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El derecho olvidado
Por Asistencia Legal por los Derechos Humanos ASILEGAL
La defensa de derechos humanos no es selectiva ni negociable y, normalmente, encuentra su necesid... La defensa de derechos humanos no es selectiva ni negociable y, normalmente, encuentra su necesidad en los sectores más estigmatizados y olvidados de la sociedad, como lo son las personas en conflicto con la ley penal. Luchamos por darle voz a las mujeres olvidadas, las personas indígenas sin intérprete, las víctimas LGBTTTI de abusos y discriminación del Estado. Luchamos por el derecho de las y los olvidados. (Leer más)
La prisión como arma política en contra de comunidades indígenas
José Antonio, José Luis y José Gerardo llevan dos años privados de libertad sin sentencia, víctimas del abuso de la prisión preventiva, las detenciones arbitrarias y tortura, y aún así el Estado lucha contra ellos para no reconocer la autonomía de su gobierno de usos y costumbres.
Por Sergio Pérez Gavilán
12 de febrero, 2021
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En 2011 inició un proceso por las autonomías gubernamentales indígenas en Morelia. En medio del fuego desatado por la Guerra contra el Narco, el cual comenzó y afectó con particular severidad a la población del estado, en el municipio de Cherán —a escasos 100 kilómetros de Morelia—, las comunidades conformaron gobiernos autónomos a partir de asambleas regidas por usos y costumbres que fueran acorde a las prácticas políticas y sociales de las naciones indígenas que habitan en el estado. En ese entonces, las personas lograron efectivamente expulsar a los partidos políticos que sentían no reflejaban sus necesidades sociales, y Cherán asumió el gobierno de su municipio.

Cuatro años después, en 2015, el municipio de Nahuatzen, vecino de Cherán, decidió seguir la pauta y al ser reconocidas sus intenciones y líderes locales por el Instituto Nacional Electoral se estableció un nuevo gobierno sin partidos políticos, conformado por los usos y costumbres de las asambleas de los cuatro barrios que conforman el municipio. Naturalmente, para ejercer su autonomía se le pidió al gobierno del estado la parte proporcional del presupuesto destinado al municipio. Sin embargo, la resistencia del gobierno hegemónico no tardó en hacerse patente sobre Nahuatzen y sus habitantes.

El contexto de inseguridad y de graves colaboraciones entre autoridades y operadores del crimen organizado, expresado a través del monocultivo del aguacate, tala ilegal de bosques y generalizada violencia, llevó a líderes de Nahuatzen de origen P’urhépecha como José Antonio y José Luis a hacer un frente desde el control que tienen sobre sus propias comunidades. El gobernador del estado Silvano Aureoles, no obstante, se pronunció públicamente en contra; no quería repetir la posibilidad que tuvo Cherán en su momento de asumir su gobierno. Y estos líderes de dos de los cuatro barrios que conforman Nahuatzen no tardaron en ser encarcelados a través de técnicas de criminalización, desarticulación y deslegitimación de su gobierno.

José Antonio y José Luis eran concejales mayores de sus comunidades de origen purépecha, y como tales, de una importancia delicada para la existencia del gobierno que se estaba formado. Con razones inverosímiles y absurdas, fueron criminalizados por el Estado y encarcelados en un CERESO de Michoacán. Ellos, en conjunto con José Gerardo quien también era colaborador de Nahuatzen, son perseguidos políticos que luchan por su comunidad, sus tierras y desde hace dos años por su propia libertad.

Las personas pertenecientes a pueblos originarios como José Antonio, José Luis y José Gerardo, al entrar en un centro penitenciario, inmediatamente se convierten en parte de un grupo de alta vulnerabilidad. Actualmente ellos se ven destinados a enfrentar un proceso penal sin libertad, mismo que según sus propios abogados cada vez se ve más agotado de recursos para terminar su detención ilegal, y que ya incurre en faltas al debido proceso como lo es el abuso de prisión preventiva y tortura. Pero, como fue el caso de Pedro Gatica, una persona indígena M’phaa originario de la sierra de Guerrero que fue defendido por ASILEGAL en 2012, el abuso de esta medida puede llegar a durar hasta 11 años.

Ellos deberán enfrentar primero a un sistema penitenciario que regularmente les niega el derecho a la libre determinación de sus prácticas culturales, religiosas y étnicas, luego la invisibilización en un sistema que les reconozca su origen indígena pues al declarar que saben español, como miles más, se les omite el reconocimiento de su identidad originaria. Además, es importante tener en cuenta que el sistema continúa estando poco preparado para atender el proceso de las personas indígenas: acorde al Censo de Población Indígena Privada de Libertad (2017) el 85.2% de las personas en conflicto con la ley penal no contaron con un intérprete traductor; así como se enfrentan a regular discriminación y menosprecio para cualquier tipo de actividad, el 57.8% de las personas indígenas en reclusión no desarrolla actividades educativas, el 32.3% no realiza actividad laboral alguna y, del resto, el 47.4% se enfoca a la elaboración de artesanías. Sumado a esto, al ser extraídos de su lugar de origen y tener pocos accesos a sustento económico, el 31% de las personas no tienen contacto con familiares o visitas conyugales.

José Antonio, José Luis y José Gerardo fueron arrestados sin orden de detención previa, por medio del uso de violencia, mientras ejercían sus funciones públicas, y se les imputaron los delitos de sabotaje y robo calificado. “Sabotaje forma parte de los tipos penales ambiguos, como el delito de sedición, que se usan como delitos contra el Estado”, comentó Claudia Ignacio Alvarez de Red Solidaria, encargados de la defensa de los tres. “Se les imputa que habían dañado las instalaciones del DIF municipal y habían robado un auto de propiedad estatal. En realidad, se trataba de un camión de basura que se les había otorgado para que cumpliera su función con normalidad. Esto es un sinsentido porque los hechos que fabricaron, por supuesto, no ocurrieron. Estos delitos como sabotaje y sedición se usan como herramienta de criminalización de personas defensoras y en este caso es usado de manera dolosa, pues ellos dos no estaban en la comunidad, sino en una mesa con el gobierno del estado. Cuando regresan, una persona de su comunidad estaba herido de bala, y tienen que movilizarse inmediatamente a un hospital en Uruapan”.

“Las autoridades fabricaron que los dos habían estado el día de los hechos en el ayuntamiento, que entraron por la fuerza y se robaron el camión. Después de su detención, las irregularidades fueron flagrantes a todo su proceso. En ningún momento se investiga a la persona herida de bala, derivada del encuentro que fue orquestado y manejado por el ayuntamiento”, afirma. Además, tuvieron 5 abogados de oficio que fueron tremendamente ineficientes al no señalar sus orígenes purépechas ni sus abusos al debido proceso. Al terminar un tortuoso proceso penal que nunca debieron tener —y que sobrepasó los dos años constitucionales de prisión preventiva—, José Antonio y José Luis son declarados culpables del delito de sabotaje con 7 años de formal prisión.

José Antonio, José Luis y José Gerardo son prisioneros políticos. Son personas que hicieron cara al sistema de gobierno partidista en una búsqueda desesperada por recuperar sus tierras, su identidad y comunidades gravemente atropelladas por la inseguridad, violencia e ineficiencia de un Estado que nunca tuvo en su máximo interés pacificar o comprender las necesidades de la zona. Su detención es una expresión más de cómo las autoridades, en conflicto con la soberanía y derechos de los pueblos originarios mexicanos, deciden reprimir y sofocar cualquier iniciativa social o ciudadana que les rebase. “Lo peor de todo”, finaliza Claudia, “esto es solamente una de las partes que hemos podido documentar sobre los abusos y resistencia que han mostrado las autoridades a estos tipos de organización comunitaria”.

Desde ASILEGAL, como defensoras y defensores de los derechos humanos de personas indígenas en prisión nos sumamos a las voces que exigen su libertad, así como el esclarecimiento de los hechos constitutivos de violaciones graves a los derechos humanos de José Antonio, José Luis y José Gerardo, así como procurar que el culpable  de estas violaciones no quede impune y que los daños ocasionados sean reparados, la restitución y reconocimiento como autoridades de Nahuatzen. Firma la petición por la libertad de José Antonio, José Luis y Gerardo en change.org.

* Sergio Pérez Gavilán es periodista de investigación de ASILEGAL (@AsilegalMx).

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