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El dispensario. Diálogo sobre drogas.
Por PPD CIDE
El Programa de Política de Drogas del CIDE es un espacio académico interdisciplinario cuyo obje... El Programa de Política de Drogas del CIDE es un espacio académico interdisciplinario cuyo objetivo es estudiar el fenómeno de las drogas, la política de drogas y sus consecuencias. Este es su blog. (Leer más)
La letalidad del Ejército en la guerra contra las drogas
El pasado jueves 19 de agosto, durante su conferencia mañanera, el presidente López Obrador presentó lo que llamó índice de letalidad. El problema es que el índice de letalidad no se calcula como lo hizo el presidente. Hay un consenso internacional sobre cómo se hace dicha operación. Aquí explicamos cómo se hace.
Por Javier Treviño, Laura Atuesta, Raúl Bejarano, Sara Velázquez
24 de agosto, 2021
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El contexto

Hace unos días publicamos un artículo académico sobre la letalidad del ejército mexicano en el International Journal of Human Rights, una prestigiada y rigurosa revista académica que publica textos dictaminados de manera anónima por pares. De manera sorpresiva, el artículo generó cierto revuelo en redes sociales. Decimos de manera sorpresiva porque, como todos sabemos, casi nadie lee estos artículos académicos, menos si son publicados en otro idioma.

Personas afines al ejército, troles y bots cuestionaron con furia nuestro artículo sin haberlo leído. Sabemos que nuestro texto no había sido hojeado porque el sitio de Internet del International Journal of Human Rights contabiliza el número de personas que descargan o leen el artículo. Al momento del alboroto que se armó en redes sociales, nuestro artículo había sido descargado o leído cero veces. Es decir, un grupo de personas dedicó bastante tiempo y esfuerzo a denostar públicamente un texto académico cuyo contenido desconocía.

Nuestro artículo explora la letalidad del ejército mexicano en el contexto de lo que conocemos como “guerra contra las drogas”, la política fallida que inició improvisadamente el expresidente Felipe Calderón y que continúa, hasta hoy, en la administración de López Obrador. Con base en el cálculo de cuatro indicadores construidos con datos oficiales y públicos, el argumento central de nuestro artículo es que hay fuertes indicios de que el ejército usa la fuerza letal de manera desproporcionada en supuestos enfrentamientos con grupos criminales. Esto es preocupante. Recordemos que el propósito de los operativos de seguridad en los que el ejército toma parte para realizar tareas policíacas es detener presuntos infractores de la ley para que sean juzgados por autoridades judiciales. Y no debe perderse de vista que, de acuerdo con normas internacionales y nacionales que regulan la actuación del ejército, la fuerza letal debe ser usada como último recurso.1

Quienes en redes sociales cuestionaron nuestro artículo afirmaron que inventamos cifras y manipulamos información, que somos fanáticos con una agenda secreta. Hubo incluso quien en Twitter presentó otros cálculos –de los cuales desconocemos la metodología– para mostrar que el ejército no abusa del uso de la fuerza letal. Por eso decidimos escribir este artículo: para explicar nuevamente, y en español, de dónde sacamos los datos y cómo calculamos los índices que sugieren que el ejército usa la fuerza letal de manera excesiva. Es más, para evitar confusiones futuras, en este artículo incluimos las ligas a las bases de datos que utilizamos en nuestro artículo original para el cálculo de los índices, bases de datos que, repetimos, son públicas.

Esto importa porque el pasado jueves 19 de agosto, durante su conferencia mañanera, el presidente López Obrador presentó lo que llamó índice de letalidad. El problema es que el índice de letalidad no se calcula como lo hizo el presidente. Hay un consenso internacional sobre cómo se hace dicha operación. Aquí explicamos cómo se hace.

Los datos

¿De dónde salieron los datos? Muy sencillo: es información oficial y pública, información a la que cualquier persona puede tener acceso. Son bases de datos que registran el número de personas muertas, heridas y detenidas durante supuestos enfrentamientos en los que participan miembros del ejército. Primero, usamos una base de datos que hizo pública el secretario de la Defensa Nacional en conferencia de prensa el 14 de octubre de 2019.2 Segundo, usamos una base de datos que la Secretaría de la Defensa Nacional hizo pública en 2020 a través del sistema de transparencia y acceso a la información pública que existe en nuestro país. Entonces, nosotros no creamos la información. Ésta fue creada y difundida por el Ejército. Evaluamos el papel del Ejército usando sus propios datos.

Antes de explicar cómo usamos esta información, es importante mencionar dos cosas. Primero, la información estuvo oculta varios años. Lo sabemos porque desde 2015 así lo advirtieron los académicos Catalina Pérez Correa, Carlos Silva Forné y Rodrigo Gutiérrez García.3 Ellos solicitaron esta información al Ejército sin éxito. Nosotros pedimos igualmente a la Secretaría de la Defensa estos datos en múltiples ocasiones entre 2017 y 2019, pero también fracasamos. Se nos respondió siempre que esta información era inexistente, que el Ejército no llevaba registro de ello porque no era de su competencia. Pero resulta que sí es de su competencia según distintas normas que regulan la actuación del Ejército.4 Y es también su obligación publicar esta información según las leyes de transparencia.5 ¿Por qué entonces estos datos fueron ocultados durante algunos años?

Segundo, ahora que resulta que la información sí existe, lo primero que hicimos fue comparar estas dos bases de datos. Encontramos que en muchas ocasiones los datos no coinciden. Por ejemplo, en 2011, el número de supuestos agresores muertos en supuestos enfrentamientos con el ejército es de 1,412 en la base de datos que presentó el secretario de la Defensa. En cambio, en la base de datos hecha pública a través del sistema de transparencia, el número de muertos en 2011 es de 1,297. ¿Cuál base de datos es correcta? ¿Dónde quedaron 115 muertos?

Los índices

Con las dos bases de datos construimos cuatro índices para evaluar cómo usa el ejército la fuerza letal en la “guerra contra las drogas”. Primero, calculamos lo que se conoce como “índice de letalidad” e “índice de proporcionalidad”. Estos indicadores han sido usados durante décadas para explorar la legitimidad del uso de la fuerza letal por parte de fuerzas de seguridad en países como Venezuela, Brasil, Filipinas y Argentina. También se han usado para medir la mortalidad asociada a armas de fuego en conflictos armados y guerras. En México estos índices han sido usados en el pasado por expertos en temas de seguridad y derechos humanos como Catalina Pérez Correa o Estefanía Vela.6 Es decir, éstos son índices bien conocidos que siguen una fórmula preestablecida.

El índice de letalidad resulta de la división de la suma total del número de personas muertas entre el número total de personas heridas en supuestos enfrentamientos con el ejército. El punto de este indicador es evidenciar si el Ejército mata a más gente de la que hiere en presuntos enfrentamientos con presuntos agresores. Lo esperable es que el ejército hiera a más personas de las que mata, porque el ejército no está en una guerra, sino que está llevando a cabo operaciones policiacas. Pero no es así, lo que encontramos es que en los últimos diez años el ejército ha matado a más personas de las que ha herido.

El índice de proporcionalidad se calcula dividiendo el número de militares muertos por año entre el número de supuestos agresores muertos ese mismo año en supuestos enfrentamientos. La razón por la cual calculamos este índice para cada año es para saber qué lado es más letal. Si el número de militares muertos representa apenas una fracción del número de supuestos agresores muertos, entonces el ejército está haciendo un uso desproporcionado de la fuerza letal. Si el ejército realmente dispara exclusivamente para repeler agresiones, se esperaría que el número de muertos de un lado y de otro sea más o menos similar. Pero esto tampoco es así. En la mayoría de los años, por cada militar muerto hay entre 7 y 30 supuestos criminales muertos.

Luego medimos lo que denominamos índice de detenidos. Tal vez el Ejército no hiere a sus contrincantes, sino que los detiene. Para darle el beneficio de la duda, dividimos el número de personas muertas entre el número de personas detenidas por año en supuestos enfrentamientos con el Ejército. El punto de este índice es saber si el Ejército detiene a más personas de las que mata en operaciones policíacas. Esto sería lo esperable pues, otra vez, hay que recordar que el Ejército está en las calles para llevar a cabo labores de seguridad pública. En este sentido, los infractores de la ley deben ser detenidos –no asesinados– para que sean juzgados por autoridades judiciales. Pero esto no es así. En la mayoría de los años, el Ejército mata al mismo número de personas que detiene o, incluso, a más personas de las que detiene.

Finalmente, ideamos lo que llamamos índice de criminalidad. La idea detrás de este índice es medir la proporcionalidad de la “guerra contra las drogas”. ¿Es el Ejército así de letal porque se está enfrentando a criminales que son igual o más letales? Para contestar esta pregunta dividimos el número de militares muertos entre el número de militares heridos por año en enfrentamientos con agresores. El índice muestra si los grupos criminales matan a más militares de los que hieren. Este indicador debe compararse con el índice de letalidad explicado antes. Al comparar estos dos índices –el de letalidad del ejército y el de criminalidad– se puede saber qué bando es más letal: el de los militares o el del crimen organizado. Lo que encontramos es que en todos los años los grupos criminales matan a menos militares de los que hieren. Esto contrasta con el índice de letalidad, según el cual los militares matan a más supuestos agresores de los que hieren.

Calculamos estos indicadores por año, es decir, tomando como base el número total de muertos, heridos y detenidos en enfrentamientos por año. Lo hicimos así por dos razones. Primero, porque no todas las bases vienen desagregadas por enfrentamiento sino por el número total de enfrentamientos por año. Segundo, porque hay enfrentamientos específicos en los que no hay heridos, sólo muertos. En estos casos, no podemos calcular los índices porque al dividir, digamos, 5 muertos entre 0 heridos, el resultado es indeterminado.

Conclusión

Ciertamente los indicadores tienen limitaciones. Por eso son indicadores: el indicio de algo. De entrada, partimos de datos proporcionados por el propio Ejército: bases de datos que no siempre coinciden entre sí y que estuvieron ocultas por años. Aun así, la información disponible sugiere que el Ejército hace uso excesivo de la fuerza letal –una fuerza que debiera usarse como último recurso en tareas policíacas de acuerdo con estándares nacionales e internacionales–. Pongamos esto en perspectiva. En la Guerra de Vietnam hubo cuatro personas heridas por cada persona muerta.7 En los operativos del Ejército mexicano ocurre lo contrario: hay muchas más personas muertas que heridas o detenidas. En su conferencia del jueves 19 de agosto por la mañana, el presidente afirmó que el Ejército en años previos, siguiendo órdenes de Los Pinos, remataba a los heridos. Es decir, el presidente López Obrador reconoció oficialmente que el Ejército ha cometido ejecuciones extrajudiciales, lo cual es algo que sugiere nuestro artículo con base en el análisis de las bases de datos de los propios militares. De ser cierto lo que dice el presidente, estamos ante la comisión de crímenes de lesa humanidad cuyos responsables, en principio, debieran ser llevados ante la Corte Penal Internacional.

El artículo original completo se puede encontrar aquí.

La base de datos obtenida a través de la solicitud de acceso a la información se puede encontrar en este enlace y la presentada por el Secretario de la Defensa aquí.

*Javier Treviño es visiting Fellow del Departamento de Sociología de la London School of Economics. Laura Atuesta (@atuesta_laura) es directora de la División de Estudios Multidisciplinarios del CIDE, profesora investigadora y coordinadora del Programa de Política de Drogas. Raúl Bejarano es politólogo por la UNAM y el CIDE. Actualmente estudia el doctorado en Investigación en Uso de Sustancias en la Universidad de California San Diego. Sara Velázquez es abogada y colaboradora del Programa de Política de Drogas del CIDE.

 

 

Las opiniones expresadas en este blog son de exclusiva responsabilidad de la autora o autor y no necesariamente representan la opinión del Programa de Política de Drogas.

 

 

1 Por ejemplo, el artículo 13 de la Ley Nacional sobre el uso de la Fuerza establece que el uso de la fuerza letal será el último recurso en cualquier operativo. Por otro lado, la disposición especial 9 de los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, determina que sólo se podrá hacer uso intencional de armas letales cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida.

2 La versión estenográfica de la conferencia de prensa se puede consultar aquí, y el informe de seguridad pública que contiene el índice de letalidad presentado por el Secretario de la Defensa durante la conferencia del 14 de octubre de 2019 puede ser descargado aquí.

3 Catalina Pérez Correa, Carlos Silva Forné y Rodrigo Gutiérrez García (julio 2015). “Índice de letalidad. Menos enfrentamientos, más opacidad”, Nexos.

4 Por ejemplo, la Ley Nacional sobre el uso de la Fuerza; el Manual del Uso de la Fuerza de Aplicación Común a las Tres Fuerzas Armadas; y la Directiva que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza por Parte del Personal del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en cumplimiento del ejercicio de sus funciones, en apoyo a las Autoridades Civiles y en aplicación de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

5 Los artículos 12 y 13 de la Ley Federal de Trasparencia y Acceso a la Información Pública establecen que los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones de conformidad con la normatividad aplicable.

6 Estefanía Vela (abril 2015). “De Nuevo Laredo a Mazapa de Madero: el índice de letalidad de la SEDENA crece”, Animal Político.

7 Robin M. Coupland y David R. Meddings (agosto 1999). “Mortality Associated with Use of Weapons in Armed Conflicts, Wartime Atrocities, and Civilian Mass Shootings: Literature Review”, BMJ.

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