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El derecho olvidado
Por Asistencia Legal por los Derechos Humanos ASILEGAL
La defensa de derechos humanos no es selectiva ni negociable y, normalmente, encuentra su necesid... La defensa de derechos humanos no es selectiva ni negociable y, normalmente, encuentra su necesidad en los sectores más estigmatizados y olvidados de la sociedad, como lo son las personas en conflicto con la ley penal. Luchamos por darle voz a las mujeres olvidadas, las personas indígenas sin intérprete, las víctimas LGBTTTI de abusos y discriminación del Estado. Luchamos por el derecho de las y los olvidados. (Leer más)
Los derechos humanos, la deuda pendiente de la cooperación internacional
La cooperación internacional tiene una deuda pendiente con nuestro país, pues el acceso a la justicia continúa siendo selectivo: un privilegio que sólo tienen quienes pueden pagar, mientras los derechos humanos siguen sin ser garantizados para todas y todos por igual.
Por Mara Flores
6 de agosto, 2020
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México tiene un papel dual en la cooperación internacional, como receptor de asistencia y socio oferente para el desarrollo. Desde el exterior, los actores tradicionales que hasta el día de hoy eran las principales fuentes de financiamiento (miembros del Comité de Ayuda al Desarrollo y organismos multilaterales), impulsan a México y otras naciones emergentes para contribuir en la nueva arquitectura de la cooperación, considerando cuentan con las condiciones financieras y estabilidad política para hacerlo.

Lo positivo de esta dualidad es que nuestro país se ha institucionalizado cada vez más en su posición ante la cooperación con la creación del Sistema Mexicano de Cooperación Internacional para el Desarrollo en 2011, que incluyó la promulgación de la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo y que, con ella se crearía la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID).

No obstante, la formalización de México como socio de la cooperación provoca una progresiva reducción de la asistencia. En 2016 la proporción de la Asistencia Oficial para el Desarrollo (AOD) pasó de 809 millones de dólares a 737 millones de dólares en 2017 (OCDE, 2017).

La cooperación internacional se concentra en Medio Oriente, especialmente Siria, reduciéndose paulatinamente en América Latina, a pesar de que la región cuenta aún con una clara y profunda desigualdad, que según analistas se intensificará por la pandemia de COVID-19.

De esta forma, la cooperación internacional tiene una deuda pendiente con nuestro país, pues el acceso a la justicia continúa siendo selectivo: un privilegio que sólo tienen quienes pueden pagar, mientras los derechos humanos siguen sin ser garantizados para todas y todos por igual.

De acuerdo con Amnistía Internacional (2018), en México hay una grave y sistemática violación a los derechos humanos, las detenciones arbitrarias, la tortura, la violencia contra las mujeres, pueblos indígenas y periodistas por nombrar algunos ejemplos, son cosa de todos los días.

La Red TDT denunció el asesinato de 21 defensores de derechos humanos en 2019 (EFE, 2019). Por otra parte, el primer trimestre del 2020, fue reportado como el más violento para las mujeres en México, de enero a marzo del año en curso 964 mujeres fueron asesinadas, 244 de ellos son clasificados como feminicidios (La Jornada, 2020).

Si el panorama nacional en acceso a la justicia es complejo, las personas en conflicto con la ley, se enfrentan a obstáculos que se traducen en violaciones a sus derechos humanos. Estos se incrementan si además pertenecen a un grupo en situación de vulnerabilidad como las mujeres o las personas indígenas, porque su identidad representa un factor que, por prejuicio y discriminación, los desfavorece durante sus procesos, a ello se le suma el exceso de la prisión preventiva, donde 38.82% de las personas privadas de libertad estaban en proceso, esperando una sentencia.

Las instituciones que conforman al Poder Judicial (PJ) aún cuenta con amplias deficiencias, desde el acceso a la información y transparencia en los datos, capacitaciones hacia funcionarios, hasta cifras donde se muestra que la impunidad, la corrupción, la falta de articulación, las deficiencias en la investigación y las fallas en el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, contrastan con el compromiso del Estado mexicano de proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y buscar la reparación del daño a la víctima.

En el sector justicia, la cooperación además se ha centrado en la infraestructura y desarrollo de servicios y capacidades a través de la capacitación, destacan la participación de países como España y Alemania y organismos como la Unión Europea o la Iniciativa Spotlight, pero Estados Unidos sobresale, indudablemente, como principal oferente a través de su agencia de cooperación (USAID) y la Iniciativa Mérida, con más de 2,300 millones de dólares otorgados en sus más de 10 años de funcionamiento (Expansión, 2017).

Por otro lado, se ha buscado -básicamente- disminuir el poder de los grupos del crimen organizado en México, con la transferencia de tecnología, equipos de aviación, capacitaciones, buscando mejorar la capacidad de las instituciones mexicanas de seguridad y fronteras, así como instituciones fuertes que defiendan el estado de derecho. Sin embargo, los datos muestran que México se ha quedado corto para alcanzar dichos objetivos.

Además de la cooperación bilateral, existe el latente compromiso del Estado mexicano de alcanzar los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), los cuales deberían de cumplirse en los próximos 10 años.

Particularmente, el ODS 16: “Paz, Justicia e Instituciones Sólidas”, el cual México mide ante el ámbito internacional, con únicamente dos indicadores de los más de 20 propuestos desde Naciones Unidas, el número de defunciones por homicidio por cada 100 mil habitantes y los gastos del gobierno como proporción del presupuesto aprobado.

Esto deja de lado el trabajo que debe existir para la transparencia y acceso a la información de las instituciones mexicanas, la reducción de la violencia, la corrupción, y la promoción del estado de derecho para garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todas y todos.

Si los socios oferentes continúan su tendencia a disminuir o fomentar la salida de fondos de cooperación hacia México y los redirigen a otras regiones, dejarían instituciones poco fortalecidas con programas y proyectos no sostenibles, además de ignorar las oportunidades para el fortalecimiento y la mejora de las instituciones.

Por otra parte, la tendencia de disminuir la cooperación también afecta a las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), que cuentan con menos recursos, considerando a nivel nacional tampoco obtendrán apoyos. Por lo que su trabajo para realizar un acompañamiento y vigilancia de los sistemas de justicia en México y con propuestas para alcanzar una buena gobernanza peligran.

A nuestro país, le faltan aún todas las herramientas necesarias para atender todos los temas que pueden generar una crisis en el sistema de justicia y que permitan garantizar un verdadero acceso a la justicia para todas y todos y si bien, la cooperación internacional no está ahí para resolver todos nuestros problemas, ni para generar dependencia hacia los lugares donde interviene, lo cierto es que México aún puede hacer uso de ella.

* Mara Flores es coordinadora de monitoreo y evaluación de ASILEGAL.

 

 

Referencias:

Amnistía Internacional (2018). Informe 2017/18: La situación de los Derechos Humanos en el mundo, disponible aquí.

EFE (2020). México reporta 21 defensores de derechos humanos asesinados en 2019, dice ONG, disponible aquí.

Expansión. “10 años de la Iniciativa Mérida: un recuento de la cooperación entre México y EU”.

OCDE (2017). Aid statistics by donor, recipient and sector, disponible aquí.

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