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El derecho olvidado
Por Asistencia Legal por los Derechos Humanos ASILEGAL
La defensa de derechos humanos no es selectiva ni negociable y, normalmente, encuentra su necesid... La defensa de derechos humanos no es selectiva ni negociable y, normalmente, encuentra su necesidad en los sectores más estigmatizados y olvidados de la sociedad, como lo son las personas en conflicto con la ley penal. Luchamos por darle voz a las mujeres olvidadas, las personas indígenas sin intérprete, las víctimas LGBTTTI de abusos y discriminación del Estado. Luchamos por el derecho de las y los olvidados. (Leer más)
El voto es un derecho que merecen las personas privadas de libertad
Los derechos humanos no exigen de buenas conductas o de un apego a la ley para ser efectivos, los derechos humanos protegen la dignidad y no pueden retirarse de manera arbitraria como castigo, por lo que, privadas de libertad o no, con sentencia condenatoria o no, las personas deben poder ejercerlos.
Por Verónica Garzón Bonetti
1 de octubre, 2020
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El sufragio penitenciario: los votos incómodos y negados que deben ser tomados en cuenta

En 2019, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió que la restricción constitucional contemplada en el artículo 38 sobre el derecho al voto para las personas privadas de libertad era, en el caso de personas procesadas, violatoria de derechos humanos. Por tanto, se determinó que las personas sin sentencia y en prisión preventiva, mantenían su derecho a votar. A partir de entonces, se han celebrado una serie de reuniones al interior del INE para dar cumplimiento a la sentencia y garantizar en las próximas elecciones del 2021 que las personas procesadas puedan ejercer su voto, como parte de un programa piloto.

La labor no será fácil e implica considerar los siguientes factores: en primer lugar, se tiene que inyectar una cantidad significativa de presupuesto para construir y mandar los paquetes electorales -que, como se ha estado discutiendo, serán similares a los que se emiten para el voto de personas mexicanas en el extranjero-. En segundo lugar, se debe asegurar que el voto al interior de las prisiones se de en un verdadero clima de seguridad, secrecía y libertad. En tercer lugar, se tiene que determinar cómo hacer llegar a la población la información relevante sobre las y los candidatos, las propuestas y acciones que cada una plantea, con el fin de que las personas cuenten con los datos suficientes para emitir un voto informado.

Independientemente de lo anterior y de las complicaciones intrínsecas que puede tener el proceso electoral al interior de las cárceles, lo que debería discutirse no es cómo lograr el voto bajo estos contextos, sino el por qué este derecho solo lo pueden ejercer las personas procesadas y no las sentenciadas. Es decir, la problemática radica en el hecho de que un porcentaje significativo de la población privada de libertad sigue sin poder acceder a él.

Recordemos que el Tribunal Electoral solamente consideró como beneficiarias de su resolución a las personas procesadas en atención al principio de presunción de inocencia pues, en virtud de que aún no reciben una sentencia condenatoria, limitarles el voto resulta desproporcional y violatorio de sus derechos humanos. Sin embargo, dejó fuera de esta consideración a la población que ya ha sido sentenciada, que actualmente corresponde a 124,625 personas (aproximadamente el 58.7% de la población penitenciaria total1).

Si bien la situación jurídica de las personas sentenciadas es distinta, pues ya han sido declaradas culpables por autoridad judicial competente, esto no es suficiente para restringir el derecho al voto. La argumentación en contra de suprimir el voto de esta población, debe ser discutida y tomada en consideración, pues es abundante:

La importancia del voto en las sociedades democráticas. El ejercicio del derecho al voto es fundamental para garantizar el ejercicio de la ciudadanía a través de la participación y la elección de las personas representantes. Para las personas privadas de libertad este ejercicio es particularmente importante, pues solo a través del voto pueden influir en la toma de decisiones e impulsar cambios en las políticas penitenciarias que, de una forma u otra, impactan sobre sus condiciones de vida en prisión. No es tema de debate si realmente el gobierno es representativo -que no lo es- o escucha efectivamente las demandas y atiende las necesidades de la población -que no lo hace-; sino que se trata dar a las personas la oportunidad de ejercer sus derechos políticos en condiciones de igualdad y de que tengan las vías adecuadas para hacerlos efectivos.

El voto es un derecho de igualdad. El sufragio universal responde no solo a una necesidad democrática sino, sobre todo, a una necesidad de igualdad. El voto es la forma en que todas las personas, independientemente de su situación, pueden participar en la vida pública sin discriminación. En un México que es tan diverso como desigual, el ejercicio de los derechos se vuelve un obstáculo día con día; sin embargo, un elemento que garantiza la democracia es que, independientemente de las desigualdades estructurales que existan y que el mismo sistema reproduzca, las personas pueden hacerse oír a través del voto para la elección de representantes que puedan cambiar la situación.

Un paso más hacia la reinserción social. De acuerdo con la Constitución, el fin de las penas es la reinserción social, vista en un sentido integral como un derecho fundamental y como la base para la construcción de un proyecto de vida en libertad. Los efectos que tiene la restricción al derecho al voto son altamente corrosivos para las personas que, tras haber cubierto su condena, regresan a la sociedad, pues retornan a un espacio del cual fueron expresamente expulsados y donde muy difícilmente pueden rehacer su vida en dignidad. Para que la reinserción social sea más que una mera ficción se deben generar, desde el Estado y en conjunto con la sociedad, mecanismos que garanticen y fortalezcan no solo la participación sino también el apego a la comunidad.

La aplicación de restricciones a derechos fundamentales a manera de castigo constituye un ejercicio despótico del poder. Los derechos humanos no exigen de buenas conductas o de un apego a la ley para ser efectivos, los derechos humanos protegen la dignidad y no pueden retirarse de manera arbitraria como castigo, por lo que, privadas de libertad o no, con sentencia condenatoria o no, las personas deben poder ejercerlos.

De todo lo anterior podemos concluir que la restricción del derecho al voto para las personas privadas de libertad, más allá del castigo estrictamente penal, busca mandar un mensaje claro: que hay personas que no valen lo suficiente como para merecer ser oídas y representadas por el Estado. Personas que ya de por sí se encuentran en el olvido total y que su imposibilidad de votar solo profundiza la estigmatización y la discriminación de la que son víctimas; personas que no son reconocidas como ciudadanas ni se les otorga la voz para reclamar su dignidad.

Finalmente, es importante señalar que el artículo 38 constitucional no ha sido modificado desde su creación en 1917. De hecho, los mismos legisladores que decidieron que no “se advierte necesario conceder el voto a las mujeres”,2 son los que establecieron la restricción del derecho al voto para las personas en prisión. Esto significa que, en la actualidad, seguimos aplicando una norma creada para un México que no solo ya no existe, sino que se vio en la necesidad imperiosa de evolucionar. Todos los cambios sociales que se han generado en el país desde entonces, que a su vez impulsaron todo tipo de reformas, buscan superar esas normas obsoletas y crear nuevas legislaciones que concuerden con la realidad del país y las exigencias de protección de derechos humanos de todas las personas.

Al igual que la cárcel, la restricción del voto para las personas privadas de libertad ha demostrado ser, en todas sus formas, un mecanismo inútil para eliminar la criminalidad; al contrario, ha probado ser un obstáculo más para el ejercicio de los derechos y para la reinserción social. Si seguimos aplicando normas contrarias a derechos humanos y dejamos de cuestionarnos su vigencia, necesidad o pertinencia en la sociedad actual, por muy aceptadas o normalizadas que estén, muy difícilmente podemos llegar a alcanzar un verdadero progreso. De esta forma, no queda camino hacia adelante para un país que se aferra a defender las anclas que nos mantienen en el curso del pasado.

* Verónica Garzón Bonetti es Coordinadora de Incidencia de ASILEGAL.

 

 

1 Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional. Julio de 2020.

2 Diario de debates del Congreso Constituyente de 1917, p. 655

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