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El derecho olvidado
Por Asistencia Legal por los Derechos Humanos ASILEGAL
La defensa de derechos humanos no es selectiva ni negociable y, normalmente, encuentra su necesid... La defensa de derechos humanos no es selectiva ni negociable y, normalmente, encuentra su necesidad en los sectores más estigmatizados y olvidados de la sociedad, como lo son las personas en conflicto con la ley penal. Luchamos por darle voz a las mujeres olvidadas, las personas indígenas sin intérprete, las víctimas LGBTTTI de abusos y discriminación del Estado. Luchamos por el derecho de las y los olvidados. (Leer más)
Se promulgó la Ley de Amnistía, ¿ahora qué sigue?
Un repaso de las dificultades históricas de las diversas amnistías que se han dado en México y los pasos a seguir para una implementación íntegra y útil.
Por José Luis Gutiérrez
29 de abril, 2020
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La promulgación de la Ley de Amnistía, sin duda, representa la gran oportunidad para que el Estado resarza el daño que históricamente ha generado sobre miles de personas que se encuentran en conflicto con la ley penal. Personas que derivado de sus contextos de vulnerabilidad no pudieron acceder a la jurisdicción del Estado de manera libre, sin prejuicios, a una justicia que respetara su identidad cultural, que no criminalizara su protesta social, que reconociera la importancia de proteger los derechos sexuales y reproductivos y analizarlos desde una perspectiva de género, que tuviera un enfoque de derechos humanos e interseccional. A fin de cuentas, a personas pertenecientes a contextos de pobreza, de marginación por discapacidad o por drogodependencia.

La Ley de Amnistía representa una oportunidad para aquellas personas que fueron acusadas, indiciadas, vinculadas o sentenciadas antes del 21 de abril de 2020 por los delitos de aborto, homicidio en razón de parentesco, robo simple, delitos contra la salud y sedición. Sin embargo, más allá de ser una ley que identifica ciertos delitos que pueden ser amnistiados, lo relevante de esto son los contextos de marginación, pobreza, discriminación y criminalización.

Pero ¿qué es una Ley de Amnistía? Desde un enfoque doctrinal, “debe entenderse como un acto legislativo por el cual se olvidan oficialmente una o más categorías de delitos, aboliendo los procesos o las penas, y también puede ser conocida como Ley de Olvido”1. Este tipo de leyes no son nuevas. De hecho, México ha presentado varios casos de amnistía con el propósito de garantizar la paz entre la sociedad y regresar al Estado de Derecho. Según la época son los delitos cometidos y por lo tanto el universo de beneficiarios también cambia.

Bastará con recordar la amnistía que realizó Benito Juárez en 1870 que benefició a todas aquellas personas que fueron culpables de infidencia a la patria, de sedición, conspiración y demás delitos del orden público que se hayan cometido hasta antes del 19 de septiembre 1870. Del mismo modo, también se puede recordar la amnistía de 1872 por el entonces presidente Sebastián Lerdo de Tejada que, tras la muerte de Benito Juárez, extendió la amnistía que había otorgado a sus propios enemigos, conservadores presos quienes habían conspirado a favor de Maximiliano de Habsburgo.

Pensando en ejemplos del siglo XX existen varios referentes: Lázaro Cárdenas en 1937 benefició a civiles y militares que participaron en motines, sublevaciones y rebeliones al término de la Revolución mexicana; o bien, la amnistía de 1976 promulgada por Luis Echeverria Álvarez que tenía como beneficiarios a personas acusadas de sedición que hubieran cometido delitos del fuero común durante el conflicto estudiantil de 1968; o ¿por qué no? la promulgada por López Portillo en 1978 que beneficiaba a los militares de grupos políticos armados como la Liga Comunista del 23 de Septiembre y el Partido de los Pobres que participaron en la guerra contra el ejército mexicano; o, a finales de siglo pasado, la del 22 de enero de 1994 emitida por Carlos Salinas de Gortari y que tenía por objetivo beneficiar a los integrantes del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional en su levantamiento armado en contra de su gobierno.

Todas las anteriores amnistías tuvieron como objetivo restablecer la paz pública que se había fragmentado por las represiones hechas por el Estado a determinados grupos que no comulgaban con la ideología política de los puestos de poder en turno. No obstante, esta acción de amnistiarlos era un reconocimiento y un paso importante para la justicia social. Por lo anterior, la actual amnistía es, en resumen, un paso para el reconocimiento de la incapacidad de operar el sistema de impartición de justicia, es la aceptación de que, a lo largo de las últimas décadas, el Estado ha criminalizado la pobreza, ha discriminado a las mujeres y ha segregado a las personas indígenas.

Muchos se preguntan si esta ley da respuesta a la crisis sobre la emergencia sanitaria o, por el contrario, trata de una política populista. Sobre ello, de acuerdo a una breve revisión de los alcances y con base en el conocimiento de cuáles son las principales preocupaciones de la sociedad mexicana, podemos afirmar con seguridad que no abona a la despresurización de los centros penitenciarios y no es una acción que pueda definirse como populista ya que, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2019, entre las principales temas que preocupan se encuentran los siguientes: la inseguridad (67.2%), el desempleo (32.8%), aumento de precios (28.1%), salud, (27.6%), pobreza (27.5%), corrupción (26.8%), falta de castigo a delincuentes (26.3%), educación (19.9%), narcotráfico (18.4%) y escasez de agua (16.7%). Sobre lo que, en realidad, abonaría a la atención de personas privadas de libertad respecto de la emergencia sanitaria es la correcta implementación de la Ley Nacional de Ejecución Penal.

Por todo lo anterior, es imperante descolocar esta ley del contexto del COVID-19, para entender su importancia como un instrumento de justicia social. Es importante destacar que nadie habla o ve a las personas privadas de libertad como víctimas del sistema de justicia y del propio Estado. Por el contrario, son uno de los sectores más estigmatizados de nuestra sociedad.

Como organizaciones que promueven y defienden los derechos de las personas privadas de libertad, identificamos algo muy predecible. No es fácil sensibilizar a las personas en general sobre la causa que perseguimos. Es más fácil, por ejemplo, para organizaciones que protegen los derechos de los niños que la gente sea empática con la causa. Por ello, es necesario abordar el tema de Ley de Amnistía con total claridad, desde esta perspectiva integral de Derechos Humanos, apartada del populismo o de los discursos conservadores que aseguran que esta ley protege criminales de alta peligrosidad, narcotraficantes y secuestradores.

Entonces, ¿a quién le beneficiará esta amnistía? Por tratarse de una Ley Federal solo está enfocada aquellas personas que están acusadas por delitos de aborto, homicidio en razón de parentesco, robo simple, contra la salud en las modalidades establecidas en los artículos 194, 195, 195 bis y 198 del Código Penal Federal y que cumplen una serie de patrones de discriminación y vulnerabilidad.

Según datos del Censo Penitenciario Nacional 2019, emitido por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), existen poco más de 8 mil personas privadas de libertad del fuero federal por los delitos que contempla esta amnistía, y si se replicará a nivel estatal, existen aproximadamente 20,502 personas del fuero local de acuerdo a el mismo censo.

De acuerdo al proceso legislativo y de promulgación de ley de decreto, el procedimiento que deberá seguir para la implementación de esta sería el siguiente:

Proceso a seguir de la Ley de Amnistía:

  • Publicación
  • Al día siguiente: entrada en vigor.
  • 60 días hábiles (después de entrada en vigor): Ejecutivo expide acuerdo para crear la Comisión y Consejo de la Judicatura Federal determina jueces que conocerán de la amnistía.
  • 180 días (después de entrada en vigor): revisión de los delitos para valorar su vigencia.

Desde ASILEGAL vemos con buenos ojos este primer paso que configura una puerta de acceso a la justicia social de las personas en situación de vulnerabilidad. Específicamente de las personas que se encuentran en contextos de interseccionalidad y que tienen mayor riesgo de ser violentadas en sus derechos humanos.

Ponemos énfasis, también, en que no es una ley integral y que tiene deficiencias desde la construcción y hasta el alcance del reconocimiento de la violencia institucional, la falta de los debidos procesos y la criminalización de la pobreza en los sistemas de impartición de justicia.

Apelamos a que se identifiquen los contextos de vulnerabilidad específicos de cada región del país, a modo de tropicalización y enfoques acotados para la garantía del acceso a la justicia de todas las personas en conflicto con la ley penal. Finalmente, seguiremos de cerca la implementación de las comisiones encargadas de vigilar el cumplimiento del decreto de ley y de los mecanismos de selección de beneficiarios para lograr el alcance más amplio.

* José Luis Gutiérrez es Director de ASILEGAL.

 

 

1 Cfr. Dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda, sobre la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Amnistía (Aprobado 20/04/2020) Pg. 23.

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