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El dispensario. Diálogo sobre drogas.
Por PPD CIDE
El Programa de Política de Drogas del CIDE es un espacio académico interdisciplinario cuyo obje... El Programa de Política de Drogas del CIDE es un espacio académico interdisciplinario cuyo objetivo es estudiar el fenómeno de las drogas, la política de drogas y sus consecuencias. Este es su blog. (Leer más)
Entre el recuerdo y el olvido: a 3 años de la reforma de cannabis medicinal en México
El proceso de regulación de la mariguana ha puesto en evidencia que en México los intereses económicos están por encima de los derechos humanos de la colectividad, y la ambición por acaparar una industria parece ser un malestar inmune al cannabis medicinal.
Por Emmanuel Farías Camarero
26 de junio, 2020
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La historia de la regulación legal del cannabis en México no es la misma para todas las personas involucradas. Hay quienes ven en el inminente cambio de paradigma en materia de política de drogas una oportunidad para resarcir los daños provocados por el prohibicionismo paternalista, cuyos costos se cuentan desde el hacinamiento de personas encarceladas por delitos de drogas de bajo impacto, hasta las muertes por sobredosis de mujeres y hombres que consumen sustancias no reguladas y que se encuentran bajo el control del crimen organizado, entre otras innumerables violaciones graves a derechos humanos. Luego tenemos a los que esperan tener acceso a un tratamiento alternativo para mejorar su salud y su calidad de vida, que por mucho tiempo les fue negado como consecuencia de las duras leyes de fiscalización de la mariguana. Y después están los que ven en este cambio la coyuntura perfecta para contar más números en sus cuentas bancarias.

En una de las esquinas del campo regulatorio del cannabis nos encontramos con empresas como Canopy Growth y Aurora Cannabis, ambas de origen canadiense, las cuales esperan con ansias la aprobación del dictamen mediante el cual México podría convertirse en el tercer país en regular todos los usos de la mariguana, desde su producción hasta su comercialización, siguiendo el camino que tomaron países como Uruguay, y recientemente el “gran norte blanco”. Estos gigantes han demostrado su interés en el oasis de mariguana mexicano que se vislumbra en el horizonte, participando activa, aunque sigilosamente en labores de cabildeo dentro del senado, con el objetivo de que sus pretensiones puedan formar parte del texto normativo que dará inicio a esta nueva industria, cuyo potencial comercial está valuado en 2.250 millones de dólares.

En el otro extremo tenemos a ciertas empresas de nacionalidad mexicana pero con capital extranjero estratégicamente difuminado, las cuales durante los últimos días de la administración del otrora presidente Enrique Peña Nieto, recibieron de manos del entonces Comisionado Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Julio Sánchez y Tépoz, autorizaciones para la comercialización de productos con cannabis y sus derivados, incluidos diversos cosméticos como bálsamos y desodorantes, suplementos alimenticios, aceites, bebidas, y otras presentaciones como las famosas “gomitas”.

Dentro de los afortunados acreedores a estas históricas licencias para la venta de productos con marihuana, encontramos a la empresa Kuida Life México, cuya filial de origen canadiense Khiron Life Sciences Corp tiene en su mesa directiva al ex presidente Vicente Fox, también está la distribuidora de medicamentos “Farmacias Magistrales”, compañía que en diciembre de 2018 fue adquirida por la productora de cannabis con sede en Edmonton, Canadá “Aurora Cannabis”, así como CBD Science, HempMeds México, y Pharma Oil Solutions, constituida días antes de la entrega del segundo paquete de permisos, según datos que pueden solicitarse al Sistema Integral de Gestión Registral de México.

A pesar de que durante el primer trimestre de la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador, la COFEPRIS morenista decidió echar abajo los entonces denominados “Lineamientos en materia de control de cannabis y derivados de la misma”, que sirvieron como base para entregar las licencias de venta, por considerar que “excedieron su propósito autorizando la comercialización de productos en usos distintos a los médicos”, empresas como CBD Science emprendieron acciones legales cuyo resultado, hasta el día de hoy, les ha permitido seguir explotando los permisos concedidos.

Encontramos también dentro de este contexto una subespecie de estos titanes de la mariguana conformada por múltiples entusiastas que ven en el vacatio legis de la regulación una esperanza verde, quienes orillados por la ambición y el deseo de fructíferas ganancias, realizan sus propios preparados medicinales para comercializarlos sin supervisión sanitaria alguna a todo aquel que busque hacerse de un producto a base de cannabis en suelo nacional, esparciéndose exponencialmente en grupos de Facebook como CBD México y otros, circunstancia que parece importarle poco a las autoridades encargadas de la farmacovigilancia en nuestro país.

Indiscutiblemente estos grandes inversionistas y “pequeños emprendedores” serán recordados como los pioneros del nacimiento de una nueva industria, de la cual pareciera que nadie quiere quedarse fuera, sin embargo ¿quiénes se mantienen en el olvido? Para empezar, las más de dos millones de personas que padecen epilepsia en México, enfermedad que afecta en mayor medida a nuestras y nuestros pequeños pues el 75 por ciento del total de personas que la padecen, son niños, niñas y menores de 20 años de edad y que se caracteriza por una disfunción en la actividad neuronal que provoca severas convulsiones, pudiendo llegar a ser tan violenta al grado de producir asfixia por caída de lengua, y en algunos casos severos provocar la muerte de pacientes cardiacos descompensados, lo que representa un escenario devastador para miles de madres y padres de familia en el país que cuidan de un niño o una niña con esta discapacidad.

A pesar de esta lamentable circunstancia, en el ámbito médico nacional e internacional se han documentado diversos estudios clínicos que apuntan directamente a que el uso de cannabinoides, principalmente el CBD y THC puros o en combinación, en el tratamiento de epilepsia presentan, en la mayoría de los casos, efectos benéficos, por lo que muchas madres mexicanas que fungen como principales cuidadoras de hijas e hijos con este diagnóstico, no han dudado en refugiarse en este recurso experimental, en búsqueda de brindar esperanza y una mejor calidad de vida a sus pequeños.

Uno de estos casos es el de Margarita Garfias, madre mexicana quien, ante la falta de regulación de la marihuana como tratamiento medicinal, decidió emprender su propio cultivo casero de cannabis para mantener a su hijo Carlos Avilés sin convulsiones, pues el menor padece una encefalopatía epiléptica conocida como Síndrome de West. Asistida de la abogada constitucionalista Luisa Conesa Labastida, Margarita decidió demandar la omisión de la Secretaria de Salud de armonizar las normas en el uso terapéutico del cannabis, tal y como estaba ordenado en la reforma a la Ley General de Salud publicada hace 3 años.

Para quienes lo desconocen, mediante una modificación legislativa a la Ley General de Salud vigente a partir del 19 de junio de 2017, México reconoció que el cannabis posee “amplios usos terapéuticos” y como consecuencia de ello la desincorporó de una lista que la consideraba como un “problema especialmente grave para la salud pública”. En dicha reforma se obligó a la Secretaria de Salud a diseñar y ejecutar políticas públicas que regulen el uso medicinal de la mariguana y se estableció un plazo de 180 días para que dicha autoridad sanitaria armonizara los reglamentos y la normatividad para hacer posible el uso medicinal del cannabis, y con ello garantizar el derecho a la salud de millones de mexicanos. Sin embargo, hasta el día de hoy esa reforma continúa siendo una lista de buenas intenciones.

El caso de Carlos y Margarita escaló hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde la Segunda Sala del máximo tribunal del país, en un fallo histórico y sin precedentes, resolvió que la omisión de la Secretaria de Salud de reglamentar el uso terapéutico de la cannabis violó derechos fundamentales de Carlos Avilés, entre ellos el derecho a la salud, pues al no emitirse las disposiciones que regulen la investigación, producción, comercialización, exportación e importación de cannabis y sus derivados, se impide que el menor pueda acceder dentro de su país al medicamento que le fue recetado para tratar su enfermedad, a pesar de que la Ley General de Salud le reconoce implícitamente ese derecho.

No obstante que la sentencia emitida en agosto de 2019 por la Suprema Corte fue tajante en establecer que la Secretaria de Salud debía cumplir con su obligación de armonizar la normatividad en el uso terapéutico del cannabis durante el nuevo plazo concedido, actualmente millones de mexicanos se encuentran en el exilio médico al ser víctimas de un fraude a la ley, pues las autoridades en materia de salud han sido contumaces al no acatar lo ordenado en la resolución judicial y hacen imposible a los pacientes que han encontrado en el cannabis una herramienta terapéutica acceder a este tratamiento de una manera segura, eficaz y con garantía de calidad en la sustancia.

Sin lugar a dudas, ante la flagrante injusticia cometida por las autoridades en materia sanitaria, la solución a esta problemática -desde la perspectiva de quien suscribe- subyace en la organización efectiva de la sociedad con la finalidad de continuar ejerciendo su derecho a la salud, y su libertad de elegir el tratamiento que consideren les resulta más adecuado para aliviar sus síntomas, aun cuando ello implique cultivar cannabis para su consumo personal y con fines médicos, pues el goce de los derechos humanos jamás debe estar subordinado a la voluntad del poder político. Estos deben ser garantizados inclusive ante la omisión de la autoridad, por ello la sociedad está permanentemente obligada a manifestarse ante las arbitrariedades cometidas por el Estado, fungiendo como vigilante del bien común.

* Emmanuel Farías Camarero es abogado defensor en materia penal con Maestría en Derechos Humanos y Amparo por el Instituto de Ciencias Penales y Política Criminal de Baja California. Funge como consejero legal de la Fundación Loto Rojo y dirige el colectivo Ciudadanos en Búsqueda de Dignidad. Es alumno de la Generación 2020 del Diplomado en Política de Drogas, Salud y Derechos Humanos del CIDE, Región Centro. Actualmente estudia la Maestría en Derecho Penal en la Universidad Anáhuac, extensión Tijuana.

 

Las opiniones expresadas en este blog son de exclusiva responsabilidad del(la) autor(a) y no necesariamente representan la opinión del Programa de Política de Drogas.

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