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El derecho olvidado
Por Asistencia Legal por los Derechos Humanos ASILEGAL
La defensa de derechos humanos no es selectiva ni negociable y, normalmente, encuentra su necesid... La defensa de derechos humanos no es selectiva ni negociable y, normalmente, encuentra su necesidad en los sectores más estigmatizados y olvidados de la sociedad, como lo son las personas en conflicto con la ley penal. Luchamos por darle voz a las mujeres olvidadas, las personas indígenas sin intérprete, las víctimas LGBTTTI de abusos y discriminación del Estado. Luchamos por el derecho de las y los olvidados. (Leer más)
La mano dura frente al crimen ha sobrepoblado las cárceles de impunidad
En la última década, el 7.1% de los delitos del fuero común a los que se les abrió una carpeta de investigación ha significado la privación de libertad de miles y miles de mexicanas y mexicanos; ha configurado, una y otra vez, la destrucción de familias y comunidades, así como trazos indelebles de las peores prácticas que delinean la cotidianidad del sistema de justicia.
Por Sergio Pérez Gavilán
27 de octubre, 2020
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A la luz de las más recientes discusiones sobre las ampliaciones de delitos graves, tanto desde la Cámara Diputados como desde el Senado y gobiernos estatales, queda claro que las personas que ejecutan la agenda legislativa del país simplemente no pueden (o no quieren) entender lo obvio: la impunidad no se va a terminar con la privación de libertad, ni con la ampliación del catálogo de delitos graves, ni con la perspectiva de una “mano dura” frente al crimen.

Esta aproximación se ha intentado y, claramente, ha fracasado. En los últimos 10 años, acorde a la información recopilada por Hallazgos 2019 de México Evalúa, la cifra negra se ha promediado en un 92.9%. Si la estrategia de militarización, castigos severos a los delitos contra la salud, trata de personas y narcotráfico de los últimos dos años de Calderón, todo el sexenio de Peña Nieto y los primeros dos de Andrés Manuel López Obrador hubieran funcionado, ¿cómo es posible que este sea el promedio de impunidad de la década? Las afectaciones a las personas de por sí ya olvidadas, a las comunidades más pobres y más azotadas por la guerra, por demás, empiezan desde el sistema de justicia.

El 92.9% mencionado no refiere a que el porcentaje restante es libre de impunidad. Más bien señala, tal como es imposible ignorar, que el 7.1% de todos los delitos del fuero común cometidos en la última década se les comenzó una carpeta de investigación. Pero, eso no significa que en ese 7.1% hay estandartes de calidad policiaca y judicial, pues ¿cuántas de esas carpetas fueron llevadas a cabo con un debido proceso, sin coacción para aceptar un procedimiento abreviado, atendiendo a una perspectiva de género, con intérprete traductor en todo momento, libres de tortura y malos tratos, sin creación de pruebas o culpables, sin víctimas colaterales por impericia policiaca o judicial?

Y aun así, ese 7.1% ha significado la privación de libertad de miles y miles de mexicanas y mexicanos; ha configurado, una y otra vez, la destrucción de familias y comunidades, así como trazos indelebles de las peores prácticas que delinean la cotidianidad del sistema de justicia. El amplio grueso de la población penitenciaria corresponde a delitos del fuero común, 185 mil 42 personas para agosto 2020, acorde al Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional, los cuales actualmente significan el 86.67% de toda la población privada de libertad.  Casi todas las personas que están en prisión pertenecen a este conjunto poblacional y de esas mismas, el 36.19% (que no engañe el porcentaje para que parezca menor pues se habla de 77,266 personas) se encuentran procesados o sin sentencia; seguido, por más de dos años como supone la ley en máximo. En ciertos casos, como el de Brenda Quevedo, quien lleva 15 años sin recibir una sentencia.

Hablar de carpetas de investigación iniciadas, no puede entenderse como los casos sin impunidad, sino, tal cual, en los que se dignó a hacer un movimiento de cualquier tipo la autoridad. Lo cual lleva a pensar, bajo el supuesto de que la cámara de diputados hace tan solo quince días seguían afirmando una perspectiva de “cero impunidad”, para ampliar la prisión preventiva, no están realmente tratando de atender las problemáticas institucionales y de fortalecimiento necesarias, sino que están buscando resultados, como todos sus antecesores, en encarcelar a las personas más vulnerables.

Es inverosímil la situación que ha supuesto una nueva ampliación del catálogo de delitos contemplados en el artículo 19 de la Constitución, así como reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales. En un giro cínico y cruel, la esperanza que queda para todas las personas que potencialmente se verán enfrascadas en un conflicto con la ley penal, que sean fabricadas como culpables o que se encuentren en situaciones de necesidad y precariedad que lleven a la comisión de un delito, es que la poderosa brecha entre legislación y aplicación se presente a su favor.

Actualmente, según el Cuaderno Mensual, de los 294 centros penitenciarios en el país, 121 están sobrepoblados; 89,067 personas privadas de libertad no cuentan con sentencia; y según el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria en el 72.68% de los centros estatales y el 94% de los federales hay insuficiencia de personal. Si el Sistema Penitenciario está en una crisis continúa por no poder manejar los números de personas que alberga, la cantidad de gente que necesita y, además, atiende a cumplir las penas de una fracción mínima de los delitos cometidos en el país, es plenamente una locura creer que habrá soluciones efectivas (para fuera o dentro del mismo sistema) si se sigue buscando que más personas pierdan su libertad.

Dejemos la “mano dura” y hablemos de fortalecimiento institucional. Hagamos que la aplicación de la ley sea algo deseable para las personas más vulnerables y no lo contrario.

* Sergio Pérez Gavilán es periodista de investigación de ASILEGAL (@AsilegalMx).

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