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El derecho olvidado
Por Asistencia Legal por los Derechos Humanos ASILEGAL
La defensa de derechos humanos no es selectiva ni negociable y, normalmente, encuentra su necesid... La defensa de derechos humanos no es selectiva ni negociable y, normalmente, encuentra su necesidad en los sectores más estigmatizados y olvidados de la sociedad, como lo son las personas en conflicto con la ley penal. Luchamos por darle voz a las mujeres olvidadas, las personas indígenas sin intérprete, las víctimas LGBTTTI de abusos y discriminación del Estado. Luchamos por el derecho de las y los olvidados. (Leer más)
Una hora más sin la amnistía prometida
Si ni siquiera la pandemia fue suficiente para desechar los interminables procesos burocráticos del país, especialmente en temas de justicia, es difícil dilucidar qué podrá ser efectivo para que las autoridades apliquen los mandatos que funcionan a favor de los derechos humanos y no en su contra.
Por Asistencia Legal por los Derechos Humanos ASILEGAL
19 de noviembre, 2020
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Hace una semana los equipos de comunicación, jurídico y dirección de ASILEGAL asistimos a un reclusorio en la Ciudad de México para hacer entrevistas con personas privadas de libertad. Como es la intención de la organización, las entrevistas buscan escuchar y comprender la situación de las personas, observando con detenimiento cuando se mencionan abusos, violaciones o tortura. Cada entrevista toma tiempo: en promedio de 45 minutos a 1 hora. Sin embargo, en cualquier centro penitenciario, la puntualidad y las formas apremian. Horarios claros para comer, dormir, platicar, ejercitarse y trabajar formulan el estilo de vida de todas las personas, privadas de libertad o no.

Después de una presentación rápida, comenzamos las entrevistas en un jardín con palapas y mesas fijas pintadas de café. No pasan más de cinco minutos dentro de la primera, cuando interrumpe impaciente una persona, reclamando que estaba antes en la fila para hablar y se le había metido Geo,1 quien niega el hecho inmediatamente. El conflicto se resuelve sin problemas, como la entrevista ya había comenzado, no había vuelta atrás. Geo tomó hora y quince en contar su historia y, para ello, la otra persona había desaparecido. Luego vino Martha, quien hablaría durante otra hora. Después, Ximena, Pedro y Raquel, variando entre media hora y cuarenta minutos sus pláticas. El tiempo dentro del centro penitenciario había terminado. Cuando de pronto aparece Fran, se presenta y pide disculpas por su ausencia y anterior interrupción: temía que por irse a bañar después de ejercitarse tendría que entrar a trabajar y no podría sentarse a platicar. En un acuerdo tácito, pero también irregular, se extiende más el tiempo acordado en el centro.

Fran se sienta y erige su espalda, pero no tarda en volverse a encorvar. Deja pasar un par de segundos antes de comenzar a hablar, cruzando los brazos y apartando sus pies. Su notoria impaciencia se acentúa mientras dice que está detenida desde 2003, es decir, que lleva 148 mil 920 horas en privación de libertad desde su detención, 148 mil 920 horas desde el día que un grupo de policías le torturaron durante horas sin fin. Pregunta por amnistía, por Protocolo de Estambul, por una ayuda que parece no llegarle por ningún lado desde que se le señaló como culpable de un crimen del que afirma no tener implicación. Pide pensar en el tiempo y dinero que ha gastado su familia con licenciados, en el estigma con el que cargan y en las horas de la noche que por severos traumas causados por la policía no podía dormir o perdía control de funciones básicas para cualquier persona.

Termina la entrevista y dejamos el centro. El camino de regreso a la oficina siempre es más largo y silencioso que la ida. Recordamos a Fran y a la “amnistía”, una palabra que se usa indiscriminadamente dentro de las cárceles del país, y en las 21 peticiones que ya presentó ASILEGAL. En específico, brotan dos mujeres quienes cada hora que pasan en una privación de libertad errónea e injusta, se convierte en una nueva sentencia: Regina, de 64 años, que en un momento de complicaciones económicas por salud, su sustento del tianguis en el que trabajaba dejó de ser suficiente, aceptó transportar droga hacia la frontera y recibió un desproporcional castigo de 6 años 8 meses siendo primodelincuente; Laura, que fue abandonada por su pareja al saberse su embarazo, y al poco tiempo fue obligada a colaborar con el crimen organizado bajo la amenaza de que se le haría daño a ella y su hijo, sentenciada también a 6 años 8 meses privada de libertad. Casos con nombre y cara que se replican, una y otra vez, con penas de 10 años y nunca bajando de 6, esperando que la amnistía suceda.

En el coche, un compañero de jurídico me comenta que la semana siguiente irá a Oaxaca a seguir juntando casos de amnistía, realizando entrevistas con el anhelo de que los efectos de una ley promulgada en abril de este año al fin comience a tener efecto. La realidad es que si bien la promesa propagada por el gobierno federal se esparció como fuego, causando columnas de opinión de personalidades mediáticas, o una conversación viva sobre la privación de libertad en el país, luego quedaron las cenizas con las que las personas privadas de libertad, sus familiares, amigos y organizaciones de la sociedad civil tienen que maniobrar, como si estas por algún truco alquímico pudieran volver a convertirse en fuego.

Olga Sánchez Cordero mencionó que habría 6 mil personas potencialmente beneficiarias de la ley. Hoy, ni siquiera después de una pandemia que ha infectado a más de 3 mil 500 personas privadas de libertad, haciendo una coyuntura aún más relevante para otorgar libertades que nunca debieron ser despojadas, no se ha visto ni un solo caso de éxito. Con una tasa de mortalidad en las prisiones 2.3 veces más alta que el resto de la población por COVID-19, la urgencia de una eficaz implementación se justifica por sí sola. Sin embargo, la población privada de libertad no ha hecho otra cosa que incrementar viciosamente con la adicción legislativa al uso y abuso de prisión preventiva. Acorde al Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciara Nacional de enero a septiembre 2020, de nuevo, en el marco de la pandemia, incrementó la población penitenciaria en 11 mil 865 personas, y hay 14 mil 24 personas más en prisión preventiva que al comenzar el año. En ambos casos, prácticamente o más del doble de las personas que estipuló Sánchez Cordero como partícipes de la amnistía.

La búsqueda por resolver con cárcel los problemas del país solamente se traduce, así como las penas, en el tiempo que le tomará sanar las heridas del pasado. Mientras unos y otros se congratulan por pasar legislaciones completamente contradictorias, como la Ley de Amnistía, así como la ampliación del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva, las personas marginadas, empobrecidas y encarceladas pagan con el tiempo que podrían usar para vivir libres de la violencia que ejerce el Estado.

Llegamos a la oficina y compartimos nuestras ideas. Entre todas, destaca la reiteración de la palabra amnistía y la dificultad, también, para entender que no todas las personas podrán pensar en ella como una posibilidad. Después, se habla de las que sí podrían verla como una salida a la situación legal que enfrentan, cuando llega una última apreciación: si ni siquiera la presión de una pandemia de la que se hablará por décadas fue suficiente para desechar los interminables procesos burocráticos del país, especialmente en temas de justicia, es difícil dilucidar qué podrá ser efectivo para que las autoridades apliquen los mandatos que funcionan a favor de los derechos humanos y no en su contra.

Cada hora que pasa sin la amnistía prometida se vuelve en un silencio culpable que, paulatinamente, se extraña y desliga de la justicia. Una moneda vieja que se sigue intercambiando a voces y para ciertos círculos aporta un valor enorme, pero para otros pareciera valer poco –o nada–. Si el tiempo es la moneda con la que uno paga su conflicto con la ley penal, obligar a las personas a pagar con horas innecesarias en la cárcel, es un crimen del Estado.

Si quieres saber si tu familiar o ser querido podría beneficiarse de la Ley de Amnistía, revisa la guía de ASILEGAL, aquí.

* Sergio Pérez Gavilán, periodista de investigación de ASILEGAL.

 

 

1 Todos los nombres de las personas privadas de libertad fueron intercambiados para preservar su identidad.

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