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El derecho olvidado
Por Asistencia Legal por los Derechos Humanos ASILEGAL
La defensa de derechos humanos no es selectiva ni negociable y, normalmente, encuentra su necesid... La defensa de derechos humanos no es selectiva ni negociable y, normalmente, encuentra su necesidad en los sectores más estigmatizados y olvidados de la sociedad, como lo son las personas en conflicto con la ley penal. Luchamos por darle voz a las mujeres olvidadas, las personas indígenas sin intérprete, las víctimas LGBTTTI de abusos y discriminación del Estado. Luchamos por el derecho de las y los olvidados. (Leer más)
Menstruación: asunto de salud pública y no exclusivo ni privado
La menstruación debería ser considerada un asunto de salud pública y no un problema exclusivo y privado, de lo contrario aumenta la brecha de género, la desigualdad y la pobreza, resaltó la CNDH. 
Por Asistencia Legal por los Derechos Humanos ASILEGAL
24 de septiembre, 2021
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El acceso a los productos de gestión menstrual para las mujeres privadas de la libertad en México es escaso y caro. Estos artículos deberían ser proporcionados y garantizados para todas las mujeres y personas menstruantes que se encuentran en edad reproductiva por parte del Estado, es decir, entre 10 – 50 años. No obstante, se ha convertido en un artículo de lujo.

La propuesta resurgida por el Gobierno Federal de aplicar la tasa cero para los productos de higiene y gestión menstrual, impulsada por el Colectivo Menstruación Digna México y rechazada en 2020 por el Congreso, regresó para considerar a estos artículos en el paquete económico 2022.

Esta acción beneficiaría la economía de la mujer, pues se estima que a lo largo de su vida fértil gasta un aproximado de 26 mil pesos en artículos de gestión menstrual. Pero, ¿qué sucede con el acceso a estos artículos por las mujeres y personas menstruantes privadas de la libertad?

El costo de una toalla sanitaria en el Centro Penitenciario de Ciudad Serdán, Puebla, es de seis pesos, y el paquete de ocho piezas de 40 pesos, mientras que el costo fuera del penal por 14 piezas ronda en los 25 pesos, según lo señalado en la Recomendación No. 35/2021 de la Comisión Nacional por los Derechos Humanos (CNDH). Los precios se pueden elevar hasta diez veces más que en el exterior; esta razón ha empujado a que las mujeres utilicen calcetines, pedazos de tela o toallas sanitarias por más de dos días.

“Durante mi regla tengo muchos cólicos y al no contar con toallas, cuando siento que viene un coágulo, me introduzco los dedos para que salga (…) así me aguanta más tiempo la toalla y no mancho la ropa que me han regalado”, este testimonio le pertenece a una mujer que se encuentra en el Centro de Reinserción Social de Mexicali, recuperado por la CNDH. Otras mujeres afirmaron que el uso de toallas sanitarias durante tanto tiempo les ha provocado infecciones vaginales causando mayor incomodidad y dolor.

Las mujeres privadas de la libertad deben recurrir a donaciones o familiares para adquirir artículos para su gestión menstrual; sin embargo, la menstruación debería ser considerada un asunto de salud pública y no un problema exclusivo y privado, de lo contrario aumenta la brecha de género, la desigualdad y la pobreza, resaltó la CNDH.

¿Por qué los centros penitenciarios no brindan atención menstrual? 

Los derechos de la mujer y personas menstruantes se ven vulnerados por parte de las autoridades penitenciarias cuando sus necesidades particulares, relacionadas con el derecho a la salud, no se ven satisfechas. La CNDH resaltó cuatro factores importantes dentro de esta problemática: la falta de acceso a artículos de gestión menstrual; la falta de instalaciones dignas; la falta de acceso al agua potable; y la falta de acceso a atención médica especializada y/o medicamentos necesarios.

En dicho documento, se reflexiona si fuese posible la adquisición de copas menstruales, de ser así representaría una disminución en los costos para los centros penitenciarios y de readaptación social y una mujer o persona menstruante podría tener un artículo de calidad con una duración de entre cinco a diez años, además de generar un impacto positivo en el medio ambiente. No obstante, esta opción no podría ser viable aún, pues el acceso a suministros de agua en los centros penitenciarios varía, no en todos es constante y algunas instalaciones sanitarias tampoco son las adecuadas.

La menstruación es un proceso natural y sano, según la definición de la Organización Mundial de la Salud (OMS); sin embargo, su impacto, síntomas físicos y emocionales son estigmatizados y poco comprendidos por las autoridades penitenciarias y el Estado. Esto imposibilita el derecho reproductivo y sexual en condiciones dignas para mujeres y personas menstruantes.

“La gestión e higiene menstrual digna implica contar con artículos, instalaciones suficientes y en adecuadas condiciones, así como asegurar la intimidad de las mujeres y personas menstruantes privadas de la libertad”, señaló la Recomendación 35/2021 por la CNDH, que también enfatizó en la obligación del Estado en promover, respetar, proteger y garantizar el derecho sexual y reproductivo de forma libre y segura.

La falta de accesibilidad a una menstruación digna en los centros penitenciarios son una acción que discrimina, excluye y restringe en razón de sexo, y anula el ejercicio de derechos e igualdad de oportunidades. Los centros penitenciarios y de readaptación social no contemplan las necesidades propias de los ciclos reproductivos de las mujeres privadas de la libertad y/o personas menstruantes invalidando su seguridad sanitaria y derecho a la salud. “Sin duda es un problema a nivel nacional”, afirmó la CNDH, por ello, exhorta a la implementación de programas necesarios y acciones para brindar máxima protección al derecho a la salud sexual y reproductiva.

¿Por qué las autoridades hacen ver como si la menstruación fuera una decisión que se puede controlar y no el acceso a un derecho fundamental? Los artículos de gestión menstrual no son un lujo, sino una necesidad; al igual que los espacios salubres y privados. Pareciera que la vulneración de tales derechos por parte de las autoridades arrebata, invisibiliza y continúa castigando socialmente a las mujeres y personas menstruantes en conflicto con la ley por una condición de género y capacidad reproductiva.

@Asilegalmx

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