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El Dispensario. Diálogo sobre Drogas.
Por PPD CIDE
El Programa de Política de Drogas del CIDE es un espacio académico interdisciplinario cuyo obje... El Programa de Política de Drogas del CIDE es un espacio académico interdisciplinario cuyo objetivo es estudiar el fenómeno de las drogas, la política de drogas y sus consecuencias. Este es su blog. (Leer más)
Coca, narco y crimen en la Colombia del posacuerdo
A pesar de los esfuerzos del Estado por combatir a las bandas criminales, el prohibicionismo y las características del mercado global de drogas ilícitas seguirán proveyendo las ventanas de oportunidad para sus persistencia y expansión.
Por PPD CIDE
28 de julio, 2017
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Por: Viviana García Pinzón (@vivigarciap)

“El cartel de drogas más grande del mundo”. Bajo esta denominación sectores políticos en Colombia y el exterior han clasificado a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-Ep). Si bien esta etiqueta es inexacta, permite señalar el fenómeno de la vinculación de las guerrillas con el narcotráfico y la concurrencia de esta problemática con el conflicto armado interno. Dada la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno colombiano y las FARC-Ep, y el inicio de un proceso de negociación con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), tiene sentido reflexionar sobre el devenir de la economía política del narcotráfico en Colombia en este nuevo escenario.

1. Drogas ilícitas en el proceso de paz con las FARC-Ep

Si bien las causas y motivaciones de la guerra anteceden y exceden este mercado ilegal, la producción de drogas – cocaína en particular – proveyó los recursos necesarios para el fortalecimiento de las FARC y la difusión de prácticas criminales. Al alero de las rentas del narcotráfico, grupos paramilitares proliferaron en el país. La lucha contrainsurgente y la “guerra contra las drogas” fueron consideradas como dos caras de la misma moneda, motivando la internacionalización del conflicto y la participación de Estados Unidos. En otras palabras, el narcotráfico transformó e hizo aún más complejas las dinámicas del conflicto armado; de allí que fuera uno de los temas que conformaron la agenda de negociación en el proceso de paz con las FARC-Ep.

Aunque el espacio no permite ahondar en las disposiciones del Acuerdo, vale resaltar los siguientes aspectos:

En primer lugar, se señala que el narcotráfico no es la causa del conflicto armado o la principal motivación de accionar de la guerrilla, por un lado, y reconoce la causalidad compleja de la guerra, por el otro. Segundo, se considera la relación entre los problemas socio-económicos, la debilidad institucional y la existencia de cultivos de uso ilícito, lo que requiere un cambio estructural de los territorios y la garantía de los derechos y acceso a servicios por parte de las poblaciones afectadas. En este sentido, el Acuerdo señala que la política antidrogas – que ha tenido como instrumento principal la política criminal– no ha sido efectiva para contrarrestar el problema, sino que además ha afectado a los eslabones más débiles de la cadena, es decir, consumidores y campesinos productores. A propósito de los consumidores, se establece el desarrollo de programas de prevención, con un enfoque integral y de género.

Finalmente, el Acuerdo resalta la necesidad de enfatizar la persecución a los grupos de crimen organizado y de reformas para hacer un combate efectivo contra el lavado de activos. Entre estas el desarrollo de un sistema penal diferenciado, que ataque a las organizaciones criminales y de un trato distinto a los agricultores.

Lo establecido en el Acuerdo abre la puerta para hacer reformas en el tema de drogas ilícitas, sin embargo, la perspectiva sigue enmarcada en el paradigma prohibicionista:

Que sin perjuicio de las limitaciones que tiene el país para dar una solución definitiva a una problemática de carácter transnacional, se empeñarán todos los esfuerzos para transformar las condiciones de las comunidades en los territorios y asegurar que Colombia sea un país sin cultivos de uso ilícito y sin narcotráfico”.

2. Colombia y la producción de hoja de coca

Actualmente, Colombia es el mayor productor de hoja de coca en el mundo. Tras la implementación del Plan Colombia y la estrategia de erradicación forzada, las hectáreas cultivadas habían disminuido – mientras que se incrementaban en Perú y Bolivia en una dinámica de efecto globo–. Sin embargo, desde el año 2012 el número de hectáreas cultivadas volvió a crecer, llegando a 146.000 hectáreas en 2016.

Con el objetivo de acabar con los cultivos de coca en el país, el Acuerdo de Paz señala la creación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, la idea es brindar condiciones sociales, económicas y de infraestructura a los campesinos y llevar a cabo programas concertados de sustitución. No obstante, sin siquiera haber iniciado la implementación del programa ya hay puntos de conflicto entre los cultivadores y el Gobierno. Por una parte, aunque se supone que la erradicación será fruto de la concertación con las comunidades, los campesinos han denunciado el desarrollo de acciones de erradicación forzada y la represión por parte de las Fuerzas Militares. Asimismo, se critica que el gobierno nacional exige la destrucción de los cultivos como condición para el despliegue de la institucionalidad y la garantía de acceso a servicios. Finalmente, a pesar de las disposiciones del Acuerdo el gobierno sigue usando un lenguaje que estigmatiza a los campesinos y los criminaliza.

Frente a este panorama, desde la sociedad civil se han desarrollado algunas propuestas para el tránsito de estas comunidades hacía economías legales. Entre ellas se encuentra la opción de incluir en un esquema de reconversión la compra de la hoja de coca en las principales regiones productoras bajo la condición de suspender toda venta de hoja fresca o pasta para el procesamiento de clorhidrato de cocaína, es decir, un programa de reconversión que incluya transitoriamente la compra de cosechas de hoja de coca por parte del Estado y el uso para la producción de alimentos y otros productos derivados de la hoja de coca. La existencia de cultivos de uso ilícito y la situación de los cultivadores involucra diversas variables, que llevan a la necesidad de considerar soluciones innovadoras, que trasciendan las lógicas de los programas de sustitución de cultivos implementados hasta ahora.

3. Crimen organizado en Colombia y sus transformaciones recientes

La desaparición de las FARC-Ep como grupo armado y su integración en la institucionalidad como grupo político, no significa la desaparición del narcotráfico y menos del crimen organizado. Diversos análisis señalan las transformaciones que ha experimentado el crimen organizado en Colombia, primero tras la desaparición de los grandes carteles y luego, con la desmovilización de los grupos paramilitares. Aun cuando los carteles mexicanos han pasado a dominar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, los grupos colombianos siguen siendo parte clave en la cadena. A ello se suman los cambios en el mercado internacional de la cocaína y la expansión hacia mercados tanto en la misma región (por ejemplo, Brasil y Argentina) como en Europa. Ya no se trata de grandes agrupaciones verticales, sino que las denominadas Bacrim (Bandas Criminales) actúan como redes con un alto grado de internacionalización y, además de las drogas ilícitas, han desarrollado un portafolio de recursos que les permite capturar rentas de mercados legales e ilegales. A pesar de los esfuerzos del Estado por combatir a estos actores, el prohibicionismo y las características del mercado global de drogas ilícitas seguirán proveyendo las ventanas de oportunidad para sus persistencia y expansión.

A partir de las anteriores consideraciones, el panorama con que se concluye es de claroscuros. Por una parte, el punto sobre cultivos de uso ilícito y narcotráfico en el Acuerdo de Paz constituye un avance al reconocer tanto la relación de este asunto con los problemas de la agenda de desarrollo y el conflicto agrario como la necesidad de un replanteamiento en la política de drogas. Por otra, el narcotráfico seguirá alimentando la existencia del crimen organizado y no es claro que el Estado tenga la capacidad para acabar con estas agrupaciones. Situación que puede llevar a la persistencia de la violencia en un momento trascendental para el país. La implementación de políticas efectivas implicaría el ir más allá de los márgenes del enfoque prohibicionista actual.

 

* Viviana García Pinzón es Research Fellow y miembro del Programa Doctoral del Instituto Alemán de Estudios Globales y de Área GIGA (Hamburgo) y estudiante Doctoral en la Freie Universität Berlin. Becaria del Servicio Alemán de Intercambio Académico DAAD. Magíster en Ciencia Política de la Universidad de Chile y Politóloga de la Universidad Nacional de Colombia. Autora del libro ‘Cooperación y seguridad en la “guerra contra las drogas”: El Plan Colombia y la Iniciativa Mérida’ (2015) y coeditora de ‘Seguridad y Defensa en la Transición de la Guerra a la Paz’ (2015). Más información aquí.

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