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El derecho olvidado
Por Asistencia Legal por los Derechos Humanos ASILEGAL
La defensa de derechos humanos no es selectiva ni negociable y, normalmente, encuentra su necesid... La defensa de derechos humanos no es selectiva ni negociable y, normalmente, encuentra su necesidad en los sectores más estigmatizados y olvidados de la sociedad, como lo son las personas en conflicto con la ley penal. Luchamos por darle voz a las mujeres olvidadas, las personas indígenas sin intérprete, las víctimas LGBTTTI de abusos y discriminación del Estado. Luchamos por el derecho de las y los olvidados. (Leer más)
Los retos para la implementación de la Ley Nacional de Ejecución Penal, a cinco años de su publicación
Urge lograr un cambio estructural en el sistema penitenciario y de justicia a través del papel de las y los jueces de Ejecución Penal, quienes tienen la facultad de reducir los índices de sobrepoblación y hacinamiento a través del otorgamiento de beneficios preliberacionales y medidas no privativas de libertad, mejorando exponencialmente la situación de las personas en reclusión y garantizando el derecho humano a la reinserción social.
Por José Luis Gutiérrez
17 de junio, 2021
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La Ley Nacional de Ejecución Penal (LNEP) y las reformas de la Constitución fijaron a la reinserción social como el fin último e imprescindible del sistema penitenciario. Una nueva visión que trastocó el universo institucional del sistema de justicia penal mexicano y, con el tiempo, probó que las viejas costumbres y antiguas maquinarias de impartición de justicia son difíciles de cambiar, comenzando por los operadores mismos.

Tomando en consideración que las personas privadas de libertad han sido objeto de violaciones sistemáticas a sus derechos humanos y son víctimas de un sistema aferrado a políticas criminales, desde ASILEGAL pretendemos informar sobre todos aquellos obstáculos que, a cinco años de la entrada en vigor de la LNEP, aún quedan pendientes de ser superados y que suponen barreras continuas para el pleno ejercicio de los derechos al interior de las cárceles de todo el país.

Lo anterior resulta relevante debido a dos aspectos: en primer lugar, una de las preocupaciones principales que tienen los órganos de derechos humanos está estrictamente relacionado con las carencias existentes en el sistema de justicia y los órganos jurisdiccionales, temáticas que han sido reiteradas en múltiples recomendaciones al Estado Mexicano. En segundo lugar, la urgencia de lograr un cambio estructural en el sistema penitenciario y de justicia a través del papel de las y los jueces de Ejecución Penal. Estos últimos son quienes tienen la facultad de reducir los índices de sobrepoblación y hacinamiento a través del otorgamiento de beneficios preliberacionales y medidas no privativas de libertad, mejorando exponencialmente la situación de las personas en reclusión y garantizando el derecho humano a la reinserción social.

La figura y labor de las juezas en la Ejecución Penal representa el último eslabón en la cadena de acceso a la justicia que enfrentan las personas en conflicto con la ley penal. De acuerdo con lo señalado por el artículo 25 de la LNEP, fracción I, las juezas, en su papel de garantes de las personas privadas de libertad, tienen a su cargo asegurar que en todos los procesos y controversias se privilegien y protejan los derechos de la población privada de libertad. Así también lo ha reconocido la Corte IDH: “De las obligaciones generales de respetar y garantizar los derechos que establece el artículo 1.1 de la Convención Americana derivan deberes especiales determinables en función de las particulares necesidades de protección del sujeto de derecho, ya sea por su condición personal o por la situación específica en que se encuentre. En tal sentido, en relación con las personas que han sido privadas de su libertad, el Estado se encuentra en una posición especial de garante, toda vez que las autoridades penitenciarias ejercen un fuerte control o dominio sobre quienes se encuentran sujetos a su custodia. Lo anterior, como resultado de la interacción especial de sujeción entre la persona privada de libertad y el Estado, caracterizada por la particular intensidad con que el Estado puede regular sus derechos y obligaciones y por las circunstancias propias del encierro”. 1

Asimismo, los principales retos que se han identificado en la implementación de la LNEP se encuentran:

Recursos técnicos y humanos

La incapacidad del sistema penal de dar respuesta a las demandas de acceso a la justicia por parte de la ciudadanía es resultado, entre otras cosas, de la saturación histórica de la que ha sido víctima por causa de una política criminal punitiva —enfocada en encarcelamiento masivo—, encaminada más al castigo que al respeto de los derechos humanos. La etapa de Ejecución Penal, al ser el último eslabón, es donde recaen muchos de los rezagos que se van acumulando desde el inicio del proceso penal, y cuyas violaciones y malas prácticas se ven materializadas en el obstáculo al ejercicio de los derechos de las personas privadas de libertad. Una de las mayores afectaciones que aquejan esta etapa es la falta de recursos en las instituciones, donde la carencia se ve principalmente reflejada en la escasa infraestructura y el número de personas especializadas que puedan atender adecuadamente los casos que se presentan.

Falta de capacitación especializada

Otro de los aspectos que ha significado un impedimento en el adecuado desempeño de las operadoras de justicia es la falta de capacitación específica en materia de ejecución penal y de estándares internacionales de derechos humanos. Históricamente se ha podido observar que casi la mayor parte de las personas que desempeñan un cargo en la Defensoría, la Fiscalía o el Tribunal de Ejecución no reciben capacitaciones al entrar en funciones ni tampoco de manera continua durante el tiempo que trabajan ahí.

Desempeño de las autoridades intervinientes

Las autoridades que intervienen en la ejecución penal omiten atender las disposiciones normativas de protección a los derechos de las personas privadas de libertad. Dicha omisión se ve reflejada tanto en su desempeño dentro de las audiencias como en su actuar cotidiano en contacto con la población, y se divide en tres grandes rubros: la falta de motivación suficiente de sus actos, la falta de aplicación del derecho internacional y la constante violación a derechos humanos o, en su defecto, el silencio en relación con las violaciones que son de su conocimiento.

Ya sea mediante el fortalecimiento de las capacidades de juezas y jueces de ejecución, a través de la promoción de mesas intersecretariales para la corresponsabilidad penitenciaria o el litigio estratégico de casos emblemáticos, desde ASILEGAL continuaremos contribuyendo a lograr la correcta implementación de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Sin embargo, las autoridades penitenciarias necesitan atender los obstáculos antes expuestos y consolidar el trabajo coordinado de las instituciones corresponsables. Urge que lo mandatado en esta norma sea una realidad asequible en todos los modelos penitenciarios en México. Urge garantizar el derecho humano a la reinserción social.

* José Luis Gutiérrez es Director de @AsilegalMx.

 

 

1 32 Corte IDH. Caso Chinchillas Sandoval vs. Guatemala. Excepción preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 29 de febrero de 2016, Serie C No. 312, párr. 168

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