directa que tienen las personas en prisión con la realidad del país. Además, se les posará la pregunta más esencial de la democracia: ¿quién deberá tomar las decisiones que afectarán el rumbo del país?

Cuando se trata de personas que se encuentran bajo tutela de las autoridades, la necesidad de hacer su voz válida y presente a través de la actividad electoral, no solo es un derecho sino una necesidad. ¿Cuál es la diferencia con grupos de diversos contextos y realidades específicas o minorías con las personas privadas de libertad? Las mujeres, los hombres, los indígenas y las personas de la sexodiversidad en prisión transversan todos los grupos sociales —aunque con un especial énfasis cuando se trata de grupos con escaso acceso a educación y seguridad económica(3)— y sufren en la propia piel los cotidianos atropellos que imperan en el sistema penitenciario: el abuso de prisión preventiva, la creación de culpables, la tortura, el hacinamiento, la falta de acceso a suministros de salud, etc.

Bajo estas líneas se vuelve necesario recordar, como cualquier electorado, las promesas que se hicieron, las que se lograron y las que quedaron en el estéril vacío de la burocracia mexicana. Especialmente una ley federal que prometía mover a congresos locales a expedir leyes similares, todo con el fin de desahogar el sistema penitenciario como nunca antes: la Ley de Amnistía.

Publicada en el DOF en abril del año 2020, la Ley, por fuera, se recibió con el reconocimiento de la sociedad civil y mecanismos internacionales como un paso importante hacia un mayor estado de derecho; una agresiva afrenta a reconstruir el tejido social que ha decimado la Guerra contra el Narco; un progreso en contra de la impunidad. En cambio, por dentro del sistema y con los familiares de las personas privadas por libertad, se percibió solo como una cosa: esperanza.

Sin embargo, la esperanza ha probado ser costosa. A la fecha, cuando la pandemia podía tener un mecanismo idóneo para evitar contagios, la expedición de la ley quedó en letra muerta. 1115 solicitudes a lo largo del país sin una sola liberación en un año. En algún momento, a las personas encargadas para la implementación y efectos necesarios de la ley se les impidió lograr resarcir la deuda histórica con las personas vulnerables del sistema penitenciario:  mujeres que abortaron, robos sin violencia, personas indígenas que no contaron con intérpretes, delitos contra la salud, etc.

Para estas personas la Ley de Amnistía podía ser un boleto, inédito, hacia la restauración de las miles de libertades que jamás se debieron de despojar. Sin embargo, la esperanza que la actual administración le infundió a las personas y a sus familiares, probó ser errónea. Con un excedente de 15 mil personas privadas(4) de libertad a cuando se comenzó la pandemia, es decir, todas las personas más que fueron encarceladas durante la pandemia, la realidad se opuso al deseo con tenacidad.

Las consecuencias de legisladores que han ampliado una y otra vez el artículo 19 de la constitución —el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva—, causaron las trágicas consecuencias de la pandemia en prisión. La inacción y la falta de efectividad al implementar las leyes, como la Ley de Amnistía, que defienden los derechos humanos, en contra del punitivismo muestra un panorama oscuro que ahora las personas podrán atacar a través del voto.

No debe haber olvido ante el contexto del que nace la Ley de Amnistía, pero tampoco del que brotó la reforma al artículo 19. Cuando las personas privadas de libertad voten tienen en sus manos despojar del poder a aquéllos que le siguen atacando desde la discriminación, el desprecio a la falta de oportunidades y las promesas vacías que  lejos de solucionar, quedan en el paulatino olvido. El sufragio penitenciario será, de aquí al 2024, la oportunidad para finalmente escuchar a las personas que fueron silenciadas con un sistema de justicia punitivo, esperemos que las personas en busca de una posición decidan escucharlas; es la única manera de comenzar a ayudarles.

Por Sergio Pérez Gavilán, periodista de investigación de ASILEGAL

 

(1) INE Aprueba INE modelo de operación de prueba piloto del voto de personas en prisión preventiva para elecciones 2021 (3 de febrero 2021). Disponible en: https://centralelectoral.ine.mx/2021/02/03/aprueba-ine-modelo-de-operacion-de-prueba-piloto-del-voto-de-personas-en-prision-preventiva-para-elecciones-2021/

(2) OADPRS, Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria (Febrero 2021). Disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/626744/CE_2021_02.pdf

(3) Acorde a la Encuesta Nacional de Población Privada de Libertad (ENPOL 2016) el 72% de las personas privadas de libertad solo cursaron el nivel educativo básico; mientras el 60.9% se dedicaban a actividades laborales como el trabajo artesanal, operación de maquinaria industrial, actividades agrícolas, comerciantes o comercio informal.

(4) OADPRS, Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria (Marzo 2020 – Febrero 2021). Disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/564752/CE_2020_MARZO.pdf

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