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El derecho olvidado
Por Asistencia Legal por los Derechos Humanos ASILEGAL
La defensa de derechos humanos no es selectiva ni negociable y, normalmente, encuentra su necesid... La defensa de derechos humanos no es selectiva ni negociable y, normalmente, encuentra su necesidad en los sectores más estigmatizados y olvidados de la sociedad, como lo son las personas en conflicto con la ley penal. Luchamos por darle voz a las mujeres olvidadas, las personas indígenas sin intérprete, las víctimas LGBTTTI de abusos y discriminación del Estado. Luchamos por el derecho de las y los olvidados. (Leer más)
La crisis penitenciaria continuará si se asume que sólo sucedió por el virus
Las liberaciones que se buscan o intentan conseguir como acción preventiva a la propagación del virus no deberían ser lo extraordinario sino la regla.
Por Sergio Pérez Gavilán / ASILEGAL
27 de mayo, 2020
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El paso de la pandemia alrededor del mundo ha expuesto con tenacidad la verdadera estima que tienen por los derechos humanos las y los dirigentes de gobiernos en todos los continentes. El contexto mexicano, por su parte, ha demostrado un desarrollo interesante con respecto a la institución donde, regularmente, suceden la mayor parte de los abusos de las autoridades a los derechos de las personas: el sistema penitenciario.

Antes de que explotara la crisis de salud global, México detenía su respiración por la propuesta de una ley que se suponía podría cambiar el presente de miles de familias con seres queridos en situación de reclusión. La Ley de Amnistía prometió resarcir un daño e injusticias reiteradas e históricas a grupos vulnerables, titulares sobre la acción humanitaria llevaban semanas tomando fuerza en el internet, lamentables columnas de opinión gritando que el ejecutivo quería liberar “criminales” y miles de personas, más de 200 mil dentro y fuera de los centros del país, se detenían en velo sobre el significado de esta ley.

La privación de la libertad podría hacer a cualquier persona aferrarse a una mínima señal de esperanza. La pandemia evidenció, por tanto, que esta esperanza se enraíza en que las personas privadas de libertad simplemente no tienen acceso a los derechos fundamentales que se les debería garantizar. Antes del COVID-19 ya habían 76,745 (1) personas en prisión preventiva —sin sentencia—, algunos con más de 10 años en dicha situación; antes del COVID-19, 110 (2) centros a lo largo y ancho del país presentaban sobrepoblación, en ocasiones albergando a 11 personas en espacios para 5; antes del COVID-19, 27 de los 32 (3) estados tenían deficiencias importantes para atender la salud de la población, llevando a casos fatales de enfermedades solucionables en lo ordinario de la cotidianidad.

Y la caravana del abuso que sucede dentro del sistema penitenciario sigue y sigue, con cifras que señalan autogobierno, o que en el 75% de las entidades federativas se presentan deficiencias en garantizar una buena alimentación a las personas privadas de libertad. (4) Durante la pandemia los abusos siguen sucediendo, pero al menos se está volteando el ojo, se está exigiendo a las autoridades e ignorando las voces que se aferran a suponer que no todo ser humano es recipiente de derechos. ¿Podría ser esperable que seguirá esta atención cuando la emergencia o la coyuntura legislativa no lo demande?, ¿somos nuestra respuesta ante las crisis o somos lo que hacemos repetidamente frente a la adversidad de la vida cotidiana? Las afectaciones, peligros y el evidente fracaso del sistema penitenciario no sólo frente a la reinserción social, sino a la posición de garante de derechos fundamentales, suponen que se planteen estas preguntas con seriedad, pues la identidad de nuestra sociedad se está jugando de por medio.

Frente a una potencial salida o una continuación intermitente de los estragos del virus hasta encontrar una cura, de la instauración de la llamada “nueva normalidad”, la ola de exigencia debe de continuar. No como antes, sino que, con mayor presión, con convicción de que el rendimiento de cuentas sí puede funcionar, de que no nos podemos satisfacer con conocer los abusos e ineptitudes de las autoridades, sino que demandamos acciones que apoyen a las personas que más sufren.

Las liberaciones que se buscan o intentan conseguir como acción preventiva a la propagación del virus no deberían ser lo extraordinario sino la regla. La despresurización del sistema penitenciario lleva mucho, mucho tiempo en velo por ser conseguida y la puerta se abre de una manera inesperada que no nos podemos dar el lujo de ignorar. La Ley de Amnistía fue un primer, pequeño paso, pero las personas recipientes serán mínimas, por lo que es un antecedente, más no un final. Si el pasado del sistema penitenciario ha declarado con ímpetu que su destino es incompatible con el respeto a los derechos humanos, nosotros tenemos el deber de afirmar con aún mayor potencia que la suma del pasado no construye un futuro.

Las deficiencias pasadas del sistema de justicia y penitenciario, no determinaron que fuera imposible transicionar a un modelo oral-acusatorio o de reinserción social. Es por ello que, de la misma manera, ante la situación que ha evidenciado las incapacidades de salvaguardar tanto al personal como a las personas privadas de libertad, es que se vuelve posible creer con la misma esperanza con la que una persona privada de libertad recibió noticia de una ley de amnistía.

Sin limitar a un sistema penitenciario, el horizonte que se construye cada día empieza con el interés y la exigencia que ha caracterizado el desarrollo de esta crisis. La pandemia no ha terminado, pero es posible notar que aún se avecina lo más complicado: convertir la exigencia en acción, y la acción en hábito.

* Sergio Pérez Gavilán, periodista de investigación de @AsilegalMx.

 

1 De acuerdo al Órgano de Prevención y Readaptación Social (OPRS), a febrero de 2020 la población privada de libertad ascendía a 203,393 personas, de las cuales 10,696 pertenecían a la población femenil y 192,697 a la población varonil, de ese total 76,475 personas se encontraban en prisión preventiva.

2 Órgano de Prevención y Readaptación Social (OPRS), febrero 2020.

3 Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2019 (DNSP)

4 op. Cit. (DNSP 2019)

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