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El derecho olvidado
Por Asistencia Legal por los Derechos Humanos ASILEGAL
La defensa de derechos humanos no es selectiva ni negociable y, normalmente, encuentra su necesid... La defensa de derechos humanos no es selectiva ni negociable y, normalmente, encuentra su necesidad en los sectores más estigmatizados y olvidados de la sociedad, como lo son las personas en conflicto con la ley penal. Luchamos por darle voz a las mujeres olvidadas, las personas indígenas sin intérprete, las víctimas LGBTTTI de abusos y discriminación del Estado. Luchamos por el derecho de las y los olvidados. (Leer más)
La sal que arruinó los campos mexicanos: la tortura
Darle la capacidad al Estado de usar herramientas medievales como la tortura para buscar “hacer justicia” en nuestro país, es un expreso y vocal intento para que el día de mañana esta fuerza sea la que maquille las cifras de impunidad en las que la infamia mexicana vive.
Por Sergio Pérez Gavilán
11 de diciembre, 2020
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La tortura es la manifestación más clara de un sistema de justicia ineficaz, de una impunidad y de un Estado sin legitimidad. La tortura es el único lenguaje que una autoridad inepta y corrupta habla. La tortura es el vehículo predilecto para amedrentar, traumar, incapacitar, esterilizar y traicionar a la población civil. La tortura es la sal que desgasta y termina con los campos que construyen nuestro país, impidiendo que salga un solo fruto de la tierra.

Pedro fue torturado y obligado a firmar papeles que no entendía por no saber español. Se le detuvo bajo invenciones de que su caso ameritaba prisión preventiva y por ello se le olvidó 10 años en un centro penitenciario en el sur del país, cuando tenía 16 años. Dentro, volvió a ser torturado por reclamar el justo acceso a medicinas urgentes para compañeros privados de libertad; al ser recluido y separado del resto de la población, dichos compañeros fallecieron. Pedro fue liberado después de entrar como un niño y salir como un adulto completamente alienado de lo que el mundo exterior le podía ofrecer.

Miriam sufrió un parto fortuito a los 8 meses de embarazo y perdió la consciencia en su casa por la sangre que había perdido. Al despertar, estaba esposada a la cama del hospital que la recibió. Sin recuperarse, sin hablar con sus seres queridos y sin defensa de ningún tipo, policías estatales la torturaron obligándola a observar fotografías cruentas del fallecido producto de su embarazo. Fue estigmatizada, menospreciada y finalmente sentenciada por homicidio agravado. Pasó 14 años privada de libertad hasta que ASILEGAL retomó su caso.

Yamel llevaba su vida con regularidad, hasta que su pareja comenzó a violentarla. Fue rechazada por un Ministerio Público cuando declaró que su vida estaba en peligro, pues “no tenía suficientes golpes”. Un día, al defenderse de la violencia feminicida termina con la vida de su agresor. Cuando fue detenida, se le encerró en un cuarto donde había un bote de basura con papeles y plásticos en llamas. Dada su condición de asmática, se desmayó, y fue despertada con golpes, obligada a ver fotos del occiso hasta que firmó su confesión. Nunca se le reconoció su inocencia ni legítima defensa, y perdió el contacto con sus hijos en su privación de libertad. Ahora, 11 años después y en libertad, busca reconectarse con ellos, quienes terminaron en custodia de la familia de su agresor.

Y así, los casos siguen con nombres y firmas que sentencian al aparato de justicia a nunca funcionar. Salando sin clemencia todos los lugares de donde se busca dar cabida a que hay un proyecto de país que vale la pena rescatar. Darle la capacidad al Estado, a través de la indiferencia o incluso una inverosímil aceptación social, de usar herramientas medievales como la tortura para buscar “hacer justicia” en nuestro país, es un expreso y vocal intento para que el día de mañana esta fuerza sea la que maquille (fracasadamente) las cifras de impunidad en las que la infamia mexicana vive. La aberración a la tortura tiene que estar intrínsecamente atada a la desilusión anual que se tiene con la impunidad, cuando se publica que la cifra negra, de nuevo, superó los 90 puntos porcentuales.

World Justice Project (WJP) a través de la Encuesta Nacional de Población Privada de Libertad (ENPOL) desarrollaron una metodología para señalar la absoluta prevalencia de la tortura en al cotidianidad del país: entre 2006 y 2016, el 79% de las personas que fueron llevadas al Ministerio Público por alguna razón, recibieron tortura o malos tratos; el 15% de mujeres y el 5% de hombres fueron víctimas de actividades sexuales no deseadas; el 40% de hombres y el 30% de las mujeres recibieron patadas y puñetazos en su detención; al 55% de los hombres y 44% de las mujeres fueron obligadas a desvestirse. Y esto, además, tiene una prevalencia en todos los estados del país, donde la frecuencia mínima de estos actos por estado es del 62%, como es el caso de Durango. Sin embargo, 16 de los 32 estados mostraron tener una frecuencia por encima del 80%.

Por otro lado, según la misma ENPOL, el 40% de la población privada de libertad se declaró culpable por haber recibido agresiones físicas, amenazas y otras presiones. De manera que según el Diagnóstico en Materia de Tortura y Malos Tratos (CNDH, 2019), no se titubea al afirmar esta dolorosa y realista declaración: “En diversos informes consultados, se afirma que la tortura en México es un fenómeno cultural, fuertemente arraigado en las prácticas policiales y en otros centros de detención. Es el poder del Estado el que ha ejercido históricamente la tortura, lo hace para mantener el poder. Por eso es tan difícil eliminar la tortura, pues cada vez que se tortura a alguien, lo que justifica este acto es un acto de poder.  Las fuerzas del orden están formadas para reprimir y torturar. Se trata de un problema estructural y sistémico: en México las fuerzas de seguridad se preparan y se capacitan para torturar”.i

Desde el ejemplo más individual, hasta la cifra más generalizada, todo apunta a la realidad que las palabras citadas no son en vano. La práctica y entendimiento cultural de la tortura como ejercicio fundamental del Estado solo podrá ser erradicada a partir del atrevimiento constante de la población civil por observar y guardar con recelo que los más vulnerables a estos actos somos nosotras y nosotros mismos.

A diferencia de la creencia del poder ejecutivo, que afirmó en su segundo informe de gobierno que “ya no hay torturas, desapariciones y masacres; se respetan los derechos humanos y se castiga al culpable, sea quien sea”, peligrosamente invisibilizando a las víctimas que siguen sucediendo en el país y, por tanto, profundizando aún más el problema. Es necesario ver que nuestros campos son infértiles por esta mano, por este ejercicio de poder, y si queremos recuperar los frutos, debemos exigir con toda la aberración posible que el Estado no tiene permiso de torturarnos. Entender y analizar la tortura como un ejercicio de memoria y resiliencia de lo que miles de mexicanos sufren todos los días requiere interés, pero más que nada, tenacidad, pues no es fácil abstraer la realidad en la que vivimos.

En el marco del Día internacional de los Derechos Humanos, atrevámonos a no quitar la mirada. A ver lo que sucede cotidianamente, para así, poder imaginar que todavía se puede recoger algo de este campo salado por décadas de autoridades criminales y ciudadanos pacientes.

* Sergio Pérez Gavilán es periodista de investigación de ASILEGAL.

 

 

i  (CNDH, 2019, pp. 78).

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