Los rehenes del Estado en la región americana
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El derecho olvidado
Por Asistencia Legal por los Derechos Humanos ASILEGAL
La defensa de derechos humanos no es selectiva ni negociable y, normalmente, encuentra su necesid... La defensa de derechos humanos no es selectiva ni negociable y, normalmente, encuentra su necesidad en los sectores más estigmatizados y olvidados de la sociedad, como lo son las personas en conflicto con la ley penal. Luchamos por darle voz a las mujeres olvidadas, las personas indígenas sin intérprete, las víctimas LGBTTTI de abusos y discriminación del Estado. Luchamos por el derecho de las y los olvidados. (Leer más)
Los rehenes del Estado en la región americana
La prisión y las medidas punitivas que buscan vengarse de personas que han sido históricamente vulneradas y criminalizadas estallará en una crisis desbordada de violencia dentro y fuera de las cárceles, independientemente de las presuntas negociaciones y pactos entre las maras y el gobierno de El Salvador.
Por Asistencia Legal por los Derechos Humanos ASILEGAL
3 de junio, 2022
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A casi dos meses de entrada en vigor del Estado de excepción en El Salvador, decretado por el presidente Bukele, se han realizado mas de 25 mil detenciones arbitrarias, violaciones a los derechos de acceso a la justicia, debido proceso y practicas crueles inhumanas, degradantes que configuran actos de tortura. “No va a haber un tiempo de comida en las cárceles. Les juro por Dios que no comen un arroz y vamos a ver cuánto duran”, declaró Bukele, a poco más de 10 días de entrada en vigor de este decreto en una tribuna oficial, además reconoció y amagó como rehenes a las personas que viven privadas de la libertad en los centros penitenciarios.

Dichos poderes especiales dados por el Congreso al Ejecutivo Bukele consisten en la capacidad de suspender los derechos de organización, reunión, inviolabilidad de la correspondencia/ telecomunicaciones, defensa y extiende la detención administrativa hasta un máximo de 15 días.

Resultado de la fallida estrategia de seguridad, y de la puesta en marcha del decreto que declara Estado de Excepción 1 en este país hace poco más de 60 días, se han cometido una serie de alarmantes violaciones a los derechos humanos de la población civil. Por lo menos 25 mil personas han sido detenidas en razón de su condición física, modo de vida y nivel socioeconómico (la mayoría jóvenes de entre 18 y 30 años), dejando de lado los derechos procesales y de respeto a la dignidad y la presunción de inocencia (en consecuencia, al Estado de excepción y la aplicación del derecho penal del enemigo), lo que ha provocado una grave crisis de seguridad en el ámbito público, condiciones alarmantes de hacinamiento, y condiciones de internamiento inhumanas.

Desde un punto de vista demográfico y económico, la población mayoritaria en El Salvador es joven y con niveles bajos de educación formal, le atraviesa la desigualdad económica y la creciente crisis económica provocada por las políticas de inversión financiera y el establecimiento de las criptomonedas como moneda de curso legal. Estos elementos ponen de facto que la política criminal, en la que el Estado pondera las medidas punitivas y represivas en el tratamiento de la criminalidad, se ensañe con la población de mayor riesgo de exclusión social.

Previo a estas medidas excepcionales, los datos oficiales revelaban las graves condiciones de hacinamiento y en general, para finales de 2021, una tercera parte de la población penitenciaria se componía de personas entre 18 y 35 años (30,83%). De esa población específica, un 78,93 % no tuvo oportunidad de cursar educación media y el 97,87% nunca pudo acceder a educación superior, causas por las cuales existe una brecha considerable de desigualdad social y sistemáticamente se ha vulnerado el derecho de las juventudes de tener acceso a la educación, a la salud y al optimo desarrollo de la personalidad.

Es conocida la crisis de seguridad que se había desatado en el Salvador a partir de las luchas entre las pandillas y las fuerzas publicas oficiales. Esto no es un tema nuevo, desde hace muchos años han retumbado en la región los contextos sociales y políticos que han obligado a miles al desplazamiento forzado. También hemos conocido cómo el gobierno de Bukele ha tenido desaciertos considerables en el ámbito político, de seguridad y economía, los cuales lejos de ocuparse en ellos, ha optado por abonar a su imagen pública en redes sociales, incluso saliendo en videoblogs de youtubers que ven en él un ejemplo para hacer política por considerarlo un joven que apuesta por las nuevas tecnologías, por las economías digitales emergentes y la implementación de proyectos de desarrollo estatales que no tienen estudios de impacto.

Lo alarmante a estas alturas de la declaración del Estado de excepción es que existen oficialmente 11 personas muertas por motivos que el mismo gobierno reconoce y atribuye a las “legales y debidas detenciones” en contra de las pandillas, y el nivel de represión que mantiene a la población civil en los máximos niveles de desprotección. Por más de 44 días, el gobierno ha utilizado toda la fuerza del Estado para torturar, hacinar y amenazar públicamente a las pandillas conocidas como “maras salvatruchas”. 2

Para la gran mayoría de los salvadoreños (una encuesta publicada recientemente mostró que cerca del 90% de la población apoyaba las medidas restrictivas aprobadas por la legislatura), los actos de represión y violación de los derechos fundamentales son legítimos e incluso pertinentes, las perciben como acciones firmes y “mano dura” a las acciones criminales de las pandillas. En redes sociales se aplauden las detenciones arbitrarias e incluso se puede leer añoranza desde este lado del continente sobre el trato indigno que se debe dar a las personas detenidas, incluso se han creado cuentas oficiales en Twitter (@PenalesSV) y Tik Tok (penalessv) por parte del gobierno para documentar el sometimiento y trato que dan los guardias penitenciarios a los presuntos delincuentes.

Por otro lado, el incremento de la violencia y la desigualdad social, en parte estragos tempranos de la pandemia por COVID 19, ha comenzado a desencadenar discursos similares en la región, como lo es el caso de Pedro Castillo, presidente de Perú, quien hace un par de semanas anunció su intención de promover una iniciativa desde el poder Ejecutivo que busque -en sus palabras- reducir la delincuencia y que los reos empiecen a trabajar con el fin de autogenerar recursos que paguen su estancia dentro de los centros penitenciarios. Sin embargo, el contexto no solo es similar en estos dos países sino en la gran mayoría del hemisferio. En el caso peruano, para mayo de 2021, en los 69 penales que existen a nivel nacional había 86 mil 825, cuando la capacidad de albergue es de 41 mil 211, lo que supone un hacinamiento de 111%, lo que afecta, en mayor proporción, a las cárceles de Lima que tienen una población penal de 41 mil 651 internos y sólo 17 mil 695 espacios. El desentendimiento de las obligaciones del estado para con la protección y salvaguarda de la integridad física y mental que tiene para con las personas en conflicto con la ley penal que viven bajo su guardia y custodia no es solo desproporcional sino completamente en contra de los derechos humanos de los mismos; el trabajo es un eje de la reinserción social y no una condicionante para la provisión de alimentos y mucho menos de otros derechos sobre la salud, educación o acceso a la justicia.

Lo cierto es que de ningún modo las prácticas que configuren tortura abonarán al apaciguamiento de la violencia que configura las maras ni algún otro grupo delictivo, tampoco abonan en nada a la reinserción social de los privados de la libertad sino que al contrario, augura una grave crisis de seguridad dentro del sistema penitenciario de El Salvador y de Perú en razón del autogobierno, el hacinamiento y la incapacidad de los sistemas de seguridad estatales para poder garantizar el acceso a alimentación, servicios de salud y acceso a procesos legales conforme a sus constituciones y al derecho internacional al que también deben apegarse.

La prisión y las medidas punitivas que buscan vengarse de personas que han sido históricamente vulneradas y criminalizadas estallará en una crisis desbordada de violencia dentro y fuera de las cárceles, independientemente de las presuntas negociaciones y pactos entre las maras y el gobierno. La decisión de tomar de rehenes a miembros de las pandillas y población civil alimenta cada día más el resentimiento y la rivalidad entre ambos bandos.

El punitivismo, el uso criminalizante del derecho penal en contra del “enemigo” y las medidas de excepción nunca serán la vía de solución de ningún conflicto. No debemos permitir deshumanizar el trato que se le da a las personas que se encuentran en conflicto con la ley, mucho menos asumir el castigo corporal como forma de justicia.

@Asilegalmx

 

1 De acuerdo a la Constitución de El Salvador, el artículo 29 define al régimen de excepción como aplicable “en casos de guerra, invasión del territorio, rebelión, sedición, catástrofe, epidemia u otra calamidad general, o de graves perturbaciones del orden público.

2 Organización internacional de pandillas que delinquen, se instalaron en el Salvador después de que Estados Unidos deportó a miles de migrantes, muchos de los cuales habían formado redes criminales en Los Ángeles.

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