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El dispensario. Diálogo sobre drogas.
Por PPD CIDE
El Programa de Política de Drogas del CIDE es un espacio académico interdisciplinario cuyo obje... El Programa de Política de Drogas del CIDE es un espacio académico interdisciplinario cuyo objetivo es estudiar el fenómeno de las drogas, la política de drogas y sus consecuencias. Este es su blog. (Leer más)
¿Por qué desaparece la gente en México? Análisis del fenómeno de desaparición usando el RNPED
No todas las desapariciones en México están relacionadas con el crimen organizado; hay fuerzas de seguridad que participan en este delito, como la Policía Municipal, la SEDENA y el Instituto Nacional de Migración.
Por Laura Atuesta e Isaac Vargas
12 de junio, 2020
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Es muy poco lo que sabemos acerca de los desaparecidos en México. Durante más de una década, el gobierno no otorgó ninguna información. Luego, respondiendo a presiones de organizaciones de la sociedad civil y de las familias de las víctimas, Los Angeles Times filtró una versión del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) la cual hizo pública la organización Propuesta Cívica en diciembre de 2012. Dicha base de datos contaba con 20,288 registros de personas desaparecidas. Sin embargo, poco se puede saber de la razón de su desaparición, ya que el campo que incluye esta información se encuentra vacío para la mayoría de las entradas. Paralelamente, el Programa de Política de Drogas (PPD) recibió de forma anónima una versión similar de esta base de datos pero con algunas diferencias: primero, la base recibida por el PPD sólo contenía información de 2006 a 2011 mientras que la base publicada por Propuesta Cívica contenía información hasta 2012. Segundo, en la base recibida por el PPD no había registros para algunos estados tales como Jalisco, Zacatecas y Sonora. Por último, la base recibida por el PPD tiene muy pocas entradas antes de 2009. No obstante, la versión recibida por el PPD sí contiene información adicional que puede ser utilizada para determinar algunas de las causas del fenómeno de la desaparición en México, razón por la cual vale la pena explorarla y analizarla. Aquí resumimos algunos de los resultados que hasta el momento hemos encontrado.

Utilizando la base de Propuesta Cívica (que es más completa que la base recibida por el PPD), realizamos una descripción estadística de la información ahí obtenida. Tal como lo documentaron Merino (2015) y Jasso López (2019), las desapariciones de hombres son más comunes que las desapariciones de mujeres, pero las desapariciones de mujeres han tenido una tasa de mayor crecimiento a lo largo de los años. Por otra parte, las mujeres desaparecidas en promedio son menores que los hombres desaparecidos y las desapariciones de mujeres se encuentran concentradas en la zona centro, mientras que las de los hombres suceden también en la frontera norte del país. A pesar de que esta base no nos permite saber la causa de la desaparición (sólo en contados casos), esta concentración geográfica sugiere que las desapariciones de hombres pudieran estar más relacionadas con la existencia de crimen organizado, mientras que las de las mujeres se pueden deber a otras causas. Tal como se mencionó, la versión del RNPED publicada por Propuesta Cívica incluye un campo llamado “posible causa de la desaparición”, el cual se encuentra en blanco en el 99% de los casos. Sólo hay 230 registros que tienen información en dicho campo y de estos, sólo 6 parecieran estar relacionados con actividades delincuenciales o con desapariciones forzadas.

Para realizar un mejor análisis sobre las desapariciones vinculadas al crimen organizado y las desapariciones forzadas, utilizamos la versión del RNPED que fue recibida por el PPD, la cual tiene información sobre desapariciones reportadas de 2006 a 2011. Después de analizar más de 5 mil eventos que tienen información sobre la descripción de la desaparición, encontramos 348 eventos que pudieran estar vinculados con el crimen organizado, 91 eventos vinculados con la frontera México- Estados Unidos, 323 eventos que sucedieron en carreteras (libres o de cuota) y 75 eventos clasificados como desapariciones forzadas. Del resto de eventos, 17% se pudieron catalogar como desapariciones voluntarias (dejó una nota antes de irse, se fue por problemas familiares, se fue con su pareja o amigos), 29% tienen información incompleta como “salió de su domicilio y no volvió” o “iba bajo los efectos del alcohol” y, por último, 40%, a pesar de contar con información, ésta no es suficiente para determinar el motivo de la desaparición (sólo dice “persona desaparecida” o “cero”).

Las desapariciones relacionadas con el crimen organizado están concentradas en estados del norte, principalmente en Durango, Tamaulipas y Coahuila al igual que las desapariciones que sucedieron en carreteras. A nivel municipal, son cuatro los municipios que concentran el 54% de las desapariciones relacionadas con el crimen organizado: Durango, Saltillo, Ciudad Mier y Nuevo Laredo. Las desapariciones que sucedieron en carreteras se analizan en esta sección, a pesar de que la descripción no incluye información relevante para vincular los eventos al crimen organizado, porque gran parte de la actividad relacionada con el crimen organizado sucede en las carreteras (principalmente en las libres) y tal como lo ha dicho Amnistía Internacional, las carreteras, principalmente en el norte del país, son un lugar de riesgo para los individuos en México debido a la alta presencia criminal en dichas zonas. Por su parte, 40% de los eventos relacionados con la frontera norte sucedieron en Tamaulipas, la mayoría de personas tratando de cruzar la frontera de manera ilegal (20 eventos), seguido por personas que vivían en Estados Unidos y desaparecieron al venir a México de forma temporal (12 eventos), y cinco personas que desaparecieron al ser deportadas de Estados Unidos.

Con respecto a las desapariciones vinculadas al crimen organizado, 123 de ellas sucedieron en la calle y se refieren a “levantones”, es decir, un convoy o personas armadas, en la mayoría de los casos encapuchadas, persiguieron a la víctima hasta interceptarla y se la llevaron haciendo uso de la fuerza. En siete de estos casos, los Zetas fueron identificados como partícipes de la desaparición. 167 casos sucedieron en el hogar de la víctima o en su lugar de trabajo, en su espacio privado. Grupos armados irrumpieron en su hogar llevándose a la víctima. En una tercera categoría, agrupamos casos en donde se describen siete secuestros, desapariciones que parecieran estar relacionadas con tráfico de personas, tres casos en donde encontraron a la víctima sin vida días después de haber denunciado la desaparición, dos casos en los que la desaparición está relacionada con el desplazamiento interno de la víctima por causas de violencia, un caso en el que se describe que la víctima fue reclutada por un grupo armado y por último, un caso en el que la víctima desapareció después de una balacera. En 61 casos, las descripciones fueron imprecisas y difíciles de catalogar ya que solamente se menciona que alguien se llevó a la víctima o que a la víctima se la llevaron en un coche en contra de su voluntad.

Finalmente, son pocos los eventos que se catalogan como desapariciones forzadas, seguramente porque las familias de las víctimas deciden no reportar la participación del gobierno al denunciar la desaparición o porque simplemente deciden no denunciar la desaparición por miedo a recibir represalias o criminalización de la víctima por parte del gobierno. De los 75 eventos catalogados como desapariciones forzadas, 16 sucedieron en el espacio privado (a la víctima se la llevaron de su casa) y 4 en la vía pública. En los 55 eventos restantes no hay información sobre dónde sucedió el evento. En un poco más de la mitad de los casos (40 eventos) se puede determinar qué autoridad estuvo involucrada en la desaparición: en 10 eventos fue el Instituto Nacional de Migración, en 8 eventos la Sedena, en 7 eventos la Policía Municipal y en 6 eventos la extinta Policía Judicial. En el resto de los casos se mencionan agentes de la AFI, la Marina, la Policía Federal y “agentes policiales”.

Se pueden sacar varias conclusiones de estos resultados. Primero, no todas las desapariciones en México están relacionadas con el crimen organizado, entonces, asumir que un costo de la guerra contra las drogas es tener 60 mil desaparecidos en el país es un error. No obstante, sin datos claros ni actualizados, no es posible saber cuántas de las desapariciones en México se pueden identificar como relacionadas con el crimen organizado o con la guerra contra las drogas. Segundo, las desapariciones de las mujeres son diferente a las de los hombres (por sus características físicas y por los motivos de la desaparición), por lo que deberían analizarse de forma separada al tratarse de un fenómeno distinto. Tercero, el crimen no respeta el espacio privado: los levantones perpetrados ya sea por grupos criminales o por fuerzas de seguridad también se dan en las viviendas, convirtiéndose el hogar de las víctimas en una zona de peligro. Cuarto, no sólo la Policía Municipal y la SEDENA están involucradas en desapariciones forzadas. Son varias las fuerzas de seguridad, incluido el Instituto Nacional de Migración, que participan en este delito. Finalmente y más importante, es casi imposible analizar el fenómeno de la desaparición en México si no se tienen datos confiables. Esta versión del RNPED aquí analizada tiene varios sesgos y se desconoce su metodología, al igual que la de la versión publicada por Propuesta Cívica. Las versiones oficiales que se encuentran publicadas en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) no tienen la suficiente información para hacer este tipo de análisis. A pesar de que las familias de las víctimas han mencionado esta problemática desde hace varios años, el gobierno no ha respondido y, a la fecha, el análisis de las desapariciones en México sigue siendo parte de una caja negra.

* Laura Atuesta (@atuesta_laura) es profesora investigadora del CIDE y coordinadora del Programa de Política de Drogas. Isaac Vargas (@Isaac_VargasG) es research fellow del Programa de Política de Drogas.

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