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El Dispensario. Diálogo sobre Drogas.
Por PPD CIDE
El Programa de Política de Drogas del CIDE es un espacio académico interdisciplinario cuyo obje... El Programa de Política de Drogas del CIDE es un espacio académico interdisciplinario cuyo objetivo es estudiar el fenómeno de las drogas, la política de drogas y sus consecuencias. Este es su blog. (Leer más)
Política de control de drogas y Derechos Humanos; dos sistemas, una paradoja
¿Deben actuar en conjunto los mecanismos internacionales de derechos humanos con el régimen internacional de control de drogas para garantizar el trato digno a los usuarios de drogas? ¿Se mantendrán las políticas actuales de control de drogas aunque resulten contraproducentes a los principios y valores fundamentales del orden internacional?
Por PPD CIDE
2 de abril, 2019
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Por: Rebeca Nader López

En 1945, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se fundó con la misión principal de preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra y garantizar la vigencia de los derechos humanos. Sin embargo, hoy el lenguaje de la guerra sigue siendo parte del vocabulario coloquial de las naciones, desde el que han establecido sus políticas públicas en materias de drogas, que impactan a su vez en otras materias, tan trascendentes como la seguridad y la salud pública. Lo anterior, a costa del ideal del respeto irrestricto a los derechos humanos.  

Desde el marco internacional, la estrategia de control de drogas se sustenta en tres tratados de la ONU que establecen medidas de control con los fines de garantizar la disponibilidad de sustancias psicoactivas para fines médicos y científicos, e incluyen disposiciones generales sobre su tráfico y consumo. No obstante, la experiencia demuestra que dichas convenciones han sido interpretadas e implementadas primordialmente desde el enfoque del combate a todos los aspectos de la producción, posesión y tráfico de las sustancias psicoactivas.

Por su parte, de la esfera internacional también emana el régimen de derechos humanos consolidado como una suerte de sistema que pretende garantizar la no repetición de atrocidades a la dignidad humana tales como las ocurridas en las grandes guerras mundiales. El Sistema Internacional de Derechos Humanos, está compuesto por varios tratados y convenciones que descansan sobre las premisas básicas de que “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia”. “Todos los seres humanos”; incluidas las personas usuarias de drogas.

En el ámbito de aplicación, el encuentro entre los dos órdenes internacionales propicia un conflicto de principios que dificulta el cumplimiento de las obligaciones de ambos sistemas al mismo tiempo y en el mismo espacio. Lo anterior es problemático considerando que deontológicamente los dos órdenes sirven a los mismos propósitos raíz, establecidos en la Carta de las Naciones Unidas: mantener y fortalecer la paz internacional. Y que por ende, en un sistema coherente, esta disyuntiva debería ser inexistente.

Específicamente, la implementación del régimen internacional de control de drogas tiene impacto en temas a los que atiende el derecho internacional de los derechos humanos, tales como el VIH/SIDA, la pena de muerte, las ejecuciones extrajudiciales, los tratos crueles, inhumanos y degradantes, la tortura, la pobreza, la exclusión social, los derechos de las personas indígenas, la discriminación racial, el daño al medio ambiente, entre otros. No obstante, como bien lo hizo notar el entonces relator especial de la ONU para el más alto nivel de Salud Paul Hunt: los mecanismos internacionales de derechos humanos raramente mencionan el control de drogas mientas que los de control de drogas raramente se enfocan en derechos humanos.

Lo anterior, llama la atención particularmente al considerar que la Asamblea General -máxima autoridad de las Naciones Unidas- ha constreñido expresamente al Consejo de Derechos Humanos a incorporar los principios de respeto y garantía de derechos humanos en la actividad general del sistema de las Naciones Unidas. Es decir, la importancia de permear los derechos humanos en cualquier órgano de naciones unidas no solo deviene de la realidad fáctica, sino de la normativa internacional misma.

Dicho de otro modo, los propios lineamientos normativos de la organización establecen la necesidad que cobra el acercamiento dialéctico y constante entre ambos sistemas, a fin de armonizar la interpretación de sus principios con miras a mejorar su implementación y fortalecer los estándares de respeto a la dignidad humana. En este sentido, el ejercicio de esta interacción entre sistemas se torna cada vez más urgente para hacer frente a todos esos casos en los que la colisión de ambos sistemas genera daños -en general, irreparables- a la vida y dignidad de miles de personas alrededor del mundo.

Ejemplo de lo anterior, es el caso de Kurmanayevsky contra Rusia que se encuentra en etapa de admisión por la Corte Europea de Derechos Humanos. El caso versa sobre la política de prohibición absoluta de tratamientos de sustitución de opioides como terapia para personas con trastornos por uso de opiáceos. En la petición inicial, uno de los solicitantes manifestó que la negativa de las autoridades de concederle un tratamiento de sustitución con metadona ha provocado que después de 19 intentos de terapias de rehabilitación siga recayendo a la adicción, impactando en su vida con sufrimientos adicionales. Además, consideró que la ausencia de dichos tratamientos está directamente relacionada con la forma en la que contrajo su infección de VIH y hepatitis C, ya que fue inducido a obtener drogas de manera ilegal y a consumirlas de manera precaria. En ese sentido, estimó que dichas medidas de prohibición absoluta implementadas por las autoridades rusas generaron violaciones al artículo 3º del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que establece que nadie puede ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes.

El caso que antecede ilustra cómo es que la aplicación de medidas que devienen del régimen de control de estupefacientes amplía el espectro de riesgo de infringir tratos crueles, inhumanos, degradantes o incluso actos de tortura a las personas que optan por consumirlos. Lo peor del caso es que bajo las premisas de la lucha contra las drogas, se tiende a justificar la aplicación desproporcionada de medidas de control sin tomar en consideración imperativos categóricos de derechos humanos como que la prohibición de la tortura es una norma de “ius cogens” y que, por ende, no hay justificación alguna para transgredirla.

En conclusión, la colisión de sistemas en la esfera internacional amplía el espectro de riesgo de violaciones a derechos humanos de las personas que se relacionan de alguna manera con sustancias psicotrópicas y estupefacientes. Ante esto, es urgente que se desarrolle un ejercicio de homogeneización en la interpretación de los principios y estándares que rigen a dichos sistemas y que se haga un esfuerzo por articularlos de manera constante. Para que dicho proceso sea exitoso, los sistemas internacionales en materia de control de drogas y de protección de derechos humanos, deben comenzar a entablar una relación dialógica y de intercambio recíproco de estudios, análisis, datos estadísticos, y lo más importante, experiencias. De otra manera, se mantendrán políticas de control de drogas que resultan contrarías a los principios y valores fundamentales del orden internacional; aun cuando estas emanen del Sistema de las Naciones Unidas, y paradójicamente se jacten de buscar el mantenimiento de la paz, la seguridad y la dignidad humana.

 

* Rebeca Nader López es Directora de Derechos Humanos en el Centro de Análisis y Desarrollo del Derecho.

 

@cideppd

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