Lo tortuoso de ser gay, lesbiana o trans en reclusión
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El derecho olvidado
Por Asistencia Legal por los Derechos Humanos ASILEGAL
La defensa de derechos humanos no es selectiva ni negociable y, normalmente, encuentra su necesid... La defensa de derechos humanos no es selectiva ni negociable y, normalmente, encuentra su necesidad en los sectores más estigmatizados y olvidados de la sociedad, como lo son las personas en conflicto con la ley penal. Luchamos por darle voz a las mujeres olvidadas, las personas indígenas sin intérprete, las víctimas LGBTTTI de abusos y discriminación del Estado. Luchamos por el derecho de las y los olvidados. (Leer más)
Lo tortuoso de ser gay, lesbiana o trans en reclusión
Las personas LGBTI+ privadas de la libertad se encuentran en particular riesgo por la tendencia del sistema penitenciario a promover entornos de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Por Naomi Montserrat Ramírez Mayorga
29 de junio, 2022
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En repetidas ocasiones se ha vislumbrado que las personas LGBTI+ que ingresan a un centro de reinserción social sufren tratos crueles, inhumanos o degradantes al ser obligadas a adecuarse al género con el cual la sociedad las identifica. Esto implica una violación a sus derechos al reconocimiento legal de la identidad, al libre desarrollo de la personalidad y a la no discriminación, y  una doble estigmatización, porque además de estar privadas de libertad, son señaladas por ser gays, lesbianas o trans.

Este contexto de violencia que históricamente han vivido las personas pertenecientes a la población LGBTI+ privadas de la libertad en México ha sido una problemática invisibilizada. Las personas privadas de libertad no sólo se ven estigmatizadas por la política criminal y cultural arraigada por los prejuicios de los anteriores modelos penitenciarios, sino que se encuentran con obstáculos normativos, estructurales, pero sobre todo culturales que las mantienen en situación de vulnerabilidad. Sumado a esto, cuando existe una situación de interseccionalidad en las personas privadas de la libertad, las repercusiones del contexto de violencia se ven preocupantemente agravadas; desafortunadamente, la población LGBTI+ que se encuentra privada de la libertad no es la excepción.

Recientemente una mujer transgénero que está privada de libertad en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca (centro penitenciario exclusivo para hombres), presentó una queja ante la CNDH argumentando malos tratos que sufrió al ingresar a dicho entorno torturante. Ella refirió que, desde su ingreso, no se le reconoció su identidad y expresión de género, pues la llaman por el nombre asignado al nacer y no por el nombre con el cual se identifica. Además, la queja versó sobre la violación a su derecho al libre desarrollo de la personalidad, ya que le cortaron el cabello en contra de su voluntad, que solo usa ropa femenina dentro de su celda, que esta misma es confeccionada por ella porque no le permiten ingresarla y que los accesorios como aretes no se le permiten.

Como respuesta a estos hechos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación 1 dirigida al comisionado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en la que solicita que dentro de los penales se establezca un protocolo de atención para personas privadas de libertad LGBTI+ que contemple diversos estándares de enfoque diferenciado y especializado en el ejercicio de sus atribuciones y actuaciones, así como el uso de lenguaje incluyente y no sexista.

De acuerdo con los datos arrojados en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria de 2021, en 45 centros estatales se observaron deficiencias en la atención a población LGBTI+ 2 obteniendo estos centros una calificación entre 5 y 6 puntos sobre una base de 10. Esta calificación se debe, principalmente, a la discriminación que se ejerce sobre la población penitenciaria y que es motivada por su orientación sexual, identidad y expresión de género, o características sexuales, lo que se refleja en la deteriorada calidad de vida de este sector manifestada en tratos crueles, inhumanos y degradantes que violentan de manera cotidiana el derecho al libre desarrollo de la personalidad como derecho protegido dentro del ámbito de la vida privada.

Dentro de este grupo, las mujeres trans se encuentran en un riesgo mayor de sufrir violencia sexual debido a que rutinariamente son encarceladas en prisiones para hombres, sin que se tomen en cuenta las particularidades de la persona o del caso concreto. 3 Incluso el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Tortura ha establecido que las personas LGBTI+ están particularmente expuestas a sufrir torturas y malos tratos en las situaciones de privación de libertad, tanto en los sistemas de justicia penal como en otros entornos ajenos a esta esfera. 4

Estos hechos hacen visibles algunas de las fracturas del sistema penitenciario en cuanto a la garantía de derechos de las personas LGBTI+. En México las personas privadas de libertad son olvidadas por la justicia y por la sociedad gracias a la ideología punitiva de la política criminal del Estado mexicano. Más allá de limitar su derecho a la libertad, se limitan derechos esenciales como la salud y la dignidad, creando condiciones de internamiento denigrantes y un derecho a la atención médica nula.

Las normas que regulan el sistema penitenciario responden a patrones heterocisnormativos que no contemplan a la población LGBTI+ y que por ende conducen a efectuar violaciones graves de derechos humanos por parte de los operadores de justicia y penitenciarios. Pero no solo la norma, también los prejuicios sociales sobre las personas que infringen la norma, así como la cultura de fabricación de culpables, ponen en el centro a las personas que se encuentran en mayor condición de vulnerabilidad condenándolas a la discriminación, la negación de derechos y al menoscabo de su dignidad dentro de un sistema de justicia donde la diferencia no tiene cavidad.

En el contexto estructural, los sistemas penitenciarios mexicanos han sido construidos por hombres y para hombres, por ello el contexto de las personas LGBTI+ es invisibilizado y en lugar de adecuar espacios para atender a esta población, se pretende meterles en la heteronorma, encontrando sistemas penitenciarios que ubican a las personas LGBTI+ privadas de libertad en las partes más recónditas de los centros penitenciarios,  dejándolas alejadas de los servicios básicos como la salud, la educación y las áreas recreativas, y exponiéndolas a la violencia física, verbal y sexual a la que en ocasiones se tienen que enfrentar para poder acceder a un derecho, pues tienen que recorrer todo el centro penitenciario y en los trayectos son agredidas. En otras entidades esta población es separada por sexualmente activa y pasiva, y en muchas otras ni siquiera es identificada, lo que evidentemente genera que no se hagan programas o políticas públicas especiales para atender las necesidades de esta población.

La prisión se ha consolidado como una institución basada en la matriz de género y sexualidad que orienta las normas de nuestra sociedad. Como lo ha documentado Corpora en Libertad en su informe de 2021, 5 las personas LGBTI+ privadas de la libertad se encuentran en particular riesgo por la tendencia del sistema penitenciario a promover entornos de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes, manifestados en violencia física, psicológica, discriminación, falta de condiciones dignas de internamiento, salud, y exclusión de actividades laborales, culturales, deportivas y relacionadas con la reinserción social y las visitas íntimas.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) de 2021, la población LGBTI+, específicamente la transgénero, ocupa un espacio muy reducido dentro de los centros penitenciarios. Del total de población entrevistada (67,584 personas privadas de libertad) sólo el 2.7% se identifica como bisexual, 1.1% como homosexual, 0.3 % como hombre trans, el 0.2% como mujer trans. Es por esta razón que la CNDH identificó como grupo con necesidades específicas dentro de los Centros Penitenciarios a la población LGBTI+.

Aunado a esto, la CIDH en su informe del 2015, denominado “Violencia contra Personas Lesbianas, Gay, Bisexuales, Trans e Intersex en América”, señaló que muchas de las manifestaciones de violencia ejercida en contra de personas que pertenecen a esta población se basan en el deseo de “castigar” dichas conductas, identidades, expresiones o cuerpos que difieren de las normas y roles de género tradicionales, o que son contrarias al sistema binario hombre/mujer.

En el panorama actual, la CIDH, en su informe anual de 2021, reconoció diversos avances en el seguimiento de las recomendaciones del informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en México de 2015, como la aprobación de leyes en las entidades federativas con la finalidad de generar políticas públicas para la inclusión social de las personas LGBTI+. Sin embargo, este organismo concluye que las recomendaciones continúan en estado de cumplimiento parcial y recuerda la importancia de que los avances en materia de derechos humanos se tienen que producir desde el nivel federal.

Considerando lo anterior, el reconocimiento a la diversidad sexual en nuestro país sigue siendo un proceso en construcción frenado por los prejuicios, los estereotipos y los roles de una cultura que obstaculiza la igualdad entre todas las personas y la no discriminación por medio de tratos irrazonablemente diferenciados, provocando que la población LGBTI+ sea víctima de graves violaciones a sus derechos humanos. A pesar de los avances legislativos de los últimos años a favor del reconocimiento de los derechos del colectivo LGBTI+, como matrimonio igualitario, el reconocimiento a la identidad de género (reasignación sexo-genérica), o acceso a tratamientos antirretrovirales, en México aún persisten manifestaciones de discriminación y violencia en su contra.

Para cesar con estos actos discriminatorios, además de los instrumentos legales, se necesita de la creación de políticas públicas multidisciplinarias que incluyan una perspectiva transversal de respeto y reconocimiento de diversidades, identidades y orientaciones sexuales que atiendan a las características que atraviesan a cada una de ellas para que puedan vivir una vida digna al interior de los centros penitenciarios.

Desde ASILEGAL somos conscientes de la lucha que la población LGBTI+ privada de libertad lleva día con día por la discriminación y exclusión que ha sufrido a través de los años. Exhortamos a que las autoridades garanticen y fomenten la tolerancia y espacios seguros en los que no quepa la discriminación.

La población LGBTI+ en reclusión no está ausente en la lucha por el respeto a la diversidad sexual; se hacen presentes existiendo y persistiendo en los centros penitenciarios, pese a la discriminación diaria que sufren. En la supervivencia de un sistema penitenciario agresivo y discriminatorio, la lucha de las personas LGBTI+ privadas de la libertad es la prueba de que ni las condiciones más adversas son suficientes para callar la voz que habla por nuestra diversidad.

@Asilegalmx

 

1 Recomendación No. 86/2022

2 Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2021. Comisión Nacional de los Derechos Humanos, México 2021 p. 634

3 Vera Morales Ari. Solicitud de Opinión Consultiva presentada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en relación con “Aproximaciones al Trato Diferenciado a Personas Privadas de la Libertad” ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Corpora en Libertad.

4 Consejo de Derechos Humanos, Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, A/HRC/31/57, 5 de enero de 2016.

5 PERSONAS LGBTI+ PRIVADAS DE LA LIBERTAD: Informe desde el contexto de México, Guatemala, Honduras y El Salvador.

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