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El derecho olvidado
Por Asistencia Legal por los Derechos Humanos ASILEGAL
La defensa de derechos humanos no es selectiva ni negociable y, normalmente, encuentra su necesid... La defensa de derechos humanos no es selectiva ni negociable y, normalmente, encuentra su necesidad en los sectores más estigmatizados y olvidados de la sociedad, como lo son las personas en conflicto con la ley penal. Luchamos por darle voz a las mujeres olvidadas, las personas indígenas sin intérprete, las víctimas LGBTTTI de abusos y discriminación del Estado. Luchamos por el derecho de las y los olvidados. (Leer más)
La injusticia de la justicia
Cuando una persona se enfrenta a la acusación de haber realizado una conducta delictiva, se pone en marcha todo el aparato del Estado con el fin de establecer una consecuencia jurídica, para lo que existen diversas instituciones que se avocan a investigar, perseguir, juzgar y cumplir las determinaciones que se producen con ese motivo. Desde ahí comienza la injusticia
Por Luis Durán
27 de julio, 2021
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La pregunta que surge es: ¿la justicia es justa?

Podríamos entrar al debate de Kelsen sobre ella, pero no es el caso en este momento, la idea es exponer una parte de la aplicación de la justicia en el mundo práctico y saber si cumple con su objetivo.

Cuando una persona se enfrenta a la acusación de haber realizado una conducta delictiva, se pone en marcha todo el aparato del Estado con el fin de establecer una consecuencia jurídica para el actor de dicha conducta, para lo que existen diversas instituciones que se avocan a investigar, perseguir, juzgar y cumplir las determinaciones que se producen con ese motivo. Desde ahí comienza la injusticia por inequidad, ya que la persona imputada, con sus recursos generalmente limitados y con el acompañamiento de un abogado que, en el mejor de los casos, comparte su dedicación profesional con otra decena de asuntos, tiene que enfrentarse a un majestuoso ejército de servidores públicos especializados en cada una de las áreas mencionadas, equipados con todos los recursos materiales y financieros necesarios para ello.

Cuando el Poder Judicial toma conocimiento de alguna de las miles de acusaciones realizadas por el Ministerio Público, la turna a uno de los pocos jueces penales que existen (es sabido que México es un país que tiene un gran déficit de jueces en relación con el número de su densidad demográfica) quien, generalmente limitado por sus conocimientos adquiridos a través de estudios y experiencia, desahoga las acciones inherentes a su encargo con los elementos que las partes han aportado, lo que produce un retraso y una mala gestión de los juicios, propiciando otra situación de injusticia.

En los casos en los que se determina prisión preventiva, la persona procesada pasa cierto tiempo privada de libertad, sin tener determinada una responsabilidad penal; tal situación, aunque legal, es injusta.

Otra forma de injusticia se observa en los casos en los que después de largos procedimientos y de acudir a diversas instancias, una persona procesada obtiene una sentencia definitiva que lo absuelve, por lo que la autoridad ejecutora lo pone en libertad, sin que le sea resarcido el daño social, económico, emocional, laboral y familiar ocasionado.

Cuando la sentencia es privativa de la libertad, la persona sentenciada debe permanecer en un centro de reclusión el tiempo determinado por la autoridad judicial que así lo dispuso; sin embargo, es preciso recordar que la pena de prisión implica únicamente la privación de la libertad y nada más, pero es sabido que en los centros penitenciarios se padecen malas condiciones de internamiento, como malos tratos, extorsiones, hacinamiento, cobros indebidos, falta de atención médica, mala alimentación, etc., sin que la autoridad judicial emita resoluciones que las erradiquen, como lo establece la Ley Nacional de Ejecución Penal. Otra injusticia.

La más grande de las injusticias suceden cuando una persona tiene que pasar años en prisión con motivo de una sentencia condenatoria sin que haya realizado la conducta delictiva que se le imputó, ya que pasa por una prisión preventiva, por las fallas del aparato de enjuiciamiento y por las perversiones del sistema penitenciario.

La suma de todas estas injusticias tiene su impacto en víctimas colaterales que son los familiares del penado, a la que se puede añadir los gastos onerosos de la defensa y la manutención en prisión, además de la falta de información y orientación de cada una de las autoridades implicadas en este largo camino.

Por eso surge la falta de confianza y credibilidad de las instituciones del Estado que deben garantizar el derecho humano a la justicia, por lo que surge la noción en el colectivo de la injusticia de la justicia.

* Luis Durán es especialista en sistemas penitenciarios y colaborador externo de @AsilegalMx.

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