Retos de la Ley Nacional de Ejecución Penal a 6 años de su promulgación
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El derecho olvidado
Por Asistencia Legal por los Derechos Humanos ASILEGAL
La defensa de derechos humanos no es selectiva ni negociable y, normalmente, encuentra su necesid... La defensa de derechos humanos no es selectiva ni negociable y, normalmente, encuentra su necesidad en los sectores más estigmatizados y olvidados de la sociedad, como lo son las personas en conflicto con la ley penal. Luchamos por darle voz a las mujeres olvidadas, las personas indígenas sin intérprete, las víctimas LGBTTTI de abusos y discriminación del Estado. Luchamos por el derecho de las y los olvidados. (Leer más)
Retos de la Ley Nacional de Ejecución Penal a 6 años de su promulgación
En México tenemos una LNEP perfecta. El problema está a la hora de aplicarla, pues la falta de voluntad de las y los operadores de justicia, de las autoridades penitenciarias y las autoridades corresponsables contribuye a que esta ley sea solo un cúmulo de buenas intenciones.
Por Jose Luis Gutiérrez Román y Cristopher Alexis Sánchez Islas
17 de junio, 2022
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La Ley Nacional de Ejecución Penal (LNEP), promulgada el 16 de junio de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, representó la oportunidad de homologar los procesos de ejecución penal a nivel nacional a fin de cumplir las obligaciones del Estado mexicano sobre la garantía de los derechos de las personas privadas de la libertad encaminados a la reinserción social. Esta ley reglamentaria de los artículos 18 y 21 de la Constitución sentó las bases para contribuir a la consolidación del sistema de justicia penal acusatorio adversarial en el ámbito de posterioridad al dictado de la sentencia, la despresurización de los centros penitenciarios, y la plena garantía de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, desde la armonización normativa de conformidad con los estándares internacionales del corpus iuris de derechos humanos.

En el contexto de la pandemia por COVID-19, la LNEP fue pieza clave para lograr las libertades de personas que se encontraban en condiciones precarias de salud y sujetas al riesgo de contagio, a través de preliberaciones por política penitenciaria establecidas en el artículo 146. Asimismo, esta ley ha permitido que se alcancen las libertades reguladas en los artículos 136 y 141 respectivamente, que actualmente acumulan más de 13,185 1 personas con beneficios de libertad anticipada y sustitutivos de la pena. Además, ha sido una herramienta esencial para la interposición de más de 11,858 peticiones administrativas en 2021, 2 que permitieron visibilizar las necesidades de la población penitenciaria y con ello cambiar las condiciones de internamiento, la falta de atención médica, el contacto con el exterior y el acceso al trabajo de estas. Por si fuera poco, esta ley dio la pauta para la presentación de controversias ante el juez de ejecución penal en el supuesto de que dichas peticiones contempladas en el artículo 107 no fueran atendidas por la autoridad penitenciaria.

Bajo ese contexto y a simple vista, en México tenemos una LNEP perfecta. No obstante, el problema está a la hora de aplicarla, pues la falta de voluntad de las y los operadores de justicia, de las autoridades penitenciarias y las autoridades corresponsables, sumado al desconocimiento de la ley y la presencia de prejuicios y estereotipos que les cargan a las personas privadas de libertad, contribuye a que esta ley sea solo un cúmulo de buenas intenciones.

Por ello, a seis años de la promulgación de la LNEP aún existen retos normativos que impiden la materialización de los derechos humanos de todas las personas privadas de la libertad, como la rigurosidad del régimen de excepción y la continua estigmatización de las personas privadas de la libertad, la falta de implementación de la corresponsabilidad institucional, las problemáticas de retroactividad de las normas de ejecución, y la falta de consideración de diversos grupos en situación de vulnerabilidad en el contenido de la LNEP.

Régimen de excepción y estigmatización de las personas privadas de libertad

El régimen de excepción en materia penal tiene su fundamento en el funcionalismo radical y la teoría del derecho penal de autor, en las cuales se asume que las características personales de la persona en conflicto con la ley penal son un factor determinante para la justificación de la imposición de la pena. Esto convierte al derecho penal en una metodología de castigo por las formas de vida, las orientaciones políticas, prácticas e identidades basadas en estereotipos, prejuicios y estigmas arraigados por la política criminal mexicana. Esta teoría concibe a la pena como un medio de corrección de la personalidad del individuo en conflicto con la ley penal, bajo la expectativa de regeneración moral y readaptación social.

En el marco normativo de la ejecución penal, este régimen de excepción imposibilita que las personas que se encuentran procesadas por delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa no accedan a diversos derechos contemplados para la población penitenciaria en la LNEP. Ejemplo de esto son los relativos al contacto con el mundo exterior, la libertad de tránsito dentro del centro penitenciario, las visitas íntimas y de familiares, y los traslados voluntarios. Por lo que respecta a las personas sentenciadas por delitos de este régimen, ellas se ven impedidas a acceder a beneficios preliberacionales como la libertad condicionada, la libertad anticipada, la sustitución y la suspensión provisional de las penas, los permisos humanitarios y las preliberaciones por política penitenciaria.

Si bien, el régimen de excepción, contemplado en el artículo 19 constitucional, encuentra cierta razonabilidad y objetividad de acuerdo a las finalidades de la política criminal, que este impida herramientas para la materialización de la reinserción social de las personas privadas de libertad, restringe de forma absoluta sus derechos humanos.

Falta de implementación de la corresponsabilidad institucional

Para lograr el objetivo de la reinserción social, el poder judicial y el ejecutivo cuentan con una herramienta fundamental: la coordinación interinstitucional establecida en el artículo 7 de la LNEP. A través de la instauración de comisiones intersecretariales, organismos gubernamentales de distintos niveles deben coordinarse para que, en el ámbito de sus competencias y en un marco de corresponsabilidad, cumplan con el derecho a la reinserción social de las personas privadas de libertad.

La corresponsabilidad implica no sólo la existencia de una colaboración, sino que impone un mandato a las autoridades de intervenir en el cumplimiento de la obligación que el Estado mexicano tiene frente a las personas en situación de reclusión.

En relación con las obligaciones específicas en materia de reinserción social, el Estado, particularmente a través de sus Secretarías, debe actuar conforme lo establece no solamente la LNEP, sino también el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), pues es este último el que establece, en su artículo 2, que todas las obligaciones internacionales de los Estados deben ir encaminadas a adoptar las medidas necesarias para garantizar la plena realización de los derechos de manera progresiva, lo que implica expedir las normas o desarrollar las prácticas necesarias para el ejercicio efectivo de los derechos. Es por ello que la coordinación interinstitucional adquiere gran relevancia.

Sin embargo, y a pesar de tener un catálogo amplio de instituciones involucradas en la garantía de la reinserción social, los centros penitenciarios son quienes prioritariamente destinan su actividad estatal al cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la población privada de la libertad, no así las Secretarías. ASILEGAL ha acompañado a Alondra, 3 mujer privada de la libertad que sufre de problemas lumbares y la cual ha necesitado de una operación para atender su diversidad funcional, las autoridades corresponsables como la Secretaría de Salud han hecho caso omiso a la provisión de los insumos médicos y la disposición del espacio para ejecutar la operación, dejando al centro penitenciario como el único que ha homologado fuerzas para atender esta emergencia médica.

Problemáticas de retroactividad de las normas de ejecución

La LNEP, en algunos casos iniciados con anterioridad a su entrada en vigor, por la falta de homologación de criterios derivados del desconocimiento de la implementación del principio pro persona, ha generado que muchas personas privadas de libertad vean menoscabados sus derechos adquiridos con las leyes anteriores, bajo el argumento de la improcedencia de la retroactividad de la norma en los casos de los beneficios abrogados.

Claro ejemplo de esto son las remisiones parciales de la pena contempladas en la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social del Sentenciado y las leyes de ejecución locales, las cuales en su gran mayoría son negadas por las y los jueces de ejecución quienes, con argumentos de que el instrumento normativo que lo reconocía ha sido derogado, resuelven la improcedencia del reconocimiento de sus días laborados para descontar de su compurgación de la pena. Esto impide que las personas que tenían derechos adquiridos alcanzaran la posibilidad de ir sumando a su condena los días trabajados para obtener algún beneficio preliberacional.

Al respecto, ASILEGAL ha acompañado el caso de Luisa, 4 mujer privada de la libertad que solicitó su remisión parcial de la pena por haber trabajado 4,354 días, quien al solicitar la remisión parcial de la pena, previa acreditación de todos los requisitos necesarios para acceder a este beneficio, recibió la negativa del juez de ejecución bajo el argumento de que un beneficio no era un derecho sino una expectativa de derecho, razón por la cual no aplicaba la retroactividad de la Ley de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales de la Entidad Federativa.

Exclusión de diversos grupos en situación de vulnerabilidad en el contenido de la LNEP

Con la reforma del 10 de junio de 2011, el catálogo de categorías protegidas por la constitución frente a la discriminación se vio incrementado para la debida promoción, protección, respeto y garantía de los derechos de los grupos en situación de vulnerabilidad. Al respecto, y con motivos de la armonización que todas las leyes generales, federales y locales deben tener con arreglo a la Constitución, la LNEP contempla en su artículo 9 el derecho de las personas privadas de la libertad a la igualdad y no discriminación.

Podría creerse que es suficiente con referir la prohibición absoluta de la discriminación. Sin embargo, es esencial visibilizar los grupos en situación de vulnerabilidad dentro de la LNEP para poder hacer accesible la exigibilidad de sus derechos humanos. Estos grupos, al tener necesidades específicas respecto de su identidad u orientación, deben ser prioritariamente protegidos por la discriminación estructural a la que están sujetas.

Por estas razones, es imprescindible para la garantía de grupos en situación de vulnerabilidad como personas LGBTIQA+ y personas que viven con VIH la positivización de su categoría en la LNEP y la misma constitución. El hecho de lograr que estas categorías sospechosas sean integradas al marco jurídico de ejecución penal será fundamental para que todas las personas de grupos en situación de vulnerabilidad puedan acceder a la reinserción social en condiciones de igualdad sustantiva.

Desde ASILEGAL, continuamos trabajando para que la correcta implementación de la Ley Nacional de Ejecución Penal sea una realidad asequible en todo el sistema penitenciario en México, para así lograr la consolidación del trabajo coordinado de autoridades corresponsables encargadas de llevar a cabo la materialización de los ejes del modelo penitenciario actual, procurando siempre el  respeto irrestricto de la dignidad de las personas privadas de la libertad.

A 6 años de la promulgación de la LNEP, el reto más grande para materializar las aspiraciones de esta ley es hacer comprender a las autoridades de ejecución que la reinserción social ya no es una expectativa de derecho, sino un derecho absoluto que todas las personas privadas de la libertad deben ver garantizado.

* Jose Luis Gutiérrez Román (@JLuisASILEGAL) es director general de ASILEGAL. Cristopher Alexis Sánchez Islas es coordinador del área jurídica de ASILEGAL.

 

1 Suma acumulada de los rubros de Tratamiento preliberacional, Libertad Supervisada y Condena Condicional recuperados del Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional de abril de 2022. Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional. Abril 2022. Página 50. Disponible aquí.

2 Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria. 2021. Página 776. Disponible aquí.

3 Nombre modificado para efectos de protección de identidad y datos personales.

4 Nombre modificado para efectos de protección de identidad y datos personales.

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