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El dispensario. Diálogo sobre drogas.
Por PPD CIDE
El Programa de Política de Drogas del CIDE es un espacio académico interdisciplinario cuyo obje... El Programa de Política de Drogas del CIDE es un espacio académico interdisciplinario cuyo objetivo es estudiar el fenómeno de las drogas, la política de drogas y sus consecuencias. Este es su blog. (Leer más)
En el fuego cruzado: Pistas para entender los ataques criminales a centros de rehabilitación en México
El punto no es si las muertes están ligadas o no al crimen organizado, sino la ligereza con que las autoridades posicionan la ilegitimidad de la víctima promoviendo la indiferencia social frente a la gravedad de los hechos, pues “en algo andaban” o bien son “adictos”.
Por Angélica Ospina-Escobar
10 de julio, 2020
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El pasado 2 de julio un comando armado irrumpió en un centro de tratamiento para uso problemático de drogas en Irapuato y ejecutó a 28 jóvenes, todos varones, que se encontraban desarmados y recluidos en un espacio de dónde no tenían ninguna posibilidad de escapar. A pesar de lo dantesco del ataque, es un evento que no llegó a ser trendictopic en Twitter, no se le ha dado mayor cobertura en medios nacionales y sólo la coalición Regulación por la Paz se manifestó públicamente ante este ataque. 1

En medio de este silencio cargado de indiferencia social y negligencia institucional, los ataques a centros de tratamiento para uso problemático de drogas se han ido repitiendo uno tras otro desde hace 10 años en México. Aunque es complicado hacer un rastreo de las masacres que han acontecido en estos espacios por la falta de registros oficiales, es posible identificar que la primera masacre de este tipo fue en agosto de 2008 en Ciudad Juárez, cuando un grupo de hombres con armas de uso privativo del ejército ingresó al lugar y asesinó a ocho jóvenes. . En septiembre de 2009 se presentó otro ataque similar en la misma ciudad. En esa ocasión un comando armado de hombres disparó 82 veces con fusiles AK-47 contra 23 jóvenes que habían sido obligados a formarse frente al muro del patio interior del “anexo”, 17 de ellos murieron en el acto (AFP, 2009). Entre 2008 y 2010 sólo en Ciudad Juárez se contaron 70 asesinatos de jóvenes a través de ataques a centros de rehabilitación y sólo en 2009 se reportaron al menos seis ataques.

Una década después los ataques se han extendido a casi toda la República, sin que hayan mejorado las condiciones de seguridad en estos centros de tratamiento ni los marcos regulatorios bajo los cuales operan. En 2009 se registró la primera masacre de este tipo en Chihuahua capital, en 2010 en Tijuana, en 2011 en Torreón .En lo que va de 2020 se han reportado cinco ataques a centros de rehabilitación en Ciudad Juárez, Acapulco, Celaya e Irapuato y, en total, han dejado 46 personas asesinadas y un centro incendiado.

La forma en que suceden los ataques es la misma desde hace una década. En todos los casos, grupos de al menos cinco hombres fuertemente armados irrumpen a cualquier hora en el “anexo” o bien los atacan con granadas y posteriormente acribillan de manera indiscriminada o selectiva a los ocupantes de estos espacios. En todos los casos estos centros se ubican en colonias pobres y las imágenes de los lugares dejan ver las condiciones tan precarias en las que se ofrece tratamiento. Los resultados también son los mismos desde hace una década, primando la impunidad. La narrativa oficial con la que se cuentan y/o explican estos hechos tampoco ha cambiado desde entonces. Es una narrativa basada en el estigma y la criminalización de las personas con uso problemático de drogas que favorece el marco de impunidad bajo el cual estos hechos se repiten desde 2008 hasta hoy. En todos los casos los ejecutados son hombres, pobres, menores de 30 años.

La narrativa imperante en todos los eventos empieza por deslegitimar la condición de víctima de los asesinados. En el caso de la masacre en Irapuato, no se había comprobado aún la identidad de las víctimas, pero el presidente municipal ya tenía una explicación del hecho ““Evidentemente, esto es una situación relacionada con el crimen organizado. Es la disputa entre las diferentes bandas o carteles que existen en la región”. En 2008, tras la masacre en centro de tratamiento de Ciudad Juárez, el entonces secretario de seguridad pública de Chihuahua expresó “Hay quien dice que algunos de los jóvenes asesinados pertenecían a algún cartel rival del que pagó a los sicarios… Y también quien piensa que algunos de esos centros, más que una labor rehabilitadora, sirven a las mafias de la droga para reclutar sicarios…” y las declaraciones de este tipo de repiten “el centro era una fachada para reclutar sicarios”, “es un ajuste de cuentas entre bandas criminales”, “eran personas que no se estaban portando bien”, “los centros son semilleros de delincuentes”.

El punto no es si las muertes están ligadas o no al crimen organizado, sino la ligereza con que las autoridades posicionan la ilegitimidad de la víctima promoviendo la indiferencia social frente a la gravedad de los hechos, pues “en algo andaban” o bien son “adictos”.

¿Por qué se han vuelto tan común los ataques a los centros de rehabilitación en México?

En mi trabajo de investigación sobre uso problemático de drogas y su relación con la violencia criminal encuentro al menos cuatro factores que inciden en la consistencia y el aumento de los ataques a los “anexos” en México.

En primer lugar, la búsqueda de control territorial por parte de organizaciones criminales que llegan a territorios donde operan otras organizaciones criminales. En la búsqueda por hegemonizar los mercados locales de drogas, las organizaciones criminales imponen condiciones y lugares para la compra-venta de sustancias. Para ello, la primera táctica es eliminar a los vendedores “independientes”, en la mayoría de los casos, personas que usan sustancias que comercializan pequeñas cantidades entre sus redes de conocidos, con lo cual financian su propio consumo. La consigna es siempre la misma: “trabaja para nosotros, se retira o lo retiramos”. “Trabajar para ellos” supone comprar exclusivamente al grupo criminal las sustancias que comercializan, no comercializar sustancias que el grupo no autorice, venderlas sólo en los espacios que el grupo destina para tal fin y someterse a las estrategias de seguridad que el grupo plantea. Todas estas reglas suponen unas condiciones más peligrosas de aprovisionamiento de sustancias para las personas usuarias y un mayor contacto entre éstas y grupos criminales (Ospina-Escobar, 2019).

Dependiendo del poder que el grupo criminal ha consolidado en el territorio, recurren a la violencia selectiva, asesinando por ejemplo sólo a la persona que usaba o vendía la sustancia “prohibida”, no etiquetada o que compraba en el lugar no permitido. En estos casos, el mensaje es que la organización tiene la capacidad de identificar a quien rompe la ley impuesta y el castigo es la muerte.

En otras ocasiones, como en los eventos sucedidos en Irapuato, la violencia es más indiscriminada en el sentido de que la agrupación criminal que se está disputando el espacio irrumpe contra la totalidad de ocupantes del centro de rehabilitación. En estos casos, el mensaje es la capacidad de guerra de la organización con lo cual busca disuadir a las personas para que cooperen con el grupo y acaten sus reglas.

Para poder identificar a los vendedores independientes y los espacios de distribución de sustancias, los grupos criminales utilizan la misma táctica a la que recurren algunos cuerpos de seguridad del estado: Acosar usuarios, pues son el elemento más visible y débil de la cadena. En muchos casos, sus cuerpos, su fisionomía, sus rutas, los delatan. Una vez identificados, los usuarios son detenidos y torturados para que den a conocer los sitios de distribución (Ospina-Escobar, 2016). En otros casos, los grupos criminales recurren a centros de rehabilitación para obtener esta información. Cuando no encuentran cooperación, se toman represalias: Se incendia el centro, asesinan al director, acribillan a todos los ocupantes.

Un segundo factor que explica los crecientes ataques a los centros de rehabilitación no regulados responde al papel que han ido tomando los hombres con uso problemático de drogas dentro de las organizaciones criminales. Estos hombres jóvenes pobres con deseos de pertenencia y reconocimiento han venido conformando ejércitos desechables de jóvenes que a cambio de drogas y poder realizan trabajos de poca monta y mucho riesgo para las organizaciones criminales (Ospina-Escobar, 2019a). Por ejemplo, el pago con paquetes de cristal a cambio de tareas criminales es una práctica que se ha vuelto común e incrementa sus patrones de uso problemático de sustancias o dependencia.

El involucramiento en patrones intensos de uso de sustancias por periodos prolongados de tiempo genera daños físicos, emocionales y psicosociales que les impiden continuar realizando trabajos para los grupos criminales. Por ejemplo, algunos de estos hombres reportan sentir paranoia, lo que los puede llevar a asesinar a un compañero, delirios, temblores y alucinaciones que les impiden ser efectivos en las tareas encomendadas (Ospina-Escobar, 2016). En ese momento son desechados por la organización criminal y quedan despojados de su lugar en el mundo. En algunas ocasiones, las familias los acogen, en muchas otras no. En todos los casos, son personas que debido a los patrones de uso de sustancias desarrollados mientras trabajan en la organización criminal experimentan síndrome de abstinencia y estrés postraumático y no cuentan con los recursos para seguir consumiendo con la intensidad y frecuencia a lo que estaban habituados, por lo que requieren “quebrar”, es decir parar de usar sustancias por un tiempo (Ospina-Escobar, 2016).

Dada la oferta insuficiente de centros públicos de tratamiento2, los “anexos” aparecen para estas personas como las únicas opciones donde pueden “alivianarse”, “engordar la vena”, “bajarse del avión”. En otras palabras, hacer un alto a sus patrones de consumo en un ambiente “seguro”. En los centros de rehabilitación, los otrora poderosos e invencibles, se tornan vulnerables y visibles para sus rivales y se convierten en blancos fáciles (Ospina-Escobar, 2019a).

En tercer lugar, la falta de regulación de los centros de tratamiento favorece una gran variedad de situaciones y prácticas que afectan las dimensiones sanitarias, terapéuticas y de seguridad que se ofrecen en estos establecimientos. Menos del 10% de los centros de tratamiento no gubernamentales están certificados por la Comisión Nacional contra las Adicciones –Conadic- (Ospina-Escobar, 2020) y para operar no necesitan contar con tal certificación, pues ninguna autoridad asume la responsabilidad de verificar la existencia de estos espacios. Se han publicado numerosos estudios sobre las violaciones a los derechos humanos en que incurren estos espacios (Zamudio, Zafra y Chaves, 2015) e incluso la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha emitido recomendaciones (CDHSLP, s/f) sin que a la fecha cambien las condiciones de supervisión y regulación de estos espacios.

Las familias no tienen cómo saber si el centro al que acuden para poner en tratamiento a sus seres queridos es “seguro” o no. El principal factor que lleva a las personas a elegir un centro es el económico. Por ello, ante la falta de centros públicos de tratamiento y la falta de dinero para pagar un centro certificado, el “anexo” de la esquina es la única opción para muchas familias pobres que enfrentan la situación de uso problemático de sustancias de uno de sus miembros.

Finalmente, pero no menos importante, la consolidación del estigma y la criminalización de los jóvenes que usan sustancias ilegalizadas favorece la impunidad bajo la cual se multiplican los ataques a centros de tratamiento para adicciones. El estigma deshumaniza a quien lo porta, limita sus intercambios con los considerados “normales” operando una suerte de muerte social a través de procesos de exclusión social y marginación extrema por efecto del tabú vinculado al uso de sustancias ilegalizadas. La muerte social naturaliza y legitima la muerte física del portador del estigma y, por lo tanto, la muerte de un “adicto”, aun cuando esté en proceso de recuperación, es una muerte que no importa. El estigma mata y esto es evidente en las historias de cientos de personas con dependencia asesinadas en el país para las que ni siquiera existe registro oficial.

En este contexto, las personas que usan sustancias en México quedan atrapadas en el fuego cruzado de disputas entre grupos criminales, entre criminales y fuerzas del estado y entre distintas fuerzas del estado. Su condición de uso de drogas los excluye no sólo de su derecho a la vida y a la salud, sino también de su derecho a la justicia.

Para revertir la tendencia hacia la normalización de las masacres en centros de tratamiento para el uso problemático de drogas es necesario devolver a las personas con dependencia su humanidad. Ello pasa por visibilizar la dependencia a las sustancias como una condición psicosocial que requiere de estrategias terapéuticas basadas en evidencia y que reconozcan y respeten los derechos de las personas que enfrentan esta situación. Es necesario reconocer las condiciones de intenso sufrimiento social que marcan las vidas de muchas de las personas que acuden a los “anexos” y sus familias, para quienes el uso intenso de sustancias es una estrategia de sobrevivencia en contextos extremadamente violentos y precarios. Es urgente visibilizar la obligatoriedad del estado mexicano de garantizar la vida y la salud de todos los ciudadanos independientemente de su condición de uso/no-uso de sustancias. Finalmente es imprescindible que Conadic asuma la responsabilidad frente a esas muertes dejando de lado su desidia institucional y su indiferencia frente a las personas que enfrentan dependencia a las sustancias.

* Angélica Ospina-Escobar(@angelicaospina5) es Cátedra CONACYT y profesora-Investigadora del Programa de Política de Drogas del CIDE región centro. También es miembro fundador de la Red Mexicana de Reducción de Daños (Redumex).

 

 

Referencias:

Comisión de Derechos Humanos de San Luis Potosí (CDHSLP, s/f) “Informe Especial: sobre Centros de tratamiento de adicciones en modalidad residencial.

Ospina-Escobar, A. (2016). Itinerarios de Adversidad. Biografías de uso de drogas, estilos de vida y ambientes de riesgo al VIH en varones inyectores Tijuana, Hermosillo y Ciudad Juárez. Tesis para obtener el título de doctora en Estudios de Población. Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales. El Colegio de México.

Ospina-Escobar, A (2019). Crimen organizado, sociabilidades barriales y dinámicas de uso de drogas. Un análisis generacional en la ciudad de Hermosillo, Sonora. Revista Frontera Norte (2019).

Ospina-Escobar, A (2019a). Orgullo y la vergüenza en el espectro emocional en las biografías de varones que se inyectan en Hermosillo, Sonora. Revista Cultura Representaciones Sociales, 13 (26): 300-335.

Ospina-Escobar, A (2020). El sistema de atención y cuidado al uso problemático de drogas en México: Aislamiento, Estigmatización y Desamparo. EN: Roberto Rocha Coelho y María Paula Gomes Do Sanatos (Coords.) Atenção a usuários problemáticos de drogas na américa latina: Avanços e desafios de implementação. IPAE/CEPAL. Brazilia.

Zamudio C., Chavez P., Zafra E. (2015) Abusos en centros de tratamiento con internamiento para usuarios de drogas en México. Mexico: CUPIDH cuadernos de trabajo

 

 

 

1 Disponible aquí.

2 De acuerdo con estimaciones propias, la oferta pública de tratamiento sólo cubre el 2% de la demanda del mismo (Ospina-Escobar, 2020).

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