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El derecho olvidado
Por Asistencia Legal por los Derechos Humanos ASILEGAL
La defensa de derechos humanos no es selectiva ni negociable y, normalmente, encuentra su necesid... La defensa de derechos humanos no es selectiva ni negociable y, normalmente, encuentra su necesidad en los sectores más estigmatizados y olvidados de la sociedad, como lo son las personas en conflicto con la ley penal. Luchamos por darle voz a las mujeres olvidadas, las personas indígenas sin intérprete, las víctimas LGBTTTI de abusos y discriminación del Estado. Luchamos por el derecho de las y los olvidados. (Leer más)
La ENPOL 2021 como herramienta para la generación y el análisis de políticas públicas
La ENPOL, y la vasta cantidad de información que presenta requiere de un análisis profundo tanto por las organizaciones de la sociedad civil que atienden a la población privada de la libertad, como por las entidades gubernamentales que actúan como corresponsables con la reinserción social.
Por José Luis Gutierrez Román
10 de diciembre, 2021
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La Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad 2021 (ENPOL) representa una gran herramienta para dar seguimiento a la situación de los derechos humanos de las personas privadas de libertad y la manera como se ha implementado el Sistema de Justicia Penal Acusatorio. Esta encuesta representa, asimismo, un complemento a otros diagnósticos publicados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el marco de su Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria y los propios informes del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, así como del Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria que emite el Órgano Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social dependiente del Gobierno Federal.

La ENPOL hace patente la voluntad del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) de asumir su obligación como autoridad corresponsable con la reinserción social establecida en la interpretación de la parte final del párrafo segundo del artículo 7 de la Ley Nacional de Ejecución Penal (LNEP) pues se realiza lo establecido en el artículo 29 de dicha ley.

Esta encuesta ofrece información valiosa del contexto social de las personas privadas de libertad, en particular sobre la violencia que pudieron haber vivido en su entorno familiar y social previo a su internamiento y presenta un panorama respecto al tipo de delitos que cometieron las personas en reclusión. Por ejemplo, sabemos que el principal delito cometido fue el robo en alguna de sus modalidades, pues representa casi una tercera parte del total de sentenciados (32.7%) y más de una cuarta parte de las personas privadas de la libertad que están siendo procesadas (26.7%).

La ENPOL también aporta datos importantes que permiten identificar casos de tortura durante la detención, la puesta a disposición ante el Ministerio Público, el proceso y el cumplimiento de la pena. En particular, en el caso de la detención, la ENPOL permite identificar si la policía, como primer respondiente, cumple o no con los protocolos establecidos para el desarrollo de esta actividad y la manera como este incumplimiento da la pauta para la perpetración de actos de tortura. También nos da una idea de qué pasa entre la detención y la presentación ante el Ministerio Público: 64.5% de la población privada de la libertad dice haber sufrido actos de violencia en ese intervalo, incluyendo el recibir amenazas de levantar cargos falsos (39.2%) y agresiones físicas (48.6%). Aunado a ello, también con relación a casos de tortura, se aportan datos interesantes respecto al porcentaje de personas que declararon haber cometido el delito del que se les acusó, que es poco menos de la mitad (48.8%). Sin embargo, en este grupo, el 42.4% lo hizo no por reconocer los hechos, sino por ser haber sido presionado o amenazado para hacerlo.

La ENPOL permite evaluar el respeto a derechos fundamentales de la persona imputada, como el derecho a saber la razón por la que está detenida (únicamente el 66.1% de los detenidos fueron informados), información muy importante porque su ausencia trae como consecuencia el dejar en una situación de indefensión a las personas privadas de libertad.

Por cuanto al cumplimiento o incumplimiento del derecho a una defensa adecuada y de las herramientas con las que cuentan las personas privadas de libertad para hacerlo valer, la ENPOL reveló que la mitad de los sentenciados solamente han contado con defensores de oficio y que éstos usualmente recomiendan declararse culpable y optar por el procedimiento abreviado, además de que, desde la percepción de los sentenciados, solo el 27.2% de los defensores de oficio presentaron elementos para probar su inocencia. Esto podría servir como un punto de partida para analizar cómo están funcionando los programas de defensoría pública y el efecto que tienen sobre el número de personas privadas de libertad y las condiciones de su condena.

La encuesta incluyó datos sobre el hacinamiento en los centros penitenciarios, lo cual es un tema importante pues esta situación desencadeno diversas problemáticas para la protección a la salud de las personas privadas de libertad durante la pandemia ocasionada por la COVID-19. Es imposible respetar la sana distancia cuando se tiene que compartir una celda con más de 5 personas, como le sucedió al 46.4% de la población privada de la libertad, e incluso existen casos donde en una misma celda hay más de 15 personas encerradas.

Con relación al autogobierno y cogobierno, la ENPOL incluyó datos que reflejan cómo estas situaciones repercuten en el funcionamiento de los centros penitenciarios: 36.7% de la población ha identificado estas situaciones, donde un grupo tiene control sobre las llaves de las celdas y sobre si otros internos pueden o no tomar parte en las actividades programadas. Incluso hay ataques contra las autoridades penitenciarias y riñas entre varios grupos por el control del centro. Esto, por supuesto, facilita que haya más violaciones a los derechos humanos de los internos que no forman parte de estos grupos y que la corrupción se vuelva algo común, que es la principal razón por la que muchos afectados (33.6%) no la denuncian.

Una parte muy importante de la encuesta tiene que ver con las expectativas de reinserción social una vez cumplida la condena: más de la mitad de las personas cree que le será difícil reinsertarse al ámbito laboral, lo que a su vez puede derivar en una reincidencia. A esto hay que sumarle que aproximadamente el 28% de las personas prevé encontrar dificultades en la reintegración familiar y con sus amigos, lo que significa que no van a contar con esas redes de apoyo al estar libres, lo que podría evitar su plena reinserción.

Las grandes ausencias

En la ENPOL, aunque se hace mención a las personas privadas de libertad que hablan alguna lengua distinta al español y cuáles han sufrido discriminación por ser parte de algún pueblo indígena, no se aportan más datos: no hay datos sobre el número de personas privadas de la libertad pertenecen a comunidades indígenas ni cuántas no recibieron la asesoría de un traductor al estar en el Ministerio Público, por ejemplo. Esta es una ausencia grave por ser un sector al que sistemáticamente le son violados sus derechos humanos y al que, por lo tanto, es necesario dar un puntual seguimiento.

En la ENPOL sigue sin haber suficientes datos sobre las personas LGBTTTQI+ privadas de la libertad. La encuesta agregó dos rubros muy generales: orientación sexual e identidad sexual, que, aunque son un avance en términos del reconocimiento de esta población, no se mencionan en los ámbitos de salud, deporte, reinserción social, violencia física y psicológica, entre otros, donde la población LGBTTTQI+ podría requerir de atención focalizada.

En la ENPOL tampoco hay información correspondiente a la población con discapacidad en los centros penitenciarios. No existe mención alguna de este grupo en situación de vulnerabilidad y es necesario dar seguimiento a los procesos que enfrentan las personas con discapacidad, entendiendo que, como los grupos ya mencionados, tienen necesidades específicas que deben ser cubiertas por el Estado.

Todas estas ausencias son notorias porque, al no tener datos reales sobre estos grupos, no se pueden discutir las políticas públicas necesarias para atenderlos.

En resumen, la ENPOL, y la vasta cantidad de información que presenta requiere de un análisis profundo tanto por las organizaciones de la sociedad civil que atienden a la población privada de la libertad, como por las entidades gubernamentales que actúan como corresponsables con la reinserción social y que generan políticas públicas enfocadas a la prevención de la reincidencia delictiva, la salvaguarda de los derechos humanos y el combate a la corrupción, sin dejar de lado a los representantes del poder judicial, cuyas áreas de oportunidad se evidencian en esta clase de ejercicios. Aún más, todos los ciudadanos deberían conocer lo que sucede dentro de las cárceles, pues es aquí donde una sociedad se refleja más claramente: en el tratamiento de sus miembros más vulnerables.

* José Luis Gutierrez Román (@JLuisASILEGAL) es Director de @AsilegalMx.

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