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El derecho olvidado
Por Asistencia Legal por los Derechos Humanos ASILEGAL
La defensa de derechos humanos no es selectiva ni negociable y, normalmente, encuentra su necesid... La defensa de derechos humanos no es selectiva ni negociable y, normalmente, encuentra su necesidad en los sectores más estigmatizados y olvidados de la sociedad, como lo son las personas en conflicto con la ley penal. Luchamos por darle voz a las mujeres olvidadas, las personas indígenas sin intérprete, las víctimas LGBTTTI de abusos y discriminación del Estado. Luchamos por el derecho de las y los olvidados. (Leer más)
Por la salud de todas y todos, se debe vacunar en las prisiones del país
Entre personal penitenciario y personas privadas de libertad, a un año de la pandemia, fallecieron 351 personas y se contabilizaron 4 mil 353 contagios. A la fecha se han impartido 220 vacunas, es decir, el .01 de la población penitenciaria.
Por Sergio Pérez Gavilán
24 de marzo, 2021
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El 31 de marzo de 2020, 5 personas en un centro de reinserción social del Estado de México reportaron malestares con sintomatología propia de la Covid-19. A los pocos días serían confirmados como los primeros casos de infección dentro del sistema penitenciario. Después, el patente desorden, desinterés e incapacidad de las autoridades para hacer frente a la amenaza comenzó a cobrar vidas. Las acciones precisas y conjuntas tardaron en aparecer en las 289 prisiones del país, mientras en algunas nunca llegaron. Si bien se cancelaron visitas o se restringió inhumanamente la salida de estancias, elevando las horas de hacinamiento en las celdas de por sí sobrepobladas -45.6% de la población privada de la libertad a nivel nacional comparte su celda con más de cinco personas-1, el estatuto de las personas privadas de libertad como ciudadanas de segunda clase, jugó gravemente en su contra y hoy, se siguen contando las consecuencias.

A un año de los primeros contagios registrados en el país, la pandemia continúa en el sistema penitenciario. Del último balance que se llevó a cabo del Mapa Penitenciario-COVID19, el pasado 11 de noviembre, los números de contagios y muertes han mantenido un crecimiento constante: 351 fallecimientos y 4 mil 353 contagios, de las cuales corresponden a personas privadas de libertad, 280 decesos y 3 mil 791 contagios. Sin embargo, estos números recopilados a partir del monitoreo de medios locales y nacionales, así como solicitudes de acceso a la información, continúan siendo mucho más elevados que los reportados por la CNDH, el 16 de marzo, 3 mil 329 contagios y 251 decesos.

Es momento de comenzar a vacunar a todas las personas que convergen en los centros penitenciarios. Por ello, desde ASILEGAL, incorporamos un nuevo indicador al Mapa Penitenciario Covid-19: vacunas aplicadas. A la fecha, se han aplicado 220; 10 en Baja California, 63 en Guerrero, 96 en Hidalgo, 41 en Puebla, y 5 en Quintana Roo y Zacatecas, cada uno, en su mayoría a población exclusivamente de vulnerabilidad médica por edad o condiciones preexistentes. Es una buena señal que los sistemas penitenciarios estatales comienzan a responder, pero tampoco puede quedarse en la buena voluntad de ciertas autoridades. ¿Dónde hay un plan de proyección federal que puedan emular los estados para lograr la vacunación de todas las personas dentro de los centros penitenciarios? ¿Cuándo se les va a valer el derecho a la salud, a una vida libre de violencia o de la reinserción social a las personas privadas de libertad, si las autoridades responsables niegan la realidad de que la vacunación dentro de los sistemas penitenciarios tiene impactos en la población general, no solo la que está dentro?

Las personas privadas de libertad han adolecido como ningún otro grupo poblacional los estragos de la pandemia. Se les quitó el trabajo, el deporte, la salud, el acceso a visitas familiares, visitas íntimas, y el simple hecho de salir a tomar el sol y, aún así, el esquema de vacunación mencionado por Hugo López Gatell, el pasado 2 de febrero, solo contempló a las personas mayores de 60. Esto no es suficiente y, a largo plazo, dañino para el resto de la población.

El contexto de deficiencias de servicios de salud en el 40.44% 2 de todos los centros penitenciarios del país, así como la sobrepoblación en el 33% 3 de los centros estatales hizo impensable la posibilidad de la sana distancia desde el inicio. Como consecuencia, el hacinamiento anteriormente mencionado y la reclusión a celdas de castigo se empezaron a convertir en normas. Los atropellos a derechos humanos llevaron a la absoluta desesperación de familiares que rogaban por saber el mínimo de información, que las autoridades se rehusaron a proporcionar. Esto llevó a que, como anunció la CNDH, se hicieran en este año 1,038 quejas, de las cuales el 51% fueron sobre el derecho a la salud. Un incremento de 717% a comparación con el 2019, donde se hicieron 138, pero sorprendentemente ameritó la misma cantidad de recomendaciones en ambos años: tan solo 13.

De acuerdo con el estudio Cobertura de vacunación entre reos: una revisión sistemática (2020) 4 publicado por el Cuaderno Internacional de Estudios Ambientales y Salud Pública, hecho a partir de un análisis sistemático de 28 estudios sobre vacunación en centros penitenciarios de 9 países diferentes, el poder hacer campañas integrales de vacunación en prisión son una necesidad científicamente probada: “A pesar de los lineamientos internacionales y la publicación de muchas intervenciones basadas en evidencia que muestran el beneficio, un gran brecha persiste en la introducción y expansión de programas de vacunación tanto en países de bajos como altos ingresos. La cooperación y coordinación entre los sistemas públicos de salud y penitenciarios son necesarios para garantizar igualdad en el acceso a servicios de prevención para la población durante su internamiento”. 5

Sin la protección de los organismos fundados y puestos para velar por los derechos humanos de todo el grueso poblacional o, más bien, con apoyos que parecieron inconsecuentes e irrelevantes para atacar los efectos de la pandemia, las personas privadas de libertad se han visto forzadas a sobrevivir en la pandemia con todos los elementos en su contra. Y no debería de ser de esta manera. Tal y como lo señala el estudio citado, la posibilidad de mejores y rápidos resultados en los centros penitenciarios, es certera: “Hacer una intervención en poblaciones cerradas, con una larga proporción de individuos susceptibles a un alto riesgo de contagio, como lo es la comunidad penitenciaria, permite obtener una cobertura óptima de vacunación y mejores resultados comparado con una jornada hecha en la población general”. 6 Además, también es una oportunidad para acercarse a población vulnerable que de otra manera no tendría acceso a la salud, como lo son personas de minorías, de escasos recursos económicos, migrantes, indígenas o de la comunidad LGBTTTI: “Esto representa una oportunidad para acercarse a grupos que bajo condiciones regulares, tienen poco contacto con el sistema de salud. Por lo tanto, es de especial interés tener información de cobertura de vacunación en prisiones, con el fin de priorizar intervenciones o reforzar los calendarios de vacunación de acuerdo al riesgo intrínseco de cada prisión: llegar a tanta gente sea posible excluyendo a quienes ya han sido vacunados”. 7

Finalmente, como se mencionó antes, de los 4 mil 353 contagios contabilizados, 3 mil 839 corresponden a personas privadas de libertad, mientras 514 corresponden a personal de los centros. Esto tiene efectos profundos en la población general, no solo en lo que respecta al sistema penitenciario.

Los centros de reinserción social, estatales, federales y militares, no son espacios asilados completamente herméticos como lo podría ser un hospital Covid-19. Las personas, inclusive con rotaciones y medidas de salubridad relativas, regresan a sus casas, a sus comunidades que pueden estar en los centros de ciudades, van a hacer compras del supermercado, tienen familias y el potencial de contagios que pueden propagar por cumplir sus funciones no pueden ser menospreciadas. Vacunar a las personas privadas de libertad, así como al personal penitenciario, tiene una mayor importancia que solamente podría ser comparable con el personal médico. Las consecuencias de hacer caso omiso, por punitivismo, estigma y resentimiento social hacia lo que suceda dentro de los centros penitenciarios, tiene efectos graves en el resto de la población. En el caso, además, de centros que se encuentran alejados de zonas urbanas, puede ser aún más agudo. En pequeñas poblaciones donde la economía local recae principalmente en la existencia de dicho centro, la posibilidad de contagios masivos terminará por decimar a poblaciones que no tendrían acceso a hospitales preparados para hacer frente a la crisis. Defender los derechos de las personas privadas de libertad, su acceso a la salud en el contexto pandémico, significa cuidarnos a todas y todos.

* Sergio Pérez Gavilán es periodista de investigación de @Asilegalmx.

 

 

1 Informe especial CNDH junio 2020. Disponible aquí.

2 CNDH, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (2019), pg. 8

3 Ibíd. Pg. 9

4 Vicente Alcalde, Nancy, et al. Vaccination Coverage among Prisoners: A Systematic Review. (2020). International Journal of Enviromental Research and Public Health. Disponible aquí.

5 Traducción propia. Ibíd. Pg. 8

6 Ibídem.

7 Ibídem.

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