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Manual para desincentivar migrantes: el Programa Permanecer en México
El programa “Permanecer en México”, lejos de proteger a las personas en busca de refugio, las acerca a lugares peligrosos y les imposibilita conseguir una audiencia para obtener el refugio.
Por Daniella Carmona, Paulina García, Pilar Garza y Juan Carlos Flores
5 de octubre, 2021
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El inicio de la administración de Biden supuestamente marcaría el final de una de las políticas migratorias más criticadas durante el gobierno del presidente Trump: el Programa Permanecer en México (PPM). A través de “Permanecer en México”, las autoridades estadounidenses mantuvieron a los solicitantes de asilo fuera de su territorio mientras esperaban que su caso fuera atendido por alguna corte de inmigración. Desde el 2019, el PPM devolvió alrededor de 70.0001 solicitantes de asilo centro y sudamericanos a cinco estados fronterizos en México.  Contrario al principio de la no-devolución2, la aplicación del PPM obligaba a cualquier solicitante de asilo en la frontera norte de México a permanecer en territorio mexicano y enfrentar graves condiciones de violencia, largos procesos burocráticos y escasos recursos de alojamiento.

La eliminación del PPM por la administración de Biden brindó una perspectiva alentadora sobre el futuro de las políticas migratorias entre México y Estados Unidos. Sin embargo, la suspensión del PPM ha iniciado un retroceso tras la exigencia de la Corte Suprema al presidente Biden de cumplir un fallo en favor de su reimplementación.  El regreso del PPM se presenta hoy como una realidad. Ante la situación te contamos cómo su retorno amenaza de nueva cuenta a miles de personas migrantes a quienes, lejos de proteger, ahuyenta de pedir refugio, y por qué consideramos al PPM un manual para desincentivar las solicitudes de asilo.

Paso 1: Oblígalos a esperar en zonas peligrosas

El PPM señalaba a México como el responsable de “otorgar visas humanitarias y otras protecciones como alimentos y vivienda, permisos de trabajo y educación a los solicitantes mientras esperaban una resolución legal de sus casos en México”.  No obstante, lejos de proteger a las personas migrantes, esta política las localizó en ciudades que el Departamento de Estado de los Estados Unidos clasifica con el mismo nivel de peligro que Siria, Afganistán y Yemen3. Este fue el caso de los solicitantes enviados a ciudades fronterizas como Matamoros, en donde se establecieron puertos de entrada para recibir a los solicitantes de asilo incorporados al PPM y en donde muchos de ellos enfrentarían graves situaciones de violencia.

Los altos niveles de violencia en las ciudades fronterizas habilitadas con puertos migratorios no solo fueron identificados por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, sino también por los propios datos del Gobierno de México. De acuerdo con los datos abiertos de incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en 4 de 5 estados que participan en el PPM, los municipios fronterizos con puertos registraron tasas de homicidio doloso más altas que otros municipios fronterizos del mismo estado. Baja California es el único estado donde los municipios con puertos son menos peligrosos que el resto de los municipios fronterizos.

Este no fue el caso de Chihuahua, donde los municipios con puerto migratorio reportan 10 veces más homicidios dolosos (435.95) que el resto de los municipios fronterizos del estado (39.45).

Por su parte, si bien al inicio del PPM solo tres puertos de entrada fueron habilitados (Tijuana, Mexicali y Ciudad Juárez), esta cifra aumentó conforme el Programa fue avanzando. A raíz de la alta afluencia migratoria y el incremento de aprehensiones hechas por la ​​Customs and Border Protection (CBP), el PPM habilitó nuevos puertos de entrada para regresar a las personas solicitantes de asilo en ciudades como Nuevo Laredo y Matamoros en Tamaulipas, Piedras Negras en Coahuila y Nogales en Sonora: todas ellas ciudades con altos índices de violencia incluso comparadas con otros municipios fronterizos.

Cabe mencionar que, ante la condición de peligro, algunas de las personas migrantes optaron por emitir solicitudes de asilo basadas en riesgos de persecución o tortura en México. Por medio de esta solicitud, regulada por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (U.S. Citizenship and Immigration Services), los solicitantes podían aspirar a obtener un permiso especial para permanecer en los Estados Unidos a la espera de su audiencia en lugar de hacerlo en México.

Sin embargo, la probabilidad de obtener un resultado favorable en este tipo de solicitudes demostró ser mínima. A pesar de que en 2020 un total de 19,707 personas fueron referidas a entrevistas para evaluar sus solicitudes de riesgo, solo al 2% de estas personas (531) se les concedió el permiso de permanecer en los Estados Unidos a la espera de su proceso legal.

Paso 2: Complica la llegada a la audiencia

Además de los peligros que implica el PPM, existe otro factor que afecta a los solicitantes de refugio; el proceso de solicitud de asilo. Bajo el PPM, el proceso está diseñado de manera que las personas migrantes tengan que superar distintos obstáculos para llegar a sus audiencias y obtener resultados favorables.

Uno de los mayores obstáculos de los solicitantes son las distancias que en ocasiones separan los lugares a los que eran deportados de los lugares a los que debían trasladarse para presentarse ante las cortes migratorias. A pesar de que, en principio, las personas suscritas al PPM debían recibir su fecha de audiencia en el puerto por donde fueron regresadas, distintas ONGs han documentado que personas retornadas a México debían viajar largas distancias para sus audiencias. Esto ha incluido traslados desde Calexico-Mexicali a Tijuana-San Ysidro, de Tucson-Nogales al puerto de entrada de Ciudad Juárez-El Paso o de Eagle Pass-Piedras Negras a Nuevo Laredo.

Dado que estos traslados para llegar a las audiencias no eran cubiertos por el Gobierno de México, el acceso y cantidad de dinero de una persona migrante para contratar un medio de transporte se volvió decisivo para el resultado de su solicitud de asilo; fueran los recorridos transitados a pie o por algún otro medio, las grandes distancias que separaban a los puertos entre sí representaron un viaje altamente costoso y peligroso que muchos solicitantes no podían completar.

Según cifras obtenidas por el Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC), de enero 2019 a enero de 2021, el 40% de las personas solicitantes de asilo fueron rechazadas debido a que, al no estar presentes al momento de su primera o segunda audiencia, su solicitud era denegada automáticamente, llevando consecuentemente a su remoción/deportación del país, algo también conocido como in absentia removal.

Otras, al momento de llegar a las cortes para las audiencias que resultarían decisivas para un nuevo comienzo, no se encontraron con cortes, si no con carpas a orillas de los puertos de entrada. Se estima que, en un solo día, se realizaban alrededor de 420 y 720 audiencias4 por Skype, donde los jueces escuchaban más de 80 casos en una sola sesión un par de horas.

Paso 3: Retrasa el proceso lo más que puedas

Además, para hacer aún más lento el proceso, llega la pandemia por covid-19. La situación trajo otro tipo de obstáculos para los migrantes que buscaban su audiencia migratoria; la más evidente fue el cierre de fronteras ordenado por la EOIR (Executive Office for Immigration Review). Lo anterior provocó que las personas solicitantes inscritas al PPM vieran sus audiencias aplazadas por casi seis meses, siendo obligados a perdurar aún más tiempo bajo la violencia del norte de México, en ocasiones sin poder resguardarse en refugios o poder tramitar un permiso de trabajo temporal.

Estos retrasos provocaron que, en su desesperación, muchas personas emprendieran un segundo viaje intentando cruzar la frontera. Según cifras del CBP, tan solo en el 2020, 3,561 personas ya suscritas al PPM fueron aprehendidas en la frontera en un segundo intento por ingresar a los Estados Unidos. Esto implicaba nuevamente exponerse a la inseguridad de la frontera y al peligro de cruzar por un territorio cubierto en su mayoría por el caudaloso Río Bravo.

Los riesgos asumidos por los solicitantes se reflejan en algunas cifras reportadas por organizaciones como Human Rights First5, quien documentó que hasta diciembre de 2020, había al menos 1,314 casos reportados públicamente de violación, secuestro, asalto y otros delitos cometidos contra personas devueltas bajo el PPM. Asimismo, en 2020 la OIM (Organización Internacional para las Migraciones) reportó 38 casos documentados de personas que murieron ahogadas a orillas del Río Bravo y 76 casos presuntos de ahogamiento también en esta zona.

Consulta el mapa interactivo con los puertos migratorios

“Uno de los programas más exitosos e importantes para asegurar la frontera”: Un manual para desincentivar las solicitudes de refugio6

Al término de esta primera implementación del PPM, la administración de Trump celebró un éxito rotundo. Sin embargo, los casos de personas que lograron terminar su proceso de solicitud con resultados favorables fueron mínimos. El TRAC reportó que durante este periodo, solo 34,917 personas adscritas al PPM consiguieron asistir a todas sus audiencias, pero sólo 720 fueron casos de éxito (443 de los cuales contaban con representación legal). A esa misma fecha aún quedaban 27,236 casos pendientes, la mayoría (22,204) no contaba con representación legal.

En conjunto, este manual para el desmantelamiento de las solicitudes de refugio solo puede considerarse un éxito si lo que deseaban era desincentivar a los migrantes y violar derechos humanos. Cada deficiencia en la implementación del PPM representó un obstáculo en el trayecto de las personas migrantes en búsqueda del sueño americano. En su lugar caminaron meses inciertos, sobreviviendo a trayectos inseguros, sin refugio, ni recursos, con procesos legales truncos y, finalmente, casi sin esperanza de obtener asilo.  Si una cosa nos queda clara es que los protocolos de protección a migrantes hicieron todo menos proteger.

 

Nota metodológica

Todos los datos y códigos para replicar este análisis están en esta carpeta.

 

 

Este artículo fue asesorado por el Programa de Mentorías y Capacitación Periodística realizado por Data Cívica A. C. con el apoyo del Consulado General  de los Estados Unidos en Monterrey. Agradecemos la labor del Programa así como el apoyo brindado en esta investigación por Adrián Lara (@adrixlg), Alicia Franco (@aliciavfrancob6) y Óscar Elton (@OscarElton88).

 

 

1Details on MPP (Remain in Mexico) DeportationF Proceedings”, TRAC Immigration, recuperado el 3 de julio de 2021.

2  “Glosario sobre migración”, OIM, recuperado el 3 de julio de 2021. “Se ​​prohíbe a Estados regresar a los refugiados de cualquier manera, en absoluto a países o territorios en los que su vida o libertad pueden verse amenazadas”

3The Migrant Protection Protocols”, American Immigration Council, recuperado el 6 de julio de 2021.

4AILA Policy Brief: DHS and DOJ Are Opening Secretive Port Courts Along the Southern Border”, American Immigration Lawyers Association, recuperado el 3 de agosto de 2021.

5Publicly Reported MPP Attacks” , Human Rights First, recuperado el 3 de julio de 2021

6Trump y Abbott atacan duramente a Biden tras el fallo del Supremo sobre MPP” , EFE, recuperado el 28 de agosto de 2021.

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