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El Dispensario. Diálogo sobre Drogas.
Por PPD CIDE
El Programa de Política de Drogas del CIDE es un espacio académico interdisciplinario cuyo obje... El Programa de Política de Drogas del CIDE es un espacio académico interdisciplinario cuyo objetivo es estudiar el fenómeno de las drogas, la política de drogas y sus consecuencias. Este es su blog. (Leer más)
Expansión de las Cortes de Drogas en México
Además de las dificultades en el diseño y operación, hay ciertos problemas de fondo con los Tribunales para el Tratamiento de Adicciones, entre ellos que continúan siendo una respuesta judicial a un problema de salud y que presuponen un nexo necesario entre la comisión del delito y la supuesta adicción, lo cual refuerza la criminalización del consumo.
Por PPD CIDE
2 de julio, 2014
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Por: Tania T. Ramírez

El pasado 12 de mayo se instaló el primer Tribunal para el Tratamiento de Adicciones (TTA) en Morelos. Será la segunda entidad del país en contar con uno, después de Nuevo León, cuyo programa piloto comenzó en 2009.

Los TTA´s son una variante de las llamadas cortes de drogas surgidas en los años ochenta en EE.UU., donde actualmente hay más de 2500. Después, fueron importadas a sistemas similares, como Inglaterra, Australia, Nueva Zelanda y Canadá. Y, recientemente a países latinoamericanos como Brasil, Chile, Jamaica y Perú, en donde han demostrado no ser la mejor opción. Especialmente, porque se trata de un modelo creado en un sistema jurídico muy distinto al nuestro.

Las cortes de drogas aparecieron como alternativa al encarcelamiento de personas que cometen determinados delitos relacionados con drogas, para despresurizar los sistemas carcelarios y evitar la reincidencia y criminalidad. El nombre, estructura y operación de estas instituciones varía según el lugar donde se implementen.

En México se constituyeron como mecanismos de justicia alternativa. El Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) los contempla bajo la forma de suspensión condicional del proceso (art. 195). El proceso se suspende mientras la persona es remitida al programa para ver si es aceptada, y se le da el “beneficio” de someterse “voluntariamente” a un tratamiento bajo supervisión judicial para atender su “adicción” (la otra opción es ir a la cárcel). Si falla en el tratamiento, la sanción puede ser la expulsión del programa, con el consecuente cumplimiento de la pena “original”. Todo ello ocurre previo a una sentencia, así que al acceder a entrar al programa, la persona estaría de alguna manera aceptando su culpabilidad, con las implicaciones que ello tiene para el principio de presunción de inocencia.

Los TTA´S funcionan sólo para delitos no graves (192 CNPP), cometidos bajo el influjo de drogas lícitas o ilícitas, o con el fin de obtener recursos para su adquisición. A diferencia del modelo original adoptado en Florida, en donde las cortes de drogas eran para los acusados de cometer delitos de drogas (como posesión, venta, consumo), los dos tribunales de México excluyen esos delitos (aunque Morelos sí contempla al narcomenudeo. De hecho el primer caso de su TTA fue por dicho delito).

Pese a que los datos acerca del funcionamiento del Tribunal de Nuevo León resultan insuficientes, el gobierno federal anunció recientemente que impulsará la expansión del modelo a más entidades. En lo inmediato, se enfocarán en la instalación de TTA´s en Baja California y el D.F. Seguirán Chihuahua, Durango, Zacatecas, Estado de México y Oaxaca, en un plazo de dos años, y después el resto de las entidades.

El único criterio para determinar este orden fue el avance de las entidades en implementación de la reforma penal, pese a que existen muchos otros factores que deberían tomarse en cuenta. Como información a nivel local de la relación entre consumo y comisión de delitos, para saber si son las entidades que más necesitan un TTA. También hay mucha información que debe ser proporcionada por las autoridades: si habrá tratamientos diferenciados, basados en evidencia científica, que distingan los diferentes tipos de consumo y de consumidores; si habrá TTA´s especializados; qué indicadores se crearán para la evaluación del funcionamiento.

El esquema adoptado en México podría generar varios efectos perversos. Primero, crear incentivos para que los probables delincuentes no graves se declaren “adictos” y pretendan ingresar al programa. El riesgo es que los servicios de atención a las adicciones se saturen con “falsos positivos” en detrimento de quienes buscarían apoyo para sus adicciones sin haber cometido un delito. Segundo, que se elija a usuarios no problemáticos que garanticen que concluirán el tratamiento y engrosen la cifra de casos exitosos del TTA y se excluya a los casos más problemáticos por su poca probabilidad de completarlo. Tercero, podría aumentar la persecución de delitos relacionados con drogas, en aras de tener TTA´s con alta efectividad. El riesgo no es menor y se ha documentado en otros lugares.

Además de las dificultades en el diseño y operación, hay ciertos problemas de fondo con los TTA´s: 1) continúan siendo una respuesta judicial a un problema de salud; 2) presuponen un nexo necesario entre la comisión del delito y la supuesta adicción, lo cual refuerza la criminalización del consumo; 3) se acepta tácitamente que esas personas no deberían estar en la cárcel, pero si no logran cumplir el tratamiento, esa es la sanción; 4) la persona que es expulsada del tratamiento queda en una peor situación (vive una “doble sanción”) y suma un doble costo económico para el sistema (el del tratamiento incompleto y el del proceso penal que debe completar), y 5) los tratamientos tienen como eje la abstinencia, ignorando que existen otras opciones, como los tratamientos sustitutivos o el manejo del consumo para que no sea problemático.

La expansión de los TTA´s no es un asunto menor. De entrada pareciera no cumplir con su objetivo: la persecución de delitos menores seguirá saturando las piezas clave del sistema de procuración e impartición de justicia. El MP seguirá destinando tiempo a investigar casos y llevarlos ante los jueces, quienes, además de tramitar juicios, ahora también tendrán a su cargo supervisar tratamientos médicos. Ya existe una iniciativa que propone expedir una Ley Federal de TTA´s, habrá que darle seguimiento.

Si bien las cortes de drogas representan un esfuerzo para crear alternativas a la dimensión penal del régimen prohibicionista, es necesario reconocer las limitaciones del modelo. Pueden ser un paliativo o una política complementaria, pero de ninguna manera solucionarán problemas que sólo se pueden atender si se rompe el prohibicionismo absoluto y se deja de criminalizar el consumo. En fin, deberían ubicarse en el marco de una política integral de drogas. Hasta ahora, ese discurso no ha aparecido.

 

* Tania Ramírez es Licenciada en Derecho, CIDE. Colaboró en el PPD hasta 2013.

 

 

International Drug Policy Consortium (IDPC)

Diana Esther Guzmán, Las Cortes de Drogas. Los alcances y retos de una alternativa a la prisión. IDPC, mayo 2012.

Segob, “Modelos de Justicia Alternativa para personas con adicciones. Juzgados para el Tratamiento de Adicciones”.

Drug Courts are not the answer: Toward a Health-Centered approach to drug use, Drug Policy Alliance, 2011.

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