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El Dispensario. Diálogo sobre Drogas.
Por PPD CIDE
El Programa de Política de Drogas del CIDE es un espacio académico interdisciplinario cuyo obje... El Programa de Política de Drogas del CIDE es un espacio académico interdisciplinario cuyo objetivo es estudiar el fenómeno de las drogas, la política de drogas y sus consecuencias. Este es su blog. (Leer más)
Salud psicológica y drogas: hacia una nueva política
Para llevar a cabo una adecuada política de salud que considere los principios bioéticos, el Estado debe regular distintos aspectos del ejercicio profesional en salud.
Por PPD CIDE
8 de julio, 2019
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Por: Benjamín Martínez Velasco

“La primera vez que tuve un internamiento fue en contra de mi voluntad. Por mi nivel de consumo de drogas, mi familia decidió mandarme para allá. Además de consumir drogas, comencé a cometer crímenes, robaba cosas (…) Ves de todo. A mi edad no es lo que me hubiera gustado vivir. Me ayudó para frenarme, pero también me llené de pura cagada”.

Entrevista con consumidor (Rosales, 2017)

Ética y regulación

Dentro de los distintos códigos éticos para el ejercicio de las ciencias de la salud, se hace énfasis en que toda práctica sanitaria deberá estar basada en la mejor evidencia científica disponible, así como adecuarse al contexto cultural de la sociedad o grupo donde se realiza cualquier intervención. Desafortunadamente, lo anterior no ha impactado de forma significativa en los tratamientos que reciben las personas que abusan de las drogas. La regulación sanitaria se ha enfocado en los espacios de consulta en lugar de en las intervenciones utilizadas en los ámbitos público y privado. Esto resulta en detrimento a los tres pilares de la investigación y el ejercicio de las intervenciones de salud establecidos a nivel internacional: el respeto a las personas, la beneficencia y la justicia. En los siguientes párrafos, analizaremos puntualmente como estos principios se ven comprometidos en los servicios de salud psicológica en México.

Beneficencia

El principio de beneficencia refiere al axioma hipocrático: primero, no hagas daño, minimiza riesgos y maximiza beneficios. Es éticamente importante que un terapeuta solamente procure a sus pacientes tratamientos cuya efectividad ha sido demostrada, es decir, que hayan atravesado por un procedimiento de contrastación científica, porque de lo contrario se está fundamentando una práctica en suposiciones, creencias, y sesgos. En la historia de cualquier tratamiento hay un momento previo a la investigación en el cual se desconocen sus efectos. Cualquier tratamiento cuya eficiencia aún no ha sido demostrada no debe ser aplicado a discreción, y mucho menos debe ser subsidiado con fondos públicos. Los tratamientos nuevos solamente deben ser aplicados de forma controlada por académicos entrenados en evaluación de impacto. Ellos y solo ellos podrán determinar la viabilidad terapéutica de cualquier tratamiento.

De lo contrario, existe el riesgo no solo de desperdiciar escasos recursos designados para la salud en tratamientos que no funcionan, sino que también existe el riesgo de generar daños a la población. Un ejemplo de lo anterior es lo que ocurre en anexos, donde autoridades estiman que solamente ~18% de los usuarios logran rehabilitarse. En el peor de los casos, los tratamientos son perjudiciales y empeoran el trastorno y la calidad de vida. En el mejor de los casos, simplemente no habrá mejorías significativas.

Existen actualmente evidencias de gran calidad sobre los mejores tratamientos y protocolos psicoterapéuticos para atender el abuso de sustancias. Además, para ser exitosa, una intervención para tratar abuso de sustancias debe ser interdisciplinaria y no limitarse a tratamientos farmacológicos o psicoterapéuticos. Hay problemas culturales y económicos que deben ser atendidos de forma previa o concurrente a cualquier intervención sanitaria para optimizar su funcionamiento, como pueden ser el desempleo o el empleo precario, un bajo nivel educativo, etc. El problema del abuso no solo es biológico y psicológico, también es económico y cultural.

Respeto a las personas

El respeto a las personas implica respetar su autonomía, e incluso establecer protecciones adicionales para que ésta se haga valer cuando se encuentre comprometida por cualquier circunstancia. En México, existen centros de rehabilitación mejor conocidos como anexos. Se trata de lugares donde los consumidores suelen ser encerrados en contra de su voluntad, ya sea por decisión familiar o judicial. Esto no solamente es una violación al derecho al libre desarrollo de la personalidad establecido por la SCJN, sino que también podría constituirse como delito de privación ilegal de la libertad. Estos modelos coercitivos no solamente violan la autonomía, sino que también perjudican la posible recuperación, asociando los procesos de rehabilitación con situaciones aversivas para los usuarios, lo cual puede tener un impacto sobre posibles futuras búsquedas de ayuda. Por otra parte, estos muchos de estos centros también violan la autonomía al imponer visiones religiosas sobre la rehabilitación.

Otra forma de respetar a las personas es coadyuvar en la modificación de su entorno inmediato. Ayudar a las personas cercanas, como amigos y familiares, a trabajar con esquemas que en lugar de descalificar a los consumidores y castigar sus conductas no deseadas, pueden y deben respetarlos, considerarlos y enfocarse en reforzar sus conductas deseables, incluyendo aquellas como las de reducción de daños.

Justicia

La justicia refiere a la equidad en la distribución de los beneficios, así como de los riesgos. Ciertos sectores de la población tienen mejor acceso a información y educación que les permiten practicar reducción de daños o acudir a tratamientos de mejor calidad en efectividad y respeto a los derechos de los usuarios, sin embargo, el estado debe garantizar que todas las personas se encuentren en igualdad de derechos, independientemente de su posición socioeconómica. El estado debe ofrecer servicios de rehabilitación y reducción de daños y regular los ofrecidos de forma privada para garantizar la calidad de todos ellos. Mientras que en algunos centros cuentan con médicos y psicoterapeutas de planta, en otros ni siquiera cuentan con visitas externas, existiendo casos de personas que mueren dentro de los anexos gracias a la desregulación. Hay un importante nivel de desigualdad que se debe combatir, tanto en salud como en justicia. También es posible observar inequidad dentro de los procedimientos penales, donde consumidores con un alto nivel socioeconómico pueden refugiarse en la justicia alternativa mientras que para los más marginados la única alternativa es la prisión.

Muchos usuarios desconocen tener derechos, y se estigmatizan a sí mismos. Una persona que no cree ser objeto de derechos difícilmente puede acceder a la reducción de daños, aceptar un tratamiento de rehabilitación o saber que es candidata a acceder a procesos de justicia alternativa. Esta situación empeora cuando en el propio gremio de la salud hay profesionistas que promueven el estigma contra el consumo de drogas, motivados por sus propias actitudes y prejuicios. Urge promover la justicia, el estado debe luchar contra el estigma social que existe en torno al consumo de sustancias por medio de campañas y políticas de concientización para profesionales y para la sociedad en su conjunto, especialmente en contextos de alta marginación.

Conclusión

Para llevar a cabo una adecuada política de salud que considere los principios bioéticos comentados anteriormente, el Estado debe regular distintos aspectos del ejercicio profesional en salud. Los clínicos deberán estar sensibilizados no solamente acerca de la dinámica social y económica en torno al abuso, sino también deberán estar sensibilizados en cuanto a derechos humanos y a criterios terapéuticos, ejerciendo una práctica basada en la evidencia. Esto se puede hacer implementando regulaciones no solo profesionales, sino formativas: los currículos universitarios deberían considerar todo lo anterior, e incluso se podría certificar a los profesionistas para garantizar que tienen la formación adecuada para atender casos tan delicados. Así mismo, las autoridades sanitarias deberían ejercer una vigilancia más cercana y exigir mayor calidad en la atención basados en los criterios de beneficencia, respeto y justicia aquí desarrollados, eficientando el costo-beneficio y el bienestar común. Es hora.

* Benjamín Martínez Velasco ([email protected]) es asistente de investigación de la Unidad Experimental en Ciencias Sociales del CIDE. Es egresado de la carrera de Psicología de la Universidad Cuauhtémoc y socio presidente de Iniciativa Amoneuki para el Fomento Cultural, A.C.

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