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El dispensario. Diálogo sobre drogas.
Por PPD CIDE
El Programa de Política de Drogas del CIDE es un espacio académico interdisciplinario cuyo obje... El Programa de Política de Drogas del CIDE es un espacio académico interdisciplinario cuyo objetivo es estudiar el fenómeno de las drogas, la política de drogas y sus consecuencias. Este es su blog. (Leer más)
Revisión de rutina como política de drogas
La revisión en los autobuses es una de las muchas estrategias que forman parte de la guerra contra el narcotráfico; la cual figura, lamentablemente, como lo más próximo a una política de drogas en México.
Por PPD CIDE
3 de agosto, 2016
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Por: Rebeca Calzada (@RebecaCol)

Hace un par de días tomé un autobús de la Ciudad de México hacia Aguascalientes. Volvía después de haber pasado unos días en la playa, aún cargando ese sentimiento de libertad y quietud que nos brinda el mar. Al abordarlo me tumbé directamente a dormir, sin enterarme cuando arrancó el vibrante motor. Tras la zarandeada rompe-espalda que provocó uno de los infinitos baches, desperté. Noté que el autobús venía casi lleno y tenía un compañero de viaje a mi lado derecho; un tipo quizá de treinta y pelo, camiseta morada, jeans, tenis negros, rosarios como pulseras y tatuajes. En la otra hilera de asientos iba una chica güera, con dos asientos a su disposición que supo aprovecharlos acostándose en ambos. Sentí sed, así que remojé labios y garganta con agua, conecté audífonos a mis 8GB de música y chequé el reloj –resta hora y media para llegar, lo que daba tiempo suficiente para un coyotito extra.

Faltando menos de media hora para llegar al destino me desperté por la sensación de estar parados, en freno total. Me quité los audífonos, el resto de los pasajeros se mostraban impacientes –y añadiría un tanto intranquilos– con el sujeto que acababa de abordar el autobús. Entonces miré: un militar, e inmediatamente caí en la ansiedad grupal –inevitable no hacerlo tras la acumulada evidencia de abusos de autoridad a la que pertenece el uniformado. El tipo anunciaba que era “una revisión de rutina” (pues se ha vuelto rutina socavar con preguntas inquisitivas el derecho de transitar libremente por las carreteras), y posteriormente posaba sus ojos intimidantemente sobre todos los que abordábamos el autobús para seleccionar arbitrariamente a algún pasajero sospechoso. Depositó sus ojos sobre mi compañero de viaje (¿por qué lo habría seleccionada a él? ¿Por ser hombre? ¿Por sus tatuajes? ¿Qué lo hizo sospechoso a él y a mí no?):

¿De dónde vienes? ¿A dónde vas?

Sin mirarlo a los ojos, respondió: voy a Aguascalientes, soy de acá.

¿Qué traes de equipaje?

-Una mochila.

¿Abajo o arriba?

-Aquí –dijo mientras señalaba el portaequipaje.

Saca la mochila. –Siguió sus órdenes.

¿Qué traes? Ábrela… ¿qué es eso?

-Unos lentes.

Guárdala.

El verde se volteó y vio a la chica güera.

Señorita, ¿trae equipaje?

-Sí, abajo, pero ya me checaron en el aeropuerto.

¿Cuántas maletas son?

-Dos, me tocó luz roja y me las checaron todas, señor.

El militar la ignoró rápidamente (¿Por ser mujer? ¿Por ser güera? ¿Por sentirse poco intimidada?), y se dirigió hacia los dos pasajeros detrás de mí. Logré escuchar que les hizo las mismas preguntas: ¿a dónde vas? ¿De dónde vienes? ¿Maletas? ¿Cuántas?

El primero respondió que venía a un asunto de trabajo y regresaba el mismo día, por eso no llevaba ningún equipaje, y así se deshizo de preguntas posteriores. El segundo, contrario al primero, respondió que sí, y que su maleta estaba abajo. El militar lo bajó del autobús para revisarle sus pertenencias. Pasaron cerca de diez minutos y el resto de los pasajeros se exasperaba un poco. Finalmente, el pasajero volvió. Éste era joven, moreno, tenía la chamarra amarrada a la cintura y lentes oscuros sobre la cabeza (¿lo seleccionaron por ser joven? ¿Moreno?). Guardó sus cosas y se sentó. Al fin, nos alejamos de la estación de los hombres de uniformes verdes.

Después de una pausa en silencio –residuo de la tensión que generó el militar– los pasajeros comenzaron a hablar de nuevo –como en señal de que todo volvía a “estar bien”. Una señora argentina en el asiento de adelante preguntó a un señor de su lado derecho –y esto ¿por qué lo hacen? – el señor respondió: pues así es como checan a los que van hasta el norte, por eso del narco.

Y sí. Estas es una de las muchas estrategias que forman parte de la guerra contra el narcotráfico; la cual figura, lamentablemente, como lo más próximo a una política de drogas en México.

A pesar del cambio que está ocurriendo en los discursos globales sobre cómo abordar el tema de drogas –tras reconocer que el prohibicionismo, contrario a lograr su objetivo (‘un mundo libre de drogas’), ha generado altísimos costos sociales y sanitarios; a pesar de que uno de los países de mayor consumo de drogas esté virando hacia la regulación de cannabis en sus estados;a pesar de que Uruguay haya comenzado a regular la cannabis en 2014; a pesar del reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia en noviembre de 2016; a pesar de la iniciativa presentada en abril por el senador Robert Gil Zuarth para regular la cannabis; a pesar del discurso de Enrique Peña Nieto en la UNGASS y su iniciativa (ahora rechazada) para elevar el gramaje de posesión de cannabis para uso personal a 28 gramos y sobre la regulación de la cannabis medicinal; a pesar de todos estos pasos parece que en México sectores conservadores no sólo quieren continuar apostándole al mantenimiento del prohibicionismo como lo han hecho hasta ahora, sino a engrandecerlo.

En meses anteriores el Senado aprobó reformas al Código de Justicia Militar y Nuevo Código Militar de Procedimientos Penales, creando la figura de la Fiscalía General de Justicia Militar y jueces de control. Este cambio se traduce en que los militares podrán catear no sólo los domicilios particulares, sino también organismos constitucionales autónomos –lo que incluye sedes de la CNDH, INE, Banco de México, INEGI y el IFT–, y por si fuera poco, también los recintos de la Cámara de Diputados y del Senado; intervenir las comunicaciones; y obligar a civiles a declarar en tribunales militares y, de no hacerlo un juez militar ordenará su presentación. Básicamente, esto es que se le han otorgado más funciones de investigación al ejército en aras de cumplir la guerra contra las drogas.

En 2006, tras la declaración de Felipe Calderón contra el narcotráfico, se decidió hacerle frente a través del uso de la fuerza, y para ello se desplegaron autoridades de todos los niveles. Esto incluía al ejército, lo cual requirió de que se les otorgará de nuevas funciones. ¿El resultado? Como Ana Laura Magaloni lo expone en su trabajo, casi el 25.9% de las detenciones reportadas en la Primera Encuesta realizada a Población Interna en Centros Federales de Readaptación Social 2012, por el CIDE, fueron ejecutadas por el ejército. Durante las detenciones, tras la guerra de Calderón, el 20.54% de las personas detenidas reportaron que fueron amenazados por militares, y en años previos a dicha guerra se reportó sólo el 2.93%. Asimismo, la tortura por militares –como por la policía– aumentó: antes de la guerra emprendida por Calderón, el 2.42% de los detenidos reportó haber recibido toques eléctricos; a partir del inicio de su sexenio, el porcentaje se elevó hasta el 30.3%. Esto no quiere decir que las prácticas de la policía federal y estatal hayan sido mejor en comparación con el ejército, pero sí evidencian que ésta ha sido la institución mucho más violenta a partir de su integración a la lucha contra el narcotráfico.

Esto muestra, una vez más que, la excepcionalidad insertada en el régimen a partir de la guerra contra las drogas ha significado la restricción de los derechos fundamentales y garantías penales y, a la par, un aumento de poder en las autoridades . Las recientes reformas no serán la excepción; son herramientas con las que se consiente con más poder a una institución con un serio y profundo historial de atentar contra nuestros derechos y, a la que se le exime de responder ante la justicia –como lo prueba la absolución de militares relacionados con los homicidios en Tlatlaya.

La fotografía no miente: en México la principal lucha que se lleva a cabo es contra la aberrante burocracia que se ha creado, alimentado y engrandecido en nombre del prohibicionismo. Dicha burocracia hinchada de un gran poder –mediante mayores recursos y funciones– que pone a cualquier persona en un estado de vulnerabilidad absoluta, así como en riesgo al propio régimen.

 

* Rebeca Calzada ha participado previamente en temas de política de drogas como asistente del Programa de Política de Drogas en Espolea, A.C. Actualmente es asistente de investigación del Programa de Política de Drogas del CIDE y colaboradora en Estudiantes por una Política Sensata de Drogas, México.

 

 

Según el Plan Nacional de Desarrollo 2007 – 2012, documento oficial que marcó la pauta acerca de cómo se abordaría la guerra contra el narcotráfico durante la presidencia de Felipe Calderón, señala como estrategias: las reducción de espacios de operación del rimen organizado, erradicación de plantíos, interceptar cargamentos con drogas, recursos para modernizar la Armada de México, crear bases de información, invertir en mecanismos de inteligencia, entre otras. En Presidencia de la República, “Plan Nacional de Desarrollo”, Disponible aquí.

Alaska, Washington, Oregón, Colorado y D.C, y para noviembre de este año se espera la aprobación de la regulación de cannabis para fines recreativos en California, uno de los mercados de marihuana más grandes. En Ian Lovett, “In California, Marijuana is Smelling More Like a Big Business”, New York Times. Disponible aquí.

Fallo que permite a los cuatro miembros de la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante (SMART) consumir, cosechar, sembrar, transportar y poseer cannabis con fines recreativos y lúdicos.

Refiriéndose a que es tiempo de cambiar el enfoque sancionador y de abordar el tema como un problema de salud pública, reconoció las limitaciones del prohibicionismo y la necesidad de aplicar un enfoque basado en los derechos humanos.

En el período de 2006 – 2012 el 97% del total de los recursos del gasto público en política de drogas fueron asignados a ley y orden, mientras que, durante el mismo período sólo el 2.9% fue dirigido a la prevención, tratamiento y derechos humanos. Sobre el presupuesto de ley y orden, 29% se destinó al poder judicial, el 25% a defensa, seguido el 20% a seguridad pública. En Gabriel Purón-Cid, “El impacto presupuestario de una política de drogas prohibicionista 2006 – 2012”, CIDE.

Esto siempre y cuando exista un delito relacionado con el crimen organizado y en donde participen tanto militares como civiles.

Jesús Cervantes, “Podrán militares catear domicilios e intervenir comunicaciones civiles”, Proceso, 21 abril 2016. Disponible aquí.

Ana Laura Magaloni, 2015, “La arbitrariedad como método de trabajo: la persecución criminal durante la administración de Felipe Calderón”. En Catalina Pérez Correa, “De la detención a la prisión, la justicia penal a examen”, CIDE.

Alejandro Madrazo, “Los costos constitucionales de la guerra contra las drogas: una primera aproximación (desde México)”, Programa de Política de Drogas, CIDE, México, 2014.

De 2006 a 2011 se reportaron 6,680 quejas sobre la SEDENA que viola los derechos humanos. Esto significó que de 2006 a 2011 aumentó un 831% el número de quejas que señalan a la SEDENA como responsable de la violación de derechos humanos. En Catalina Pérez Correa, “México 2006 – 2012: Una revisión de la violencia y el sistema de justicia penal”. En “De la detención a la prisión, la justicia penal a examen”, CIDE.

Pablo Ferri, “La justicia mexicana absuelve a los militares acusados de homicidios en Tlatlaya”, en El País. Disponible aquí.

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