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El derecho olvidado
Por Asistencia Legal por los Derechos Humanos ASILEGAL
La defensa de derechos humanos no es selectiva ni negociable y, normalmente, encuentra su necesid... La defensa de derechos humanos no es selectiva ni negociable y, normalmente, encuentra su necesidad en los sectores más estigmatizados y olvidados de la sociedad, como lo son las personas en conflicto con la ley penal. Luchamos por darle voz a las mujeres olvidadas, las personas indígenas sin intérprete, las víctimas LGBTTTI de abusos y discriminación del Estado. Luchamos por el derecho de las y los olvidados. (Leer más)
La nueva normalidad para las personas privadas de libertad: el regreso al olvido
Lo que se vislumbraba como una oportunidad para reconocer los derechos y la protección de la dignidad de las personas en conflicto con la ley penal, terminó siendo letra muerta.
Por José Luis Gutiérrez
15 de septiembre, 2020
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Desde el comienzo de la pandemia una cascada de notas periodísticas, reportes televisivos, radiofónicos y hasta publicaciones en redes sociales, nos daban cuenta de lo que sucedía con las personas privadas de libertad frente a la amenaza ­–un interés desmesurado y atípico para la materia que trata ASILEGAL­, pues regularmente luchamos por generar focos de atención sobre esta población­–. Esta situación, por tanto, generó que en ASILEGAL iniciáramos, desde el 1 de abril, un monitoreo penitenciario por medio del #MapaPenitenciarioCOVID-19, mismo que recopila puntualmente contagios, decesos, incidentes violentos y las libertades que impactan directamente en la vida de los derechos humanos de las personas privadas de libertad.

Por primera vez en mucho tiempo la población privada de libertad se hizo visible. La ciudadanía se enteró que esta población se encuentra en condiciones terribles de hacinamiento, además de entornos violentos donde el autogobierno, la corrupción y la compra de privilegios son prácticas constantes y normalizadas. En este contexto, también la ciudadanía se enteró que el uso y abuso de la prisión preventiva afecta en mayor medida a las mujeres que a los hombres y que la población femenil se encuentra en situaciones drásticas de abandono, al igual que las personas indígenas, los adultos mayores y las personas con enfermedades crónico degenerativas.

Los medios de comunicación nos hicieron cómplices de las riñas y motines que se suscitaban al interior y fuera de los centros penitenciarios, derivados de las acciones impuestas por las autoridades penitenciarias. En este contexto, supimos de varios episodios, a través de testimonios de familiares, en donde les vendían a precios elevados los productos de higiene personal y limpieza al interior de las tiendas en los centros penitenciarios, donde, además, se les vendían los productos que habían sido donados de forma gratuita por diversas organizaciones. De igual forma, conocimos de voz de los propios familiares y personas privadas de libertad sobre centros penitenciarios a lo largo y ancho del país donde es inminente la no garantía de los derechos de las personas privadas de libertad; principalmente, de mujeres madres con hijos viviendo al interior de los centros, quienes fueron mandados a albergues o con familiares negándoles el derecho de estar cerca.

La opinión pública descubrió, también, que desde 2008 existió una reforma que dio origen al procedimiento de ejecución penal donde surge la figura del juez de ejecución, cuya competencia es garantizar a las personas privadas de libertad el goce de los derechos y garantías fundamentales que les reconoce la constitución, los tratados internacionales y la propia Ley Nacional de Ejecución Penal (LNEP). No obstante, también cayó en cuenta que estos jueces están en detención de funciones, lo que se traduce en que a la población privada de libertad y sus familiares les quede únicamente suplicar que se atendieran sus peticiones.

Fuimos testigos de la promulgación de la Ley de Amnistía, que, disfrazada bajo la promesa de liberar personas privadas de libertad en el contexto de la pandemia, despertó una luz de esperanza para todas esas personas a las que el sistema de justicia y el propio Estado les había quedado a deber por no considerar sus contextos sobre violencia de género, visión intercultural, drogodependencia y la pobreza. Lo interesante -o lamentable-, de ello es que al día de hoy nadie ha podido beneficiarse de ella.

Durante estos meses, un marco mediático envolvió efímeramente el contexto de violencia en el que sobreviven las personas privadas de la libertad. Los organismos internacionales exhortaron al Estado a cumplir las obligaciones consagradas en los pactos internacionales e incluso las medidas implementadas por los sistemas de justicia penal llegaron a compararse con prácticas torturantes.

Sobre ello, ni el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) ni la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, mucho menos la Secretaría de Gobernación, tuvieron a bien emitir una opinión ni una respuesta al pronunciamiento que ASILEGAL lanzó1 con el respaldo de más de 25 organizaciones de la sociedad civil y una red conformada por más de 80, el 17 de agosto de 2020 cuando la cifra por contagios acumulados en los centros penitenciarios rebasaba las 2,300 personas.2

Lo cierto es que, en el comienzo de la liberación de la pandemia, estos avances se comienzan a diluir en la emergencia. Lo que se vislumbraba al final del túnel como una luz de oportunidad del reconocimiento de los derechos y de la protección de la dignidad de las personas en conflicto con la ley penal, terminó siendo letra muerta.

Sabemos que esta población vulnerada no es una prioridad para las autoridades, y que incluso las políticas públicas sobre acceso a los servicios de salud no será una prioridad en la implementación de la nueva normalidad “civil”. Los medicamentos nunca llegarán, los servicios médicos seguirán siendo negados bajo cualquier pretexto u objeción, y las vacunas para prevenir y contener el COVID-19 llegarán, con suerte, hasta que esté cubierta la demanda nacional de personas que no viven dentro de un centro penitenciario.

La nueva normalidad para las personas que se encuentran internadas en un centro de reinserción es una realidad abrumante: una condena anunciada al olvido sistemático; una vez más, el sistema de justicia ejecutará su rol inquisitivo que en las últimas décadas no ha abonado en nada a la reinserción sustantiva de las personas.

El trabajo que se realiza para diagnosticar y denunciar lo ocurrido dentro de los penales en México es una labor necesaria para aliviar la crisis que atenta con la vida y los derechos de las personas. En tanto no tengamos un sistema de justicia que garantice que ninguna persona inocente será criminalizada en razón de sus vulnerabilidades, la sociedad civil organizada no dejaremos de insistir y de denunciar la violencia de la cual el Estado es único responsable.

* José Luis Gutiérrez es director de @AsilegalMx.

 

 

1 Asistencia Legal por los derechos humanos A. C. y otros, Solicitamos la intervención del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, 17 agosto 2020.

2 Asistencia Legal por los derechos humanos A. C., Mapa Penitenciario COVID-19 ASILEGAL, 14 agosto 2020, monitoreo periódico disponible aquí.

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