Sistema Penal Acusatorio: asignatura pendiente para los ddhh
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El derecho olvidado
Por Asistencia Legal por los Derechos Humanos ASILEGAL
La defensa de derechos humanos no es selectiva ni negociable y, normalmente, encuentra su necesid... La defensa de derechos humanos no es selectiva ni negociable y, normalmente, encuentra su necesidad en los sectores más estigmatizados y olvidados de la sociedad, como lo son las personas en conflicto con la ley penal. Luchamos por darle voz a las mujeres olvidadas, las personas indígenas sin intérprete, las víctimas LGBTTTI de abusos y discriminación del Estado. Luchamos por el derecho de las y los olvidados. (Leer más)
Sistema de Justicia Penal Acusatorio: asignatura pendiente para los derechos humanos
Un sistema de justicia deficiente implica acceso desigual a la justicia y permitir procesos de doble o múltiple victimización, pero significa también la imposibilidad de enfrentar la inseguridad pública a través de las instituciones del sistema de justicia.
Por José Luis Gutiérrez Román
27 de septiembre, 2022
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México enfrenta una crisis en su Sistema de Justicia Penal Acusatorio Adversarial (SJPA) que impacta directamente en los derechos humanos. El Estado mexicano enfatiza la sanción por encima de nociones fundamentales de justicia y debido proceso. Esta situación, aunada a falta de mecanismos de justicia efectivos para investigar, sancionar y reparar a las víctimas del delito, ha desencadenado una serie de obstáculos que impiden que el SJPA se consolide.

Frente a las observaciones de la comunidad internacional respecto a la implementación del nuevo sistema de justicia penal, el 14 de marzo de 2014 el Estado mexicano aceptó una serie de recomendaciones 1 relativas al sistema judicial y sistema de justicia penal, realizadas durante el Mecanismo de Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos, en 2013. Respecto al retraso en la implementación de la reforma penal, el Estado señaló que actualmente el Poder Judicial ejecuta el Plan Maestro para la Implementación de la Reforma Penal aprobado el 8 de mayo de 2013, con miras a cumplir con el plazo constitucional que se estableció para la implementación del sistema de justicia. 2

Pese a estos obstáculos en la implementación, México dejaba atrás un sistema de justicia inquisitivo mixto para transitar a uno de corte acusatorio adversarial, en el que aún hay problemáticas pendientes que no se han logrado combatir; tal es el caso de la delincuencia organizada, la sobrepoblación en las prisiones, el uso y abuso de la prisión preventiva, entre otros. Por lo que la respuesta a estas problemáticas ha sido el intento de políticas que tengan como objeto la militarización de la seguridad pública, el engrosamiento del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa y el cierre de centros penitenciarios, lo que está generando sobrepoblación y hacinamiento en el sistema penitenciario mexicano, que a su vez acentúa los ya persistentes problemas de auto gobierno y cogobierno.

Un indicador que revela el bajo nivel de desempeño del SJPA es la cifra negra, la cual hace referencia a los actos delictivos no reportados ante el Ministerio Público o que no fueron investigados en una carpeta de investigación, lo que evidencia la falta de legitimidad que tienen las instituciones del sistema de procuración e impartición de justicia. Por ejemplo, hacia 2018 y de acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2019 (ENVIPE), sólo 6.8 % del total de los delitos fueron denunciados o comenzaron un proceso de investigación, lo que significa que 93.2 % de los delitos no fueron denunciados o no iniciaron un proceso de investigación preliminar o carpeta de investigación. Es decir, quedaron en completa impunidad.

La ENVIPE identificó las principales razones por las que las personas no denunciaban los delitos, documentando en primer lugar: la pérdida de tiempo (31.7 %), desconfianza en la autoridad (17.4 %), trámites largos y difíciles (8.9 %), una actitud hostil de la autoridad (4.3 %) y miedo a que fueran extorsionados por parte de las autoridades (0.8 %). En suma 63.2 % de quienes no denunciaron lo hicieron por razones atribuibles a las propias autoridades.

Esta crisis de impunidad es asociada a la corrupción que existe en nuestro país. Según datos de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), el 39 % de las personas asocian la corrupción con la falta de castigo por actos de corrupción cometidos por servidores públicos. Los datos en el terreno de la corrupción son muy similares a los de la impunidad institucional: de cada 100 actos de corrupción, 29 se denuncian y sólo 8 tienen consecuencias legales. Es decir, la impunidad en actos de corrupción es del 92 %.

Aunado a lo anterior, el contexto de impunidad y la falta de cumplimiento de los deberes estatales en materia de acceso a la justicia generan que los gobiernos realicen acciones sustentadas en una política criminal violatoria de derechos humanos, que promueve la falta de acceso a la justicia por las deficiencias del sistema de justicia penal. En este contexto, se detonan situaciones específicas que producen procesos de criminalización y, a su vez, se convierten en prácticas sistemáticas, como es el caso de la fabricación de culpables.

La práctica de fabricación de culpables consiste en que, para subsanar los errores de investigaciones no diligentes por parte de las autoridades de procuración de justicia, estas introducen al caudal probatorio del proceso penal indicios o datos de prueba para culpar a alguien por su presunta participación en la comisión de algún delito -mayoritariamente los que ameritan prisión preventiva oficiosa-, sin tener relación alguna con los hechos del caso. Al respecto, esta práctica fomenta la comisión de actos de tortura e implica violaciones a la presunción de inocencia, debido proceso, libertad personal, seguridad jurídica, garantías judiciales, igualdad ante la ley e integridad personal.

Bajo la lógica anterior, la justicia en México enfatiza la sanción por encima de la justicia, los derechos humanos y el debido proceso, generando esto, un grave obstáculo para la consolidación de un sistema de justicia penal acusatorio adversarial. Dicho lo anterior, es importante identificar cuáles son las causas que han propiciado que el SJPA no se consolide como un ente garante de los derechos humanos de las víctimas, los indiciados y la sociedad, logrando cumplir con su mandato constitucional de esclarecer los hechos, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados sean reparados.

Es de resaltarse que además de estos fines del sistema de justicia, se debe de reconocer la ontología del sistema penitenciario como elementos esenciales y como el último eslabón del sistema de justicia, para ello debe enfatizarse el fin establecido en la constitución que es la reinserción social de toda persona privada de libertad que pasó por un sistema de justicia garante de los derechos humanos.

Respecto a las dificultades institucionales para la consolidación del SJPA, desde 2015 la CIDH advirtió que las problemáticas estructurales para la implementación  y consolidación del SJPA estaban asociadas a la falta de recursos públicos, falta de capacitación de las y los operadores de justicia, el funcionamiento mecánico de las instituciones de impartición de justicia, la simultaneidad de los sistemas de justicia -inquisitivo y adversarial-, siendo administrados por las mismas instituciones y en algunos casos por los mismos servidores públicos.

Por otro lado, en cuanto a las dificultades culturales, la Relatora Especial sobre independencia de magistrados y abogados de las Naciones Unidas exhortó a México a trabajar la modificación en la mentalidad de todas las operadoras y operadores de justicia –mediante la eliminación de prejuicios-, así como de los profesionales del derecho –principalmente personal litigante y personal académico- en virtud de consolidar culturalmente el SJPA. Ello con el fin de dar una aceptación del SJPA en aras de disipar las dudas y los conceptos erróneos que la población en general tiene sobre la efectividad y naturaleza de este sistema, así como mitigar las percepciones de la ciudadanía que afectan en la confianza a dicho sistema.

Sumado a ello, el pensamiento generalizado que prepondera en la mentalidad de la población mexicana sobre la confianza en los operadores de justicia constituye otro obstáculo cultural para consolidar el SJPA. Esta se reflejó en el Índice de Confianza de la Población en las Autoridades del SJPA, calculado a partir del promedio de la diferencia entre “mucha” y “nada de confianza” en operadores de justicia como policía estatal, policía federal, policía de investigación, ministerios públicos y personas juzgadoras.

Este índice evidenció que antes de la entrada en vigor del SJPA, las percepciones de confianza de la población hacia los operadores de justicia se encontraban en un -2.5 en 2014, -3.2 en 2015 (en una escala de 0.0 como un nivel de confianza neutral, y -12.00 como el nivel de desconfianza más bajo). Fenómeno que empeoró en contraste con los datos obtenidos en 2016, cuyo nivel de confianza cayó al -9.4.

La propia legislación representa una clara problemáticas de contenido para la consolidación del SJPA, el Estado mexicano ha tenido bastantes atropellos para adecuar sus leyes al sistema de SJPA. Desde que la CIDH tuvo conocimiento de la implementación del SJPA marcó una serie de directrices normativas para el fortalecimiento de este frente a las problemáticas de contenido, como la uniformidad de las leyes en todo el país, o los rezagos temporales en diversos estados con índices delictivos altos como Guerrero, Michoacán y Tamaulipas.

Finalmente, un sistema de justicia deficiente implica acceso desigual a la justicia y permitir procesos de doble o múltiple victimización, pero significa también la imposibilidad de enfrentar la inseguridad pública a través de las instituciones del sistema de justicia. Así pasó recientemente respecto a la liberación de personas implicadas en el caso de desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, mismos que fueron puestos en libertad en relación a las fallas procesales al momento de su detención, lo cual no puede atribuirse a fallas del Poder Judicial sino que es transversal al Poder Ejecutivo a través de las fuerzas policiales, lo que aunado a las problemáticas estructurales, culturales y legislativas del sistema obstaculizan le consolidación de un sistema de justicia que prometía mucho.

@AsilegalMx

 

1 148.92.-­‐ Seguir intensificando los esfuerzos por reforzar las instituciones judiciales; 148.93.-­‐ Adoptar medidas para garantizar la aplicación efectiva y oportuna de las reformas judiciales previstas en la constitución y la profesionalización de la policía mediante la capacitación integrada y el aumento de la capacidad de quienes participan en la administración de justicia, incluidos jueces, fiscales, abogados, policías y encargados de investigaciones penales; 148.94.-­‐Agilizar la aplicación de las reformas constitucionales de la justicia penal de 2009 para mejorar la transparencia y garantizar los derechos procesales de los acusados. Aplicar plenamente la reforma del sistema de justicia penal en todos los estados de México tan pronto como sea posible; 148.95.-­‐Fortalecer el sistema de justicia penal en el país, para investigar con prontitud y eficacia; 148.96.-­‐ Seguir fortaleciendo el sistema de justicia penal, en particular mediante el aumento de la capacidad de los agentes del poder judicial y las instituciones policiales y judiciales. 148.99.-­‐ Seguir aprobando la legislación secundaria necesaria, en relación con la reforma constitucional, armonizándola a nivel estatal y federal, e impartir capacitación a los funcionarios judiciales para garantizar su aplicación efectiva en ambos niveles; 148.100.-­‐ Proseguir las reformas de la seguridad pública y el sistema judicial y garantizar su aplicación.

2 Respuesta de México a las recomendaciones del Mecanismo de Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos, pág. 5. Ver aquí.

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