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El ronroneo
Por Gatitos Contra la Desigualdad
Gatitos Contra la Desigualdad es uno de los diversos proyectos del INDESIG (Instituto de Estudios... Gatitos Contra la Desigualdad es uno de los diversos proyectos del INDESIG (Instituto de Estudios Sobre Desigualdad, A.C.). La iniciativa tiene por objetivo modificar las representaciones sociales que existen sobre las desigualdades y la justicia, comúnmente sustentadas en premisas erróneas, mediante comunicación de datos sencillos, verificables y de una manera divertida: Con muchas fotos de Gatitos. Miau. (Leer más)
¿No te alcanza pa' la renta? La crisis inquilinaria en la CDMX y el COVID-19
En la CDMX y en el resto del país nos encontramos todavía lejos de contar con legislación específica en materia de arrendamiento, que permita ayudar a la gran mayoría de los citadinos que viven bajo estas condiciones y a los sectores más vulnerables de la población.
Por Karina Valladares
7 de octubre, 2020
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En 1995, la icónica banda de britpop, Pulp, lanzaba Different Class, su quinto álbum de estudio, en el cual se incluía el sencillo Common People, el cual puede verse simultáneamente como relato y presagio de las numerosas dificultades que la “gente común” enfrentaba desde entonces y continúa haciéndolo hasta nuestros días. En casi seis minutos, la canción señala la rampante desigualdad entre los distintos estratos sociales, y dibuja la enorme brecha que existe en la experiencia de la realidad entre los favorecidos de siempre y los nunca (o casi nunca) tomados en cuenta.

Trasladándose hasta la Ciudad de México, veinticinco años después, el mensaje se encuentra vigente más que nunca. Por supuesto, el ánimo risueño y sarcástico de la canción no debe malinterpretarse como un intento por trivializar la cruda realidad que miles de personas enfrentan a diario en un mundo tan desigual como el nuestro. Por el contrario, el propósito de este artículo es denunciar la falta de políticas públicas en nuestro país para apoyar a los más vulnerables frente a los efectos ocasionados por la pandemia; específicamente, en lo que respecta a la situación inquilinaria de millones de personas que viven en las metrópolis mexicanas. Para ello, expondremos algunas medidas que han sido aprobadas en otros países de Iberoamérica sobre el tema (Argentina, Colombia, España y Brasil) y, de esta manera, invitamos a la reflexión crítica y sensibilización de nuestros lectores respecto a esta situación.

Medidas sobre vivienda y alquileres en otros países frente al COVID-19

En Argentina, el pasado 29 de marzo del 2020, se aprobó una serie de medidas económicas y sociales que, entre otras cosas, decretaban a nivel nacional la suspensión de desalojos por falta de pago, el congelamiento del cobro de alquileres y de los créditos hipotecarios vencidos entre esa fecha y el 30 de septiembre del presente año. La reglamentación también especifica que el congelamiento de precios no aplica para los contratos en los que el alquiler es necesario para cubrir las necesidades básicas del arrendador y su familia (lo cual, no obstante, se debe acreditar).1

Además de estas medidas, el gobierno argentino ha declarado la prórroga de contratos de alquiler que vencen antes del 30 de septiembre, y que no podrán aplicarse intereses ni otras penalidades previstas en dichos contratos. También decidió que “las deudas generadas durante el mismo periodo por falta de pago, pagos retrasados o pagos parciales se deberán pagar en mínimo tres y como máximo seis cuotas mensuales, iguales y consecutivas”; al respecto, también otorgó la libertad de las partes implicadas para pactar una forma de pago distinta, “la cual no podrá ser más perjudicial para el inquilino que lo que establece esta norma”.2

Por su parte, en Colombia, el gobierno decretó medidas económicas especiales para el alquiler de inmuebles con fines habitacionales o comerciales, del 15 de abril hasta el 30 de junio del 2020 (tiempo que duró el confinamiento oficial). Entre las medidas tomadas por las autoridades colombianas, podemos destacar, en primer lugar, que durante el periodo comprendido se suspendieron los desalojos que tenían como objetivo la restitución de inmuebles ocupados por arrendatarios; en segundo lugar, se aplazó el ajuste anual de los alquileres; en tercer lugar, con respecto al pago de estos últimos, el gobierno estipuló que las partes involucradas deberían llegar a un acuerdo directo sobre las condiciones especiales para el pago de dichas rentas.3 En caso de no llegar a un acuerdo, el arrendatario debería pagar la totalidad de las mensualidades correspondientes al periodo mencionado, si bien bajo la condición de que el arrendador no podría cobrar intereses ni otro tipo de penalizaciones.

En España el gobierno aprobó la expedición de “microcréditos” para que las personas que han visto afectados sus ingresos pudiesen pagar su alquiler, además de la posibilidad de solicitar una moratoria del pago, si bien, únicamente “cuando el casero es un gran tenedor de viviendas alquiladas, una empresa o un fondo de inversión” (es decir, que sea titular de más de diez inmuebles urbanos o una superficie construida de más de 1,500 m2).4

La moratoria consiste en el “aplazamiento temporal y extraordinario en el pago del alquiler salvo en casos en que inquilino y el casero hayan pactado una condonación (perdón de la deuda) o aplazamiento de todo o parte del alquiler”. Para solicitarla, es necesario que se trate de un contrato de arrendamiento de vivienda habitual, que el arrendatario acredite su situación de vulnerabilidad y, como se describió en el párrafo anterior, que el arrendador sea una empresa o entidad pública de vivienda o un gran tenedor de viviendas alquiladas. El gobierno español también estableció que el arrendatario cuya moratoria sea aprobada no deberá pagar ningún tipo de penalización o interés.

Como último caso, retomamos las medidas económicas llevadas a cabo por el gobierno de Brasil que, a finales de marzo pasado, aprobó una renta básica de 600 reales (aproximadamente $2,350 pesos) para ayudar a la población vulnerable durante los próximos tres meses, en el marco de las dificultades ocasionadas por la pandemia actual.5 Esta ayuda se calcula para 60 millones de personas (cerca del 28% de la población total) y se repartió entre aquellos que subsisten del empleo informal y viven al día, trabajadores independientes, madres de familia, y personas inscritas al programa Bolsa Familia.6

El caso de la Ciudad de México

En nuestro país, uno de los esfuerzos concretos fue la propuesta de reforma legislativa presentada por las diputadas locales de la Ciudad de México, Valentina Batres y Martha Ávila, conocida comúnmente como “Ley de Inquilinos”. Esta propuesta buscaba modificar el Código Civil de la Ciudad de México en materia de arrendamiento, con el objetivo de garantizar el derecho a la vivienda; particularmente, frente a las dificultades económicas que la emergencia sanitaria actual ha significado para millones de personas en la Ciudad de México, reconociendo que les sitúa en una situación de vulnerabilidad crítica y que pone en riesgo de situación de calle a numerosas familias.

Precisamente, al igual que en los casos de otros países analizados, dicha iniciativa proponía la renegociación del pago de alquileres para casos de emergencia nacional —sanitaria o de cualquier otra índole— que detengan las actividades económicas e impidan a los arrendatarios cumplir con su contrato de alquiler. Específicamente, garantizaba la oportunidad del arrendatario para “solicitar al arrendador la renegociación, transitoria o definitiva de las condiciones del contrato de arrendamiento” (haya sido verbal o escrito), asegurando para ello el asesoramiento de alguna persona experta en la materia. Además, la propuesta evitaba el desalojo de los inquilinos que no tuvieran un contrato por escrito y agregaba diversas disposiciones que extendían los derechos y garantías de los arrendatarios, para protegerlos de los vacíos legales actuales y de la informalidad, mismas que les sitúan en una situación de amplia desventaja.

Adicionalmente, incluía consideraciones para personas que viven en asentamientos irregulares, mujeres, niñas, niños, indígenas y otros grupos vulnerables para evitar que padecieran desocupaciones sin la presencia del personal institucional pertinente, que brinde asistencia psicosocial o de cualquier otro carácter. En caso de las desocupaciones ordenadas judicialmente, se garantizaba a las personas —si no contaban con otras alternativas de vivienda adecuada — “el acceso a refugios temporales adecuados y a solicitar a las autoridades correspondientes su incorporación a los programas de vivienda, así como a todas las medidas disponibles para evitar una situación de calle”.

Es importante mencionar que, bajo esta propuesta legislativa, el contrato de arrendamiento adquiría el estatus de mecanismo para garantizar el derecho a la vivienda, y dejaba de considerarse meramente como una relación jurídica de beneficios económicos a cambio de un servicio (en este caso, la renta de la vivienda) establecida entre particulares.

Sin embargo, el avance de la iniciativa fue detenido en el congreso local tras la polémica que se desató cuando los partidos de oposición y otros grupos de interés consideraron que dicha propuesta, además de desalentar la inversión privada, vulneraría los derechos de las inmobiliarias y de los propietarios de los inmuebles. La propuesta de reforma, incluso, llegó a ser considerada como un “atentado contra la propiedad privada“. Al respecto, las legisladoras que la habían propuesto consideraron que, en efecto, la iniciativa debía revisarse con “mayor detenimiento” y considerar a todas las partes “afectadas”, pues “no había las condiciones para avanzar en el tema”.

Posteriormente, Claudia Sheinbaum declaró que el gobierno de la Ciudad de México estaba trabajando en un programa de apoyo a la reactivación económica que consideraría la cuestión de los alquileres. Recientemente, a inicios de septiembre, la jefa de gobierno presentó el “Plan de Reactivación Económica para el Bienestar de la Ciudad de México”, en donde se señala un seguro de desempleo para 48,000 personas por la cantidad de 5,252 pesos bimestrales (una inversión anual de 760.6 millones de pesos); distintos “microcréditos” para las pequeñas empresas; el rescate de espacios públicos y la construcción de vialidades; la construcción de 7,189 viviendas a través del Programa de Regeneración Económica y Producción de Vivienda Incluyente, Popular y de Trabajadores de la Ciudad de México (PREVIT). También promovió una iniciativa para atender los casos de violencia de género, en tanto garantiza que sean los agresores (y no la víctima) quienes se vean obligados a abandonar la vivienda y a cumplir con el pago de la renta y sus compromisos económicos.

Sin embargo, a pesar de las denuncias y preocupaciones expresadas persistentemente por académicos, activistas, organizaciones vecinales y miembros de la sociedad civil, en las medidas anunciadas por el gobierno de la Ciudad de México no se incluyó ningún tipo de propuesta legislativa o especificación sobre el pago de los alquileres. Por lo tanto, en la capital y en el resto del país nos encontramos todavía lejos de contar con legislación específica en materia de arrendamiento, que permita ayudar a la gran mayoría de los citadinos que viven bajo estas condiciones y a los sectores más vulnerables de la población.7

Estamos conscientes de la brecha que existe entre, por un lado, los decretos legislativos y el diseño de políticas públicas y, por otro, su implementación en la vida cotidiana, en tanto es frecuente encontrar fallos u otras omisiones importantes. Además, debemos tomar en cuenta que la gran mayoría de las acciones gubernamentales en los ejemplos descritos anteriormente son pensadas como medidas de corto plazo, por lo que resultan ampliamente insuficientes al considerar que los efectos de la crisis no terminan una vez levantado el confinamiento.

Sin embargo, creemos también que las autoridades son responsables de las acciones y omisiones que hagan para garantizar el bienestar y la integridad de sus habitantes y, por esta razón, debe exigirse y tomarse seriamente en cuenta los esfuerzos concretos hechos por el Estado para paliar los efectos de las crisis económicas, sanitarias o de cualquier otra índole, los cuales son, sin duda alguna, terriblemente más oscuros para quienes cobran voz en la canción a la que remitimos en esta ocasión.

* Karina Valladares es estudiante de Relaciones Internacionales de El Colegio de México. Colaboradora del INDESIG. Le interesa el combate de las desigualdades sociales y el estudio de las ciudades como espacios de interacción política. Escribe desde el antaño desierto de sal que hoy es Ciudad Nezahualcóyotl.

 

 

 

1 Ver: Ministerio de Economía de la República Argentina, “Congelamiento de alquileres y suspensión de desalojos”.

2 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la República Argentina, “COVID-19 – Alquileres. Decreto 320/2020. Suspensión de desalojos y congelamiento de precios hasta el 30 de septiembre del 2020”.

3 Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, “Decreto Legislativo No. 579, por el cual se adoptan medidas transitorias en materia de propiedad horizontal y contratos de arrendamiento, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”.

4 Gobierno de España,” Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19”.

5 Naiara Galarraga Gortázar, “Brasil aprueba una renta básica para 60 millones de trabajadores informales durante tres meses”, El País, São Paulo, 2 de abril del 2020 (sec. Economía).

6 Afonso Benites y Felipe Betim, “El Senado de Brasil aprueba una renta básica para los más pobres por la crisis del coronavirus”, El País, Brasilia, 30 de abril del 2020 (sec. Sociedad).

7 Véase, por ejemplo, Kalycho Escoffié, “Pagar la renta en tiempos del COVID-19”, 23 de marzo del 2020, consultado el 26 de septiembre del 2020.

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