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El derecho olvidado
Por Asistencia Legal por los Derechos Humanos ASILEGAL
La defensa de derechos humanos no es selectiva ni negociable y, normalmente, encuentra su necesid... La defensa de derechos humanos no es selectiva ni negociable y, normalmente, encuentra su necesidad en los sectores más estigmatizados y olvidados de la sociedad, como lo son las personas en conflicto con la ley penal. Luchamos por darle voz a las mujeres olvidadas, las personas indígenas sin intérprete, las víctimas LGBTTTI de abusos y discriminación del Estado. Luchamos por el derecho de las y los olvidados. (Leer más)
Las personas privadas de libertad votarán sin campañas electorales
A pesar de la preocupación expresada desde la sociedad civil sobre las múltiples complicaciones que tendrá llevar a cabo elecciones y procesos democráticos dentro de centros de máxima seguridad, no hay noticia ni confirmación existente de una campaña integral con las personas privadas de libertad.
Por Sergio Pérez Gavilán
4 de mayo, 2021
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Las campañas electorales en los cinco CEFERESOS seleccionados por el Instituto Nacional Electoral debieron comenzar, al igual que en el resto del país, el 4 de abril de 2021. Las 2 mil 185 personas bajo el régimen de prisión preventiva oficiosa en los Centros por Prestación de Servicios (CPS) de Michoacán, Morelos, Chiapas, Guanajuato y Sonora debieron comenzar el diálogo democrático sobre las propuestas de las y los candidatos a diputaciones federales que serán electos el próximo 6 de junio.

El problema es que esto no ha sucedido. A la fecha, a pesar de la preocupación expresada desde la sociedad civil sobre las múltiples complicaciones que tendrá llevar a cabo elecciones y procesos democráticos dentro de centros de máxima seguridad, como lo son los CPS seleccionados, no hay noticia ni confirmación existente de una campaña integral con las personas privadas de libertad. El pasado 9 de febrero desde ASILEGAL escribimos una carta dirigida al INE con razón de exponer y denotar las minucias de estas complicaciones, una de ellas por supuesto el derecho a la información que tienen las personas privadas de libertad:

“Acceso a información electoral: ¿cómo se van a regular las campañas al interior de los centros? Consideramos como un tema que debe ser tomado en cuenta en la propuesta de programa piloto, más allá de las particularidades del ejercicio del voto en concreto (procedimiento, requisitos, autoridades, etc.), abordar la logística detrás de las campañas electorales al interior de los CEFERESOS. Es necesario que las autoridades del INE determinen con especificidad los límites y alcances que deberá tener la información que se difunda al interior de cada centro. Partiendo de que el derecho al voto únicamente puede ejercerse de manera plena si se tiene información completa, de calidad, adecuada y suficiente sobre las y los candidatos y sus propuestas específicas, es fundamental que desde ahora se regulen los procedimientos particulares para llevar a cabo dichas actividades. Específicamente, las autoridades electorales deben tomar en cuenta las particularidades del entorno carcelario en la planeación de la difusión, considerando que las personas al interior de los CEFERESOS no pueden acceder a la información de manera libre como lo hace la población al exterior. En este aspecto, los principios de equivalencia y no discriminación —todo bien o servicio otorgado en prisión debe ser igual a los otorgados al exterior, sin existir diferencias sustanciales en el ejercicio de los derechos—, deben prevalecer sobre cualquier cosa, sin que ello afecte la seguridad o gobernabilidad en los centros penitenciarios”. 1

La carta fue recibida bajo buenos ánimos e incluso la invitación a una reunión de trabajo con el INE. Sin embargo, la reunión nunca sucedió. Aún peor, esta exigencia obvia del proceso electoral no se ha cumplido ni se ha notificado de proceso alguno que la resuelva.

Los entornos penitenciarios, herméticos y constrictivos por su naturaleza, limitan el ejercicio del derecho a conocer y dialogar con las propuestas derivadas de las candidaturas. Y ahora, en el momento histórico donde se reconoce que la presunta comisión de un delito no puede ser constrictiva de derechos civiles y políticos, se hace una implementación a medias que no va acorde a lo dictaminado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), cuando decide reconocer el derecho de la población privada de libertad para votar en las elecciones del 6 de junio.

Una nueva injusticia más en contra de las personas privadas de libertad. Pareciera que, de manera creativa y desde cualquier ángulo, se buscan los cortes y atajos para no hacer el cumplimiento integral de las leyes que defienden los derechos de las personas privadas de libertad. Si se está pensando en el camino hacia la justicia electoral que se ha vedado erróneamente para miles de personas —según el Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria, a febrero 2021, el 42% de toda la población penitenciaria sería candidata para votar en 2024 (92 mil 821 personas)—, se deben efectuar los cambios estructurales de manera íntegra, sin dar por sentado ningún detalle. Especialmente la necesidad de conocer, contrastar y enfrentarse a las propuestas electorales que definirán el rumbo político y social del país.

Las y los candidatos deben, como mínimo, visitar las prisiones; el INE debe proporcionar las herramientas para que las personas hagan un voto informado; la sociedad civil debe vigilar cada paso del proceso. Todas debemos colaborar de manera transparente para que este derecho se ejerza de manera plena y consciente.

* Sergio Pérez Gavilán es periodista colaborador de @Asilegalmx.

 

 

1 Puede leerse la carta completa en el sitio de ASILEGAL.

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