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El Dispensario. Diálogo sobre Drogas.
Por PPD CIDE
El Programa de Política de Drogas del CIDE es un espacio académico interdisciplinario cuyo obje... El Programa de Política de Drogas del CIDE es un espacio académico interdisciplinario cuyo objetivo es estudiar el fenómeno de las drogas, la política de drogas y sus consecuencias. Este es su blog. (Leer más)
No queremos más militares en las calles
¿Por qué si hay cientos de casos donde la participación de las Fuerzas Armadas en las calles y en las acciones municipales no han dado resultados favorables -y por el contrario se ha empeorado la situación de violencias- los gobiernos insisten en militarizar la seguridad pública?
Por PPD CIDE
27 de febrero, 2019
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Por: Aníbal Salazar Méndez (@termapolitano)

De Guardia Nacional a Guardia Civil, de cualquier modo, el uso de la fuerza militar para la seguridad pública sigue siendo un riesgo para los derechos humanos de las y los mexicanos.

¿Por qué si hay cientos de casos donde la participación de las Fuerzas Armadas en las calles y en las acciones municipales no han dado resultados favorables -y por el contrario se ha empeorado la situación de violencias- los gobiernos insisten en militarizar la seguridad pública? Comienzo con una pregunta porque, con gran preocupación, vemos cómo la intervención de especialistas en la materia no fue tomada en cuenta por el gobierno federal, a pesar de llevar a cabo en varias semanas, múltiples audiencias en el Congreso de la Unión con organizaciones civiles e instituciones de derechos humanos, donde no hubo ni una sola voz que se pronunciara a favor de la creación de esta figura militar.

Partamos de recordar que un Estado de Derecho y Democrático (como lo es México) tiene la obligación de combatir y enfrentar los delitos por medio de estrategias de fortalecimiento de las corporaciones civiles, así como del sistema de justicia penal. Entonces reitero mi pregunta, ¿por qué insistir en una propuesta que elimina la institucionalidad civil en materia de seguridad y pone en riesgo la soberanía de los Estados?

Tras 21 días de discusión legislativa, el Senado de la República aprobó por mayoría el dictamen en lo general para la creación de la denominada Guardia Nacional con mando civil, misma que estará adscrita al ramo de Seguridad Pública y que en un inicio tendrá la participación de policías federales, militares y navales, con un régimen transitorio de 5 años para la actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad en tanto queda establecida la nueva institución.

La presencia de las Fuerzas Armadas en acciones de seguridad pública ha dejado números rojos. En palabras de Jan Jarab, representante de la ONU-DH en México en el marco del Parlamento Abierto de la Guardia Nacional el pasado 11 de febrero “se ha demostrado que las tasas de homicidios se triplicaron, las desapariciones se multiplicaron, y las entidades donde hay mayor presencia militar continúan sus niveles elevados de violencia como por ejemplo Guerrero y Tamaulipas (Ver discurso completo)”.

Durante las audiencias para la discusión de la Guardia Nacional en el Congreso de la Unión se dejó en claro por la mayoría de los participantes que la formación y mentalidad de las Fuerzas Armadas no son adecuadas para las tareas de seguridad pública, principalmente porque está enfocada en el combate y la eliminación del enemigo (adecuada para su finalidad principal que es resguardar a la nación) y no en la prevención, la contención y la investigación del delito para una reinserción social.

El dictamen aprobado integró una versión adaptada en donde la ONU-DH identificó un cambio en el diseño predominantemente de corte militar hacia otro de carácter civil, incorporando elementos de control de carácter democrático. Sin embargo, no debemos dejar que nos endulcen el oído, esta propuesta en nada abona a que nuestro país disminuya sus niveles de violencia, a todas letras es una simulación de la autoridad ante la exigencia ciudadana, desde un inicio se estableció que el mando era militar y únicamente la administración le correspondería al rubro de Seguridad Pública, la idea de tener mando civil no cambia nuestra preocupación pues al final tendremos a militares ejecutando acciones de seguridad pública interactuando con civiles. Esto claramente es un modelo de militarización de la seguridad pública, aunque se le quiera poner un disfraz.

Necesitamos urgentemente una política pública de capacitación apegada a los derechos humanos. Nuestros policías tienen tanta sed de aprendizaje que, si se contara con mayores capacitaciones, educación formal de atención a víctimas y mayores oportunidades laborales, la productividad rebasaría las estadísticas y lo más importante, la percepción social de sentirse seguros elevaría.

Como ciudadano no estoy cerrado a nuevas políticas públicas, todos queremos un país seguro, pero no podemos permitir que una mala idea empeore la situación por el fervor político. Llamemos pues al fortalecimiento de las capacidades de las instituciones de seguridad pública; a no quitarle a nuestro Ejército Mexicano su esencia, a generar un país seguro con policías preparadas y libres de grupos delictivos. Llamemos a un México sin violencia.

 

* Aníbal Salazar Méndez, Colectivo Derechos y Garantías.

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